La polémica abierta en Guatemala sobre la vigencia del derecho consuetudinario indígena podría convertirse en un enfrentamiento entre el gobierno y la población aborigen, advirtió la Coordinadora de Pueblos Mayas.
Los dirigentes indígenas esperaban que las reformas al artículo 203 de la Constitución, que otorga a los tribunales la potestad de juzgar, permitiera el reconocimiento de la jurisdicción maya y otros elementos del derecho consuetudinario.
El gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN) alega que la reforma que pretenden los pueblos indígenas promueve la división del país, al dividir la justicia según cada sector de la población.
Pero lo que mayor malestar causó a los indígenas fue la afirmación del PAN de que las reformas no forman parte de ninguno de los Acuerdos de Paz y, por lo tanto, "carecen de importancia en este momento".
"Se está violando el contenido del Acuerdo Indígena y con esto el gobierno demuestra que no tiene la mínima voluntad de incorporar a la Constitución la cosmovisión maya", dijo a IPS la diputada indígena Manuela Alvarado, del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala.
La Coordinadora de Pueblos Mayas arremetió también contra la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, al afirmar que no ha apoyado las demandas indígenas en tiempos de paz, pese a que durante el conflicto se nutrió de ese sector, que abarca más de 60 por ciento de la población del país.
Guatemala sufrió un conflicto armado de 36 años, con más de 150.000 muertos y un millón de desplazados internos, en su mayoría indígenas, que concluyó en diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla.
En la polémica intervino la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, a cargo de supervisar el cumplimiento de los acuerdos de paz, que recordó lo que plantea uno de ellos, el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, el gobierno se compromete a promover ante el Organismo Legislativo (…) el desarrollo de normas legales que reconozcan a las comunidades indígenas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias", señala el Acuerdo.
Aunque aclara que esto será así "siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos".
Establece también que cuando se requiera la intervención de los tribunales, sobre todo en materia penal, las autoridades deberán tener en cuenta las normas tradicionales que rigen a las comunidades indígenas.
Juan León, de la Defensoría Indígena, dijo a IPS que el derecho consuetudinario o derecho indígena resuelve cualquier tipo de problemas, desde robos hasta disputas de tierras.
"En casos de robos, por ejemplo, casi siempre el resultado final es la reparación del daño causado, ya sea con dinero, con animales o con trabajo. Casi siempre hay un perdón y la decisión del culpable de arrepentirse ante la otra parte", afirmó.
Hasta ahora no se han aplicado penas de cárcel, ya que "no es un sistema castigador", pero se le asignan trabajos comunitarios al culpable, señaló León, quien añadió que han preferido no incluir los casos de homicidio, que se trasladan a los tribunales de justicia, "para no complicar las cosas".
El representante de la Defensoría Indígena descartó que el reconocimiento legal del derecho consuetudinario que se ha venido practicando hasta ahora implique peligro de división del país, como arguye el gobierno de Alvaro Arzú.
"El movimiento maya definió hace cuatro años una propuesta de Nación y Estado, y no aparece allí la creación de un Estado dentro del Estado o la creación de un Estado Maya, sino la de un Estado de unidad nacional con representación de ladinos (mestizos que solo hablan español), mayas, garífunas y xincas", enfatizó.
"Queremos un Estado que nos represente a todos y no como el que tenemos ahora, que está controlado por una minoría ladina", concluyó. (FIN/IPS/cz/ag-mj/ip pr hd/98
