España se podrá constituir como un estado confederado tras la autodeterminación del País Vasco, dijo a IPS Juan María Atutxa, Consejero (ministro) de Interior de esa región y dirigente del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Atutxa, a quien las encuestas electorales señalan como el próximo presidente del Parlamento Autónomo Vasco, señaló que se debe llegar a esa solución "sin una gota de sangre ni angustia para ninguna familia".
La tregua unilateral, por tiempo indefinido y sin condiciones, puesta en vigor por la organización independentista ETA a partir del jueves 18, abrió la posibilidad de que nacionalistas de todos los matices exijan con claridad que se les reconozca el derecho a la autodeterminación.
El ejercicio de ese derecho es reivindicado también por Izquierda Unida (coalición basada en el Partido Comunista) y rechazado por el gobernante y centroderechista Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Juan José Ibarretxe, candidato a presidente autónomo por el PNV, afirma que su partido no reivindica un estado-nación vasco, al que considera una figura caduca. La autodeterminación se daría "asumiendo un proyecto europeo" y participando en él, aunque no fuese como un estado independiente.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial español, Emilio Olabarría Muñoz, coincidió en que "el concepto de Estado- ordenamiento está caduco" y recordó que la autodeterminación está consagrada como un derecho humano por los Tratados Internacionales.
Desde su ingreso en 1986 a la Unión Europea, España, al igual que los demás países integrados, ha ido delegando competencias que tradicionalmente estaban reservadas al estado-nación.
Entre esas competencias se encuentran desde las que atañen a las leyes anti-monopolio hasta la creación de una moneda única y un Banco Central Europeo, pasando por muchas otras en materia ambiental, laboral, comercial, inmigratoria, de aduanas y policiales. E incluso militares.
Si España y otros estados europeos ya no son totalmente soberanos, el País Vasco podrá autodeterminarse sin necesidad de llegar a una soberanía total, sostienen los nacionalistas moderados, que son mayoría en esa región.
Ante la oposición del PP y el PSOE a aceptar el derecho a la autodeterminación de los vascos argumentando que la Constitución española no lo prevé, el actual presidente autónomo, José Antonio Ardanza, recordó que la Constitución vigente contempla la posibilidad de su reforma.
Y añadió que "en democracia, es legítima la defensa de cualquier idea -incluida la autodeterminación-, y si coincide con lo expresado por la mayoría, debe llevar a modificar los marcos jurídicos".
El debate está condicionado por la tregua y por las elecciones convocadas para el 25 de octubre, que renovarán el parlamento vasco y éste, a su vez, designará el nuevo gobierno autónomo, que presidirá Ibarretxe, si las urnas confirman los anticipos de las encuestas.
La última, encargada por el gobierno vasco y realizada el 15 de septiembre antes de la tregua etarra, indicó que los partidarios de la autodeterminación sumarían 47 diputados, contra 28 de los que se oponen. Entre los primeros hay 11 de Eusko Herretariak (la coalición próxima a ETA que reemplazó a Herri Batasuna).
Si la tregua se convierte en un proceso que lleve a la paz definitiva, la posibilidad de actuación conjunta de los nacionalistas moderados, Izquierda Unida y Eusko Herretariak será mayor. Ibarretxe sostiene que "ETA no decidirá el futuro de la sociedad vasca, lo harán los partidos políticos".
En su documento de anuncio de la tregua, ETA admitió que la negociación debe estar en manos de los partidos políticos, en tanto representantes de la ciudadanía.
En ese sentido, el PNV y su escisión con la que gobierna en coalición, EA, reclaman al PP y al PSOE que acepten participar en un mismo foro con ellos y todas las otras fuerzas políticas con representación parlamentaria en el País Vasco.
El cese de la violencia por ETA permite, dicen, que quienes apoyan políticamente a esa organización puedan ser incorporados al diálogo con los partidos democráticos para buscar soluciones, "sin límites, sin prisas y sin violencia".
Al mismo tiempo, el PNV solicita al gobierno que haga un gesto para facilitar a ETA que convierta su tregua indefinida en definitiva. El primer gesto, dicen, sería el traslado de los presos etarras a cárceles del País Vasco o cercanas a él.
El presidente del gobierno, José María Aznar, en una respuesta indirecta, dijo el viernes en la ciudad vasca de San Sebastián que "la paz no se mide por horas" sino que se construye sobre "cimientos sólidos y flexibles", pero no a cualquier precio.
Después de las elecciones del 25 de octubre, todos los involucrados en este proceso deberán definir cuál es ese precio. Mientras, Ardanza, Ibarretxe y Atutxa manifiestan su convicción de que el alto al fuego dispuesto por ETA "será irreversible".
Siempre que, añadió Atuxa, "manos sucias, de uno u otro lado, no estropeen el proceso". (FIN/IPS/td/ml/ip/98
