Una ley vigente desde febrero en Costa Rica prohibe el trabajo infantil, pero 125.000 menores de cinco a 17 años lo hacen, con la complacencia de un amplio sector de la sociedad, que justifica esta situación en la pobreza.
La entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia implica un cambio cualitativo en la relación entre los menores de 18 años, la familia y el Estado, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Rodolfo Osorio, representante de Unicef en Costa Rica, recordó que la ley prohibe el trabajo infantil y establece que la subsistencia de la familia no es responsabilidad de los niños sino de los adultos, y si éstos no pueden, entonces del Estado.
El tema es motivo de polémica porque algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan con menores consideran que no se debe prohibir el trabajo infantil, que constituye su única forma de sustento o de ayuda a su familia.
Osorio dijo que Unicef no comparte esa posición. "Se quiere plantear en algunos casos el trabajo infantil como un derecho y una forma de lograr ciudadanía, pero creemos que esa no es la forma adecuada. Si hay un problema de pobreza de menores son los adultos o el Estado los que deben asumirlo", afirmó.
Algunas ONG consideran que esto no es realista. Milagro Solís, de la organización Vecinos, instalada en tres barrios marginales de San José, señaló que lo ideal es que los menores puedan dedicarse a estudiar, pero la realidad no lo permite.
Bornier, un niño de 11 años que desde que tiene cinco trabaja vendiendo las 300 empanadas que fabrica diariamente su madre, es el presidente de la escuela donde estudia. Se lo considera un líder nato, pero no puede mantenerse estudiando.
Tanto Vecinos, como el director de la escuela han pedido al Estado ayuda para su familia, pero la respuesta es que no hay recursos, relató Solís.
Este punto de vista lo respalda
