El gobierno de Costa Rica se prepara para cerrar los foros de consulta convocados para discutir los principales problemas del país y comenzará a tomar medidas en los temas más urgentes, como la creciente deuda interna.
"Vamos a hacer una presentación al país a finales de octubre y noviembre de este año. ¿Cómo lo haremos? Depende mucho del resultado de las primeras 10 comisiones de concertación", dijo el presidente Miguel Angel Rodríguez, en una entrevista con el semanario local El Financiero.
Rodríguez asumió el gobierno el 8 de mayo pasado, tras ganar las elecciones por un margen de dos por ciento, sin mayoría legislativa.
Por esto, abrió un proceso de concertación nacional, donde reunió a los principales sectores del país para discutir temas como la apertura en las áreas de seguros y telecomunicaciones, bajo monopolio estatal.
La privatización de estas empresas y dos bancos estatales aparecen como la principal solución al tema de la deuda interna, estimada en unos 3.900 millones de dólares y que según datos del Ministerio de Hacienda representa 46 por ciento del producto interno bruto (PIB), frente a 41 por ciento en 1996.
Mientras se resuelven la privatización, el nuevo gobierno comenzó a realizar gestiones para aliviar la carga de la deuda. Negoció empréstitos en el Banco Interamericano de Desarrollo por 200 millones de dólares para canjearla por deuda externa y anunció una severa restricción del gasto.
A mediados de agosto, el ministro de Hacienda, Leonel Baruch, anunció que, por primera vez, el gobierno no acudirá al endeudamiento vía títulos valores para financiar el presupuesto extraordinario, debido en parte a un aumento en la recaudación de impuestos.
"Se tiene una situación tan complicada que se manda un presupuesto con más de 35 por ciento del gasto destinado a la atención de la deuda y un presupuesto ordinario donde hay 200.000 millones de colones (770 millones de dólares) de aumento en la emisión de bonos", argumentó el presidente.
"Poner en orden las finanzas públicas ayudará a la deuda interna", resumió Rodríguez.
Sin embargo, aseguró que las medidas adicionales deberán venir por el lado de las privatizaciones. "Pero eso lo veremos en su momento, cuando hagamos el planteamiento entre octubre y noviembre", agregó.
En agosto pasado se instaló una Comisión de Venta de Activos en la Asamblea Legislativa (parlamento), que analizará la viabilidad de la privatización de empresas del Estado y dictará líneas generales sobre la transferencia al sector privado o su reestructura.
Entre los temas de discusión están la apertura del mercado de seguros y la venta de los estatales bancos de Costa Rica, Internacional de Costa Rica y de Crédito Agrícola de Cartago.
Pero los sindicatos se oponen a la medida y ya anunciaron que no darán tregua. Los trabajadores de la empresa estatal de seguros denunciaron que con su venta o la apertura del mercado a la competencia se busca favorecer a determinados grupos económicos interesados en entrar al sector.
En el otro frente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y la Unión de Empleados del Banco de Costa Rica conformaron una alianza para impulsar una campaña contra la venta de esta entidad financiera estatal.
El Banco es altamente competitivo, por lo que no se justifica la venta de un activo tan valioso para ofrecerlo "a unos cuantos ya de por sí económicamente poderosos", manifestaron las organizaciones sindicales. (FIN/IPS/am/ag/if/98
