Solo siete de 117 instituciones públicas de Costa Rica consideradas en un estudio de la estatal Defensoría de los Habitantes están preparadas para afrontar la "crisis informática del 2000", alertó hoy ese organismo.
La Defensoría entregó este jueves un informe a las autoridades de las 40 instituciones públicas más importantes en el cual advierte sobre la vulnerabilidad del país ante al problema.
"Convocamos a los jerarcas de estas instituciones porque el problema no es de los departamentos de informática sino de cada institución en su conjunto", declaró Rolando Vega, defensor adjunto de los Habitantes.
La conclusión principal del estudio iniciado hace tres meses por la Defensoría en 117 instituciones es que este país no está preparado para hacerle frente a la "crisis del milenio".
"No se han tomado previsiones. Las primeras acciones se empezaron a tomar hace muy poco tiempo", dijo Vega, quien señaló, como ejemplo, que de las 81 municipalidades de Costa Rica, solo la capital empezó a modificar sus sistemas de cómputos.
La "crisis del milenio" se originará a la hora cero del 1 de enero del 2000, pues millones de computadoras fueron programadas, cuando la memoria de los sistemas era escasa y de muy alto costo, para aceptar sólo dos dígitos en las casillas de los años.
Si no se toman medidas para reprogramarlas a tiempo, esas computadoras interpretarán que los últimos dos dígitos del año (00) corresponden al 1900 y no al 2000, lo que provocaría pérdidas de información.
Vega dijo que en algunas instituciones ya no habrá tiempo de aplicar correcciones, por lo cual la Defensoría recomienda la elaboración de planes alternativos para evitar que esas oficinas se paralicen y puedan seguir dando servicios al usuario.
El funcionario advirtió que de las 117 instituciones analizadas, solo siete, cuyo nombre no reveló, están preparadas para enfrentar el problema, otras ya no tienen tiempo y otra importante porción ni siquiera sabe de qué se trata.
Los ministerios, según el informe, no cuentan con los recursos técnicos y humanos para poner en marcha los programas y pocos funcionarios saben cuales serían las consecuencias de la crisis en su trabajo.
Vega recordó que los efectos adversos pueden ser nacionales e internacionales, pues se puede afectar la funciones públicas como el cobro de impuestos, el cálculo de pensiones, cuentas de ahorro y hasta equipos y artefactos como puertas de seguridad, bodegas, elevadores, equipo médico y equipo de comunicación.
El funcionario no precisó el el costo que tendría para Costa Rica el trabajo de reprogramación, porque no se efectuó un cálculo.
Solo en un banco, para resolver el problema habría que modificar tres millones de líneas de programa. El Banco de Costa Rica contrató tres meses atrás a profesionales en informática a los cuales envió a capacitar a Estados Unidos con salarios que oscilan entre los 5.000 y los 8.000 dólares.
El gobierno de Miguel Angel Rodríguez, en el poder desde el 8 de mayo, creó hace un mes un grupo de trabajo denominado Comisión 2000, encargada de buscar soluciones al problema. (FIN/IPS/mso/mj/cr/98
