Trescientos desplazados por la violencia que sufre el noroeste de Colombia retornarán a sus hogares hoy y este domingo, luego de que el gobierno se comprometió a darles garantías de seguridad y recursos para subsistir.
El grupo es una parte de las 20.000 personas que abandonaron sus viviendas en el sur del departamento de Bolívar ante amenazas de grupos paramilitares que apuntaban contra ellos por su supuesto apoyo a la guerrilla.
El ministro del Interior, Néstor Martínez, indicó el viernes que el diálogo con los representantes de los desplazados refugiados en las ciudades de Barrancabermeja y Bogotá y en otras localidades del norte colombiano se desarrolló "con un sentido positivo" para la búsqueda de soluciones.
El grupo de desplazados que se trasladarán este fin de semana permaneció dos meses en la capital colombiana.
Los campesinos, que abandonaron sus viviendas en los departamentos de Bolívar y Santander, pidieron al gobierno medidas de seguridad para retornar y recursos para vivir en condiciones dignas mientras se reactiva la economía de la zona.
Andrés Gil, portavoz de los campesinos, dijo que al abandonar la zona en junio se perdieron las cosechas de las que viven y que recuperarlas demandará por lo menos seis meses. Además, reclamó al gobierno que desaloje los grupos paramilitares que se instalaron en sus localidades.
"Cierta omisión por parte de las autoridades militares" propició la escalada paramilitar que los obligó a abandonar sus hogares, agregó Gil.
Con la escalada paramilitar fueron asesinadas 35 personas y los 50.000 niños que debieron abandonar el colegio padecen desnutrición, según el portavoz de los desplazados.
En la capital colombiana, los desplazados ocuparon en agosto el frente de la embajada de Estados Unidos y realizaron una manifestación frente al Congreso para quejarse por su situación.
En esa oportunidad, Edgar Quiroga, portavor de los desplazados, dijo a una radioemisora de Bogotá que empresas mineras extranjeras que operan en el sur de Bolívar a las que no identificó sellaron acuerdos con grupos paramilitares para expulsar a los campesinos de ese territorio.
A causa del acoso, cerca de 10.000 campesinos debieron refugiarse en la ciudad de Barrancabermeja, 5.000 en San Pablo y Arenal (Bolívar), 300 en Bogotá y otras 5.000 dispersos en la selva del noroeste colombiano.
El noroeste colombiano es considerado una de las regiones más ricas del país en recursos naturales (oro, banano y petróleo), pero su población presenta también el más alto índice de necesidades básicas insatisfechas.
La negociación para el retorno de los desplazados del sur de Bolivar se dio tras las presiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que condicionó la liberación del senador liberal el Carlos Espinosa a la solución al problema que afrobtaba este grupo de población.
El desplazamiento interno, según la directora de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Almudena Mazarrasa, es uno de los principales pproblemas generados por el conflicto interno.
Según diversos estudios, en Colombia los desplazados por la violencia pasan de un millón, de los cuales un número mínimo ha recibido algún tipo de ayuda coyuntural por parte del gobierno.
Un balance de la Consejería Presidencial para el problema del desplazamiento indica que en los últimos cuatro años se prestó asistencia a 20.000 para que retormaran a sus tierras.
Organismos de derechos humanos que trabajan en esa zona senalaron que 77 por ciento de la población desplazada no recibió ningún tipo de atención ni apoyo.
La sicóloga María Umaña explicó que la mayoría de los desplazados llegan a las grandes ciudades y permanecen en la clandestinidad para defender sus vidas.
Cuando los detectan, los programas gubernamentales, dedicados en lo fundamental a la la atenciómn de emergencial, les suministran durante algún tiempo alimento, medicina y carpas.
Las cifras de la consejería para los desplazados indica que 22,5 por ciento de los jefes o jefas de familia desplazados se dedica después del desplazamiento al comercio informal.
Otro 11 por ciento quedan desempleados y 58 por ciento viven en inquilinatos o viviendas de cartón y latas ubicadas en barrios marginales.
Los grupos más afectados son las mujeres, 58,2 por ciento de la población desplazada, y los jóvenes. Veinticuatro por ciento de los jefes de hogar desplazados son mujeres. (FIN/IPS/yf/mj/hd pr/98
