El gobierno de Colombia afirmó hoy que avalará los acuerdos que hagan autoridades locales con la guerrilla sobre determinadas cuestiones y con el previo consentimiento del Poder Ejecutivo central.
El comisionado presidencial para la Paz, Víctor Ricardo, indicó que cuando exista la necesidad de diálogo de los gobernadores o alcaldes con la guerrilla, éstos deberán consultar previamente a su despacho, que evaluará cada caso en particular.
Según el funcionario, "no se trata de excluir a las autoridades locales" del diálogo de paz ni de darles protagonismo, sino de "ordenar el proceso".
En opinión de Ricardo, para poner fin a los 40 años de violencia que ha vivido el país se requiere "trabajar unidos en un propósito nacional".
Los gobernadores y alcaldes fueron facultados el 18 de febrero por el entonces presidente Ernesto Samper para establecer diálogo con la guerrilla sobre derechos humanos y asuntos de interés local.
No obstante, se les prohíbe negociar sobre asuntos de orden público, el papel de la fuerza pública y los acuerdos de paz.
En base a la directiva presidencial, gobernadores de 16 departamentos realizaron acuerdos sobre derechos humanos con la guerrilla en 16 departamentos y con grupos paramilitares de derecha en tres.
El más reciente fue entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda fuerza insurgente de este país, y las autoridades y miembros de la Comisión de Paz del departamento de Antioquia, en el noroeste, para la liberación de ocho alcaldes el pasado 19 de septiembre.
Para Diego Peña, ex coordinador de diálogos regionales, los acuerdos locales obedecen al reconocimiento de que "la regionalización de la guerra es cada vez más evidente".
Peña dijo a la revista Cambio 16 Colombia que en las regiones el diálogo con la guerrilla "es permanente porque existe un cogobierno y un poder real de los actores armados que el Estado tiene que reconocer".
Según Peña, tanto los gobernadores como los alcaldes "saben donde estan los guerrilleros y los paramilitares, conocen a sus comandantes" y reconocen que para poder administrar tienen que interactuar con ellos.
El gobernador de Cundinamarca (centro), Andrés González, consideró positivo para el proceso de paz el aval del gobierno a los acuerdos regionales, porque con éste se "trata de definir las reglas claras del juego".
González afirmó que la violencia en el país tiene características diferentes en cada región, por lo que se requiere que las autoridades locales hagan sus propios aportes mediante acuerdos.
No obstante, González reconoció que "es lógico" que los esfuerzos de paz que desarrollen las autoridades locales estén sujetos a las directrices del gobierno central.
Según algunos analistas, los acuerdos regionales son importantes para el proceso de paz que se propone iniciar el gobierno con la guerrilla a más tardar el 7 de noviembre.
Aspectos como la realización de la convención nacional que organiza el ELN y el repliegue militar de los cinco municipios del sudeste pedida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal grupo insurgente de este país, requerirán del aporte de autoridades locales.
Para definir la agenda de negociación con el gobierno, el ELN prepara la realización de una Convención Nacional con amplia participación de la sociedad civil, que requerirá del apoyo de autoridades locales para su realización.
Además, el retiro del ejército de los municipios de San Vicente del Caguán, La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena, condición impuesta por las FARC para el inicio del diálogo, también requerirá de la intervención de los alcaldes de esas localidades.
Los gobernadores de los 32 departamentos en que esta dividido el país dieron este martes pleno respaldo al proceso de paz emprendido por el gobierno nacional, durante una reunión que sostuvieron en la capital colombiana.
No obstante, los mandatarios departamentales recomendaron aclarar las dudas sobre la forma como se procederá en el retiro de tropas de los cinco municipios.
Entre los gobernadores hay preocupación no sólo sobre la suerte de las cerca de 100.000 personas que habitan la región sino también sobre la vigencia de las autoridades civiles y judiciales.
Según el gobernador de Caquetá, Luis Serrano, la población teme que con el retiro de tropas se presenten situaciones que se salgan de control. (FIN/IPS/yf/mj/ip/98
