COLOMBIA: Empresarios y ONG proponen veeduría externa para la paz

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la no gubernamental Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz) plantearon hoy en Colombia la necesidad de una veeduría internacional para el diálogo entre el gobierno y los guerrilleros.

El anuncio del gobierno del retiro de las Fuerzas Armadas de cinco municipios del sudeste colombiano, el proyecto de indulto que proyecta discutir con los guerrilleros, la amenaza de masacres de civiles y dificultades en el acercamiento con la insurgencia revelan la necesidad de esta veeduría, afirman.

Para Luis Villegas, presidente de ANDI, si se produce el retiro del Ejército de los cinco municipios, como lo pidió la guerrilla, debe ser para viabilizar "un proceso de paz serio y duradero".

Según Villegas, se requiere una veeduría internacional para garantizar que se cumplan los acuerdos y "evitar masacres o que los enemigos de la paz aprovechen para entorpecer la negociación".

El empresario afirmó también que los indultos y las amnistías para los grupos armados "no pueden ser cuota inicial de un proceso de paz sino el final de un compromiso de reconciliación nacional".

Camilo González, coordinador de Redepaz, dijo a IPS que la observación imparcial internacional "es importante para no iniciar una guerra de recriminaciones que oscurecería el proceso de paz".

Según González, en el proceso de negociación que el gobierno anunció "seguramente existirán hechos violentos" y dificultades que pueden superarse con la mediación internacional.

Habrá que tomar estas circunstancias con "seriedad, calma y responsabilidad" para que se cumpla la palabra empeñada, dijo.

La veeduría es considerada por Redepaz, alianza de una treintena de organizaciones no gubernamentales, "un mecanismo de verificación indispensable", pues de lo contrario cada vez que se presente un acontecimiento de violencia "se generará la idea de que el proceso de paz fracasó".

El portavoz de Redepaz indicó que el retiro del Ejército debe producirse no sólo en los cinco municipios que identificaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "sino en todo el país, porque una estrategia de diálogo en medio de la guerra" es como caminar en medio de un terreno minado.

El gobierno retirará antes del 7 de noviembre sus tropas de los municipios de Mesetas, la Uribe, San Vicente del Caguán, Vista Hermosa y la Macarena, que ocupan una extensión de 42.139 kilómetros cuadrados, 3,67 por ciento del territorio del país, y tienen unos 100.000 habitantes.

Pero el anuncio despertó preocupación entre analistas que ven es la decisión un riesgo político para el gobierno y ventajas para la subversión.

En general, las críticas al retiro de tropas se centran en que la decisión constituye una concesión unilateral a las FARC, en un proceso de paz cuyo éxito no está garantizado.

El retiro del ejército de los cinco municipios fue pedido por la cúpula de las FARC en la entrevista que sostuvo con Pastrana el 9 de julio como condición para iniciar el diálogo.

Pero en opinión de Alfredo Rangel, ex asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, el repliegue militar puede marcar el inicio de una nueva etapa de la guerra en la cual la insurgencia trataría de prolongar al máximo las negociaciones para consolidarse en este "territorio liberado".

La creación de esta la zona de distensión y los salvoconductos que se otorgarían a los delegados de la guerrilla para llegar hasta el sitio de negociación dio paso este martes también a un fuerte enfrentamiento entre el presidente Pastrana y el fiscal Alfonso Gómez.

El fiscal planteó al gobierno dudas sobre el indulto o amnistía que se otorgaría a los representantes de la guerrilla para una negociación, pero Pastrana se abstuvo de responder por considerar que Gómez no tiene atribuciones "para ejercer control político" sobre las gestiones de paz del Ejecutivo.

Gómez afirmó a los medios de comunicación que los delitos relacionados con el narcotráfico no pueden ser indultados bajo la legislación actual, lo que impediría que Alvaro Leyva, uno de los enlaces de las FARC con el gobierno, participe en el proceso.

La Fiscalía, máximo órgano de investigaciones judiciales encabezado por Gómez, sigue contra Leyva un proceso por enriquecimiento ilícito y supuestas vinculaciones con narcotraficantes.

González sostuvo que la veeduría internacional también se justifica por el secuestro por parte del Ejército de Liberación Nacional, segunda fuerza insurgente, de cinco alcaldes, pese a que ese grupo se había comprometido a no secuestrar autoridades elegidas por vías democráticas. (FIN/IPS/yf/mj/ip/98