El fallo con que la Corte Suprema de Chile rechazó la aplicación de la ley de amnistía de 1978 a un caso de desaparición forzada fue calificado hoy, 25 años después del golpe de Estado de 1973, de precedente histórico.
El veredicto emitido este jueves por el máximo tribunal, que invocó a esos efectos los Convenios de Ginebra, es una ratificación de los aires renovadores que soplan en la Justicia chilena, según defensores de los derechos humanos.
La resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó reabrir el proceso por la desaparición en julio de 1974 de Enrique Poblete, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El fallo fue votado favorablemente por los tres ministros de corte y los dos abogados integrantes de la sala, y sólo tuvo el voto en contra del general Fernando Torres, auditor (fiscal) del Ejército.
Sergio Concha, abogado de los familiares de Poblete, destacó que este veredicto abre esperanzas de esclarecimiento de la suerte de casos de detenidos-desaparecidos que son de conocimiento de los tribunales.
Durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) hubo unos 1.200 casos de desapariciones forzadas, en el marco de unos 2.500 crímenes contra los derechos humanos que incluyeron también ejecuciones sumarias y asesinatos políticos.
En la actualidad se tramitan unos 200 procesos en los tribunales por delitos contra los derechos humanos que involucran a agentes de los aparatos represivos dictatoriales, en su mayoría efectivos de las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros.
Hasta la fecha, la Corte Suprema había aceptado los argumentos de la justicia militar, en el sentido de que los procesos debían cerrarse apenas se estableciera que el delito contra los derechos humanos fue cometido entre marzo de 1973 a marzo de 1978.
Ese es el período cubierto por la ley de amnistía que expidió Pinochet y cuya aplicación, según el anterior criterio, impedía continuar investigaciones para ubicar los restos de los desaparecidos, además de dejar sin sanción a los victimarios.
Los abogados de derechos humanos y algunos jueces de cortes de Apelaciones sostenían el criterio de que las desapariciones son delitos de secuestro mientras no aparezca la víctima viva o muerta, y, por tanto, no procedía la amnistía.
Pero estas posiciones eran finalmente desechadas por la Corte Suprema que, desde el restablecimiento de la democracia en 1990, aceptó sistemáticamente el cierre de los procesos por desapariciones en virtud de la ley de amnistía.
El otro aspecto involucrado en este fallo es el de la preeminencia de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, reivindicada también infructuosamente por los abogados de los familiares de víctimas de la represión.
El 12 de septiembre de 1973, un día despues del golpe, la junta militar encabezada por Pinochet emitió un decreto para fundamentar la implantación del Estado de Sitio en el país como respuesta a una situación de "tiempo de guerra".
Bajo este criterio, habría correspondido aplicar a los detenidos los derechos de prisioneros de guerra, previstos en los Convenios de Ginebra, que Chile ratificó en 1951, y por tanto garantizar completamente su integridad física.
En 1995 la Corte de Apelaciones de Santiago emitió dos fallos en que negó la aplicación de la ley de amnistía sobre la base de los Convenios de Ginebra, pero esos dictámenes fueron revocados por la Corte Suprema.
El cambio producido ahora se explica por las modificaciones que tuvo la Corte Suprema desde 1997, en un proceso de reformas inducido por el gobierno del presidente Eduardo Frei que se tradujo en el ingreso de nuevos jueces.
En el marco de este mismo proceso llegó a la presidencia del máximo tribunal el juez Roberto Dávila, partidario de dejar en manos de cada magistrado o tribunal la interpretación de la ley de amnistía, sin imponer criterios uniformes.
Dávila dijo en junio que Pinochet habría cerrado la Corte Suprema si este tribunal no se hubiera sometido a las posiciones de la dictadura durante los primeros años del régimen militar.
Estas declaraciones causaron malestar en la derecha y en el propio Pinochet, quien se declaró "sorprendido y dolido" por las expresiones de Dávila. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/98
