A 25 años del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 lo encumbró al poder en Chile, el general Augusto Pinochet sigue siendo un protagonista no sólo determinante, sino también sorpresivo en la política local.
En una suerte de pase de prestidigitación, Pinochet desató en el último mes actos políticos que dejaron en incómoda posición tanto a la gobernante coalición de centroizquierda como a sus tradicionales seguidores de la oposición derechista.
Pero también en los días recientes se evidenció una vez más que el protagonismo del ex dictador y actual senador vitalicio perjudica la política externa de Chile, dando pie incluso a un conflicto diplomático con la neutral y pacífica Suiza.
El ex canciller y ex presidente del Senado Gabriel Valdés dijo este lunes que la negativa suiza del día 3 a extraditar al insurgente prófugo Patricio Ortiz es consecuencia de que en la comunidad internacional pesa la imagen negativa que proyecta Pinochet.
Ortiz, quien el 30 de diciembre de 1996 protagonizó una espectacular fuga de una cárcel de alta seguridad en helicóptero junto a otros tres insurgentes, no gozaría en Chile de garantías para su seguridad "fisica y síquica", según argumentaron las autoridades suizas para negar la extradición.
El hecho de que un tribunal militar quiera juzgar a Ortiz fue una razón poderosa para no enviarlo a Chile, ya que en el mundo se considera que la justicia no es independiente en este país como consecuencia de la influencia que mantiene Pinochet, comentó Valdés.
Pese a las frecuentes críticas en su contra, el anciano general retirado de 82 años continúa impertérrito en su papel de virtual árbitro de las grandes decisiones que se han tomado en la política chilena en los últimos 25 años.
El ex dictador y actual senador vitalicio negoció el 19 de agosto un acuerdo para abolir el feriado del 11 de septiembre y el último fin de semana se distanció del principal candidato del "pinochetismo" para las elecciones presidenciales de 1999.
El hombre que en 1974 decretó el feriado del 11 de septiembre para conmemorar el cruento derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, abolió la fecha festiva para virtualmente imponer un Día de la Unidad Nacional desde 1999.
Su principal interlocutor en la negociación fue el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien es además precandidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para ser el abanderado único de la gobernante Concertación por la Democracia en 1999.
El domingo, en una entrevista, Pinochet calificó a Zaldívar como "un hombre muy capaz, muy inteligente, y un sabio político", expresó su confianza en que "haría un buen papel en el gobierno" y aclaró luego: "yo no tengo candidato" para las elecciones presidenciales de 1999.
El ex dictador pareció así dar la espalda al alcalde Joaquín Lavín, el favorito entre los precandidatos de la derecha y cuyo partido, la Unión Demócrata Independiente, es el que más reivindica las banderas del "pinochetismo".
Con un mal disimulado resentimiento, Lavín comentó: "no me interesa el apoyo del general Pinochet, sino el respaldo de la gente". E insistió en que "el gobierno militar es una cosa del pasado".
Zaldívar, en tanto, debió puntualizar que Pinochet no es su "agente de campaña", para contrarrestar el desagrado que produjeron los elogios del ex dictador en el PDC y en otros ámbitos de la coalición de gobierno.
Para algunos analistas, Pinochet estaría apostando a romper la Concertación por la Democracia, "hinflando" la figura de Zaldívar, ampliamente superado hasta ahora en las encuestas por Ricardo Lagos, precandidato de los sectores socialistas de la Concertación por la Democracia.
El propio ex dictador apuntó la semana pasada sus dardos contra los socialistas, al demandar de la izquierda un "gesto" de reconciliación en reciprocidad a lo que fue la abolición del feriado del 11 de septiembre.
Desde que asumiera como senador vitalicio el 11 de marzo de este año, el ex jefe militar incorporó como constante de sus discursos que son injustas las acusaciones en su contra por violaciones de los derechos humanos.
De acuerdo a informes gubernamentales, bajo la dictadura, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, se produjeron unos 2.500 crímenes contra los derechos humanos en Chile, entre ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.
Pinochet no sólo dice que es objeto de acusaciones injustas, además asegura no tener información sobre el paradero de los restos de los desaparecidos y afirma desconocer si hubo violaciones de derechos humanos por parte de sus subalternos.
Con sus imprevistas actuaciones políticas y las declaraciones con que intenta "blanquear" su imagen de violador de los derechos humanos, Pinochet sigue siendo para muchos el más fiel exponente de la transición chilena a la democracia.
Esta transición, en un acto de trasvestismo político, en palabras del sociólogo Tomás Moulián, busca convertir hoy al tirano de ayer en una suerte de patriarca, bajo un manto de amnesia colectiva. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/98
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