Asegurar un ingreso mínimo a millones de familias pobres con niños en la escuela se convirtió en una fuerte bandera de la campaña para las elecciones del 4 de octubre en Brasil, pero se trata de un plan de dificil ejecución.
El gobierno de Fernando Henrique Cardoso, quien aspira a la reelección, anunció hace un mes su Programa de Garantía de Ingreso Mínimo, de implantación gradual, que alcanzaría a 3,3 millones de familias dentro de cinco años.
El objetivo es pagar entre 25,50 y 51 dólares a las familias con un ingreso por integrante inferior a la mitad del salario mínimo nacional, hoy de 55,50 dólares. Para eso se destinarán 85 millones de dólares este año y el doble en 1999.
Una meta superior, de beneficiar cuatro millones de familias, es la promesa de la alianza opositora de izquierda que postula al ex obrero metalúrgico Luiz Inacio Lula da Silva a la presidencia.
La propuesta es mucho más ambiciosa, porque extendería a todo el país la concesión de becas que ya ofrece en el gobierno de Brasilia hace tres años, de un salario mínimo (111 dólares) a las familias pobres que mantienen a sus hijos en la escuela.
Aun así, fue el proyecto gubernamental que recibió las más duras críticas por inejecutable, y también por insuficiente, ante la cantidad de pobres absolutos en el país.
Se trata de un programa oficial, aprobado por el parlamento, y se considera que es único en cuestión ante la casi seguridad de que Cardoso será reelecto.
El programa establece que el gobierno central aportará la mitad del beneficio y que la otra mitad quedará a cargo de los municipios. Pero menos de cinco por ciento de las 5.500 alcaldías brasileñas tienen recursos para esa contrapartida, según el gubernamental Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA).
Los municipios más pobres, precisamente los que deberían ser beneficiados, "no disponen de capacidad fiscal" para cumplir su parte, sentenció la economista Lena Lavinas, autora del estudio.
La contrapartida exigida hace inviable el proyecto, corroboró el director del Centro de Estudios Presupuestarios y de Políticas Públicas de Estados Unidos, Robert Greenstein, invitado a un seminario sobre el asunto en Brasilia hace tres semanas.
Ni siquiera en Estados Unidos sería viable su aplicación en los estados más pobres, "que en Brasil serían considerados ricos", dijo el experto. Además, consideró irreal el costo administrativo de apenas cuatro por ciento previsto por el gobierno, pues en su país es de entre 11 y 12 por ciento.
El Ministerio de Educación, ejecutor del programa, admitió que municipios más pobres no tienen recursos propios suficientes, pero señaló que podrían buscar contribuciones externas, de empresas o instituciones, para financiar su contrapartida.
La experiencia estadounidense más importante en esa área es el Crédito Fiscal por Remuneración Recibida, que beneficia a 16 millones de famlias con la restitución del impuesto a la renta. Cada familia recibe en promedio 1.800 dólares anuales.
Programas similares a favor de los más pobres también existen hace décadas en países europeos. En los últimos cuatro años fueron introducidos en Portugal y España. México también adoptó ese mecanismo para la población en pobreza crítica.
En Brasil la idea ganó fuerza como forma de superar las enormes desigualdades sociales y la miseria, generalizada en algunas regiones pero también presente en la periferia de las grandes metrópolis.
El senador Eduardo Suplicy, del izquierdista Partido de los Trabajadores, propuso el Programa de Garantía de Ingreso Mínimo en 1991. El gobierno decidió apoyarlo el año pasado, pero con cambios, como limitar el beneficio a familias con niños de hasta 14 años y exigir que frecuenten la escuela.
El proyecto inicial era "neoliberal", según el presidente Cardoso, pues ofrecía el beneficio sin fijar contrapartida.
En realidad, la idea de vincular el complemento de ingreso con la educación se basa en la exitosa experiencia de Brasilia, donde cerca de 22.000 familias reciben la "beca escuela". Los alumnos beneficiados presentan desempeño escolar superior al promedio y menor índice de deserción.
Pero la ayuda ofrecida por el gobierno es demasiado baja, "insuficiente" para sacar las familias de la pobreza absoluta, y los mecanismos de concesión excluirán a la mayoría, opinó el senador Suplicy.
Además, tanto la propuesta oficial como la opositora están lejos de las necesidades nacionales. En Brasil hay 10,3 millones de familias con niños en edad escolar e ingreso por persona inferior a 55,5 dólares, estimó el IPEA. (FIN /IPS/mo/mj/ip dv/98
