Empresarios y agricultores de Estados Unidos impulsan la aprobación en el Congreso del proyecto que facultaría al presidente Bill Clinton a negociar por la "vía rápida" nuevos acuerdos comerciales con países de América Latina y otros mercados emergentes.
Pero Clinton, quien el año pasado convirtió la vía rápida en una de sus prioridades, esta vez se opone a la aprobación de la propuesta legislativa.
El presidente teme poner en aprietos a sus correligionarios del Partido Demócrata, divididos en materia de política comercial y preocupados por el impacto del escándalo Lewinsky sobre las elecciones parlamentarias de noviembre.
Grupos de empresarios sostienen que la Casa Blanca presiona secretamente a los legisladores demócratas para que se opongan al proyecto.
"Erskine Bowles (jefe de personal de Clinton) satura las líneas telefónicas diciendo 'si esto se aprueba, nos veremos en aprietos en las elecciones'," afirmó un empresario.
Incluso algunos republicanos están preocupados por la votación y la posible profundización de la división entre los sectores proempresariales y populistas del partido.
Esta división de los republicanos es uno de los motivos por los que el sector corporativo nacional, encabezado por la organización gremial Business Roundtable, promueve el proyecto de vía rápida, según fuentes del Congreso.
Business Roundtable está integrado por los más altos ejecutivos de las principales compañías del país.
"Los empresarios están cada vez más insatisfechos con los republicanos desde hace dos años", declaró un colaborador de un legislador republicano.
"Creen que los líderes republicanos están siendo controlados por la Derecha Cristiana, que tiene su propia agenda, y quieren saber cuál será la posición del partido antes de comprometer fondos para la campaña", agregó.
Los grandes agricultores, afectados duramente por la baja en el precio de los granos y los problemas financieros de los mercados de exportación, también presionan a los representantes de los estados agrícolas, muchos de los cuales se opusieron a la vía rápida el año pasado, para que apoyen la medida.
Se prevé que la Cámara de Representantes votará el proyecto, pero partidarios y detractores de la iniciativa están escépticos. "Todavía nos queda una dura lucha por delante", señaló Johanna Schneider, de Roundtable.
"La votación será muy pareja", predijo una portavoz de Public Citizen's Global Trade Watch, una organización defensora de los consumidores que participó de la campaña contra la vía rápida el año pasado.
Si el proyecto se aprueba, el Congreso no podrá enmendar los acuerdos comerciales celebrados por el presidente; sólo podrá aprobarlos o rechazarlos sin modificación en un plazo de 90 días.
La vía rápida, que el Congreso aprobó regularmente entre 1974 y 1990, dejó de aplicarse cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994.
Clinton, quien convirtió al comercio en la máxima prioridad de su primer mandato, impulsó activamente la renovación de la vía rápida en 1997, pero no lo logró debido a la oposición de una fuerte mayoría de representantes demócratas, presionados por sindicatos y grupos ambientalistas.
Ante el inminente fracaso, Clinton retiró el proyecto el pasado noviembre y prometió reimpulsarlo este año.
Sin embargo, ante la división de los demócratas, el presidente resolvió archivar el asunto arguyendo que la propagación de la crisis financiera de Asia y la necesidad de proveer fondos adecuados al Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen más importancia.
Respaldado por Business Roundtable y otros grupos de presión corporativos, el gobierno espera que el Congreso apruebe 18.000 millones de dólares para el FMI, antes de que cierre sus actividades del año el 9 de octubre.
Ambas medidas crearon un enigma inusual. El FMI y la autoridad de vía rápida, que Clinton pretende usar para expandir el comercio y las oportunidades de inversión para las empresas de este país en el exterior, son vistos como pilares del proceso de globalización estimulado por compañías multinacionales y bancos.
Los dos grandes partidos, por lo tanto, deberían tomar posiciones consistentes.
Pero una fuerte mayoría de demócratas, tradicionalmente más escépticos sobre los beneficios del capital mundial, respalda la contribuición al FMI y se opone a la vía rápida.
Por el contrario, la mayoría de los republicanos apoya la vía rápida, pero se opone a entregar al FMI los 18.000 millones de dólares solicitados por Clinton.
"No tiene demasiado sentido", dijo un analista político, y destacó que la paradoja es síntoma de las difusas líneas ideológicas al interior y entre los dos principales partidos, desarrolladas desde el fin de la guerra fría.
El campo de batalla clave para ambas medidas es la Cámara de Representantes, que la semana pasada votó por aprobar sólo 3.400 millones de dólares del pedido de Clinton para el FMI, y ahora deberá votar sobre la vía rápida la semana próxima.
En el Senado, donde una mayoría de ambos partidos da más respuesta a los intereses de las grandes corporaciones, hay un fuerte respaldo a ambas iniciativas.
El dinero parece ser la motivación de la batalla. Las grandes empresas en general contribuyen con entre siete y ocho veces los fondos entregados por organizaciones de trabajadores, y aumentaron sus asignaciones a los republicanos después que ganaron control de la cámara baja en 1994.
Pero altos ejecutivos de corporaciones están desilusionados por las ganancias de sus inversiones, quejándose amargamente de que la dirigencia republicana ha tenido más en cuenta la agenda cristiana y populista de derecha.
Los temas de los republicanos han sido las sanciones económicas contra gobiernos extranjeros, la reducción de la inmigración, China, el FMI y los impuestos, pero no la gran industria.
Para ellos, la votación de la vía rápida es una especie de prueba de la capacidad de respuesta republicana a los intereses corporativos, y creen que se están haciendo paso.
Bill Morley, jefe de presiones sobre la Cámara de Comercio, dijo a IPS que alrededor de tres cuartos de los republicanos votarán por la vía rápida, un número sustancialmente mayor que el del año pasado.
La fuerte participación en el esfuerzo de la agroindustria marcó una gran diferencia este año, a medida que muchos congresistas de estados agricultores están bajo enorme presión para respaldar tanto la vía rápida como los fondos para el FMI.
Las intenciones del bando demócrata son más oscuras, debido en parte a los esfuerzos tras bambalinas de la Casa Blanca. Tres demócratas que respaldaban la vía rápida anunciaron la semana pasada que se opondrán al esfuerzo por un voto antes de que el Congreso cierre su actual sesión.
"Si la vía rápida fracasa en la cámara baja, enviará olas de choque a los ya frágiles mercados mundiales", advirtió el presidente de la cámara, Newt Gingrich. "Además, será más difícil aprobar un proyecto de vía rápida a comienzos del año próximo".
Tradicionalmente, los demócratas han respondido más a los intereses del trabajo, cuyos propios recursos para la campaña electoral tendrán un papel significativo en los comicios de este año.
"Los demócratas no pueden pagar el costo de alienar al trabajo este año", dijo el representante de un grupo de presión, y agregó que es posible que los demócratas de estados agropecuarios decidan el resultado. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ml-lp/ip/98
