El gobierno de Trinidad y Tobago intensificó esta semana sus críticas contra la oposición, que rechazó una propuesta legislativa para eliminar las apelaciones de los condenados a muerte.
"Actuaron por venganza", dijo un amargado primer ministro Basdeo Panday, al recordar que el gobernante Congreso de Unidad Nacional (UNC) se había opuesto a una ley similar cuando el Movimiento Nacional del Pueblo (PNM) estaba en el poder.
"Este no es un asunto personal, se trata de un tema que afecta a todo el país", dijo Panday al referirse a la propuesta de Ley de Enmienda Constitucional, cuyo propósito era evitar postergaciones en el cumplimiento de 106 condenas a muerte pendientes de ejecución.
El primer ministro había advertido antes del rechazo parlamentario que ante la eventualidad de un fracaso, tenía preparado un "plan B". Aunque el contenido de esta estrategia alternativa aún es un misterio, analistas políticos no descartan que considere incluso adelantar las elecciones generales.
"Estaremos preparados en el caso de elecciones generales", anunció el líder del PNM, Patrick Manning, cuyo partido también está a favor de la pena de muerte, aunque rechaza la estrategia del gobierno.
El artífice de la propuesta de ley, el fiscal general Ramesh Maharaj, consideró que el rechazo fue un retroceso, pero se manifestó esperanzado porque la decisión del Consejo del Rey sobre la apelación de dos convictos de asesinato resuelva el tema "de una vez por todas".
"Si ellos creen que nos impedirán hacer nuestro trabajo en favor del pueblo de Trinidad y Tobago, deberían estar preparados para una sorpresa", advirtió Maharaj.
Antes de ser nombrado para el cargo de fiscal general en 1996, Maharaj era un abogado que lideraba las acciones en contra de la ejecución de criminales y se anotó a su favor varias apelaciones exitosas.
La Ley para evitar postergaciones a causa de las apelaciones es un tema esencial de la campaña del UNC con miras a las próximas elecciones locales. El partido gobernante espera buenos resultados, en vista de que las encuestas demuestran apoyo a sus candidaturas.
La última encuesta revelaba que el UNC tenía 41 por ciento de las preferencias, tres por ciento menos que en 1997, pero aún así por encima del 26 por ciento registrado por el PNM, que en el último año subió uno por ciento.
Durante una conferencia partidista el fin de semana pasado, el presidente del UNC, Kama Maharaj, afirmó que el PNM ya no tiene garantizados sus cupos en las legislaturas, y aseguró que ellos están quitándole votos en áreas donde antes eran predominantes.
La Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago tiene 36 escaños, de los cuales el UNC y el PNM ganaron 17 cada uno en las elecciones de 1995. La Alianza Nacional para la Reconstrucción se adjudicó los otros dos.
Una débil alianza con el NAR puso a la UNC en el poder, pero su fuerza parlamentaria acumuló 21 miembros de la Cámara tras la deserción de dos representantes desde las filas del PNM. En todo caso, la aprobación de la enmienda constitucional requería al menos 75 por ciento de aprobación.
A comienzos de esta semana, Panday y Manning sostuvieron una entrevista a puertas cerradas para analizar la propuesta legislativa, pero el encuentro se produjo en momentos en que es evidente el aumento de antagonismo entre los dos partidos.
Manning ha sido insistente en confirmar la aprobación de su partido a la ejecución de los criminales condenados, pero mantiene una cuidadosa distancia de la prisa gubernamental por cumplir con las sentencias.
En el marco de la estrategia para evitar retrasos en el cumplimiento de las condenas a muerte, el gobierno de Panday retiró a este país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Maharaj estimó que su propuesta fue rechazada porque la oposición pretende que Trinidad y Tobago se reintegre a la Comisión Interamericana, lo cual permitiría a los condenados "evitar la ejecución".
Por su parte, el PNM asegura que su posición no tiene nada que ver con falta de apoyo a la pena de muerte, sino con la necesidad de generar una plataforma para respetar los legítimos derechos humanos de los condenados.
En 1994, el gobierno que encabezaba Manning fue objeto de duras críticas cuando ejecutó en la horca a un prisionero que había apelado al Consejo del Rey, antes de que este organismo con jurisdicción en algunas ex colonias británicas emitiera su veredicto. (FIN/IPS/tra-en/wg/lc-ml/ip-hd/98
