La ilegalización en Kenia de cinco agencias islámicas de ayuda por su supuesto apoyo a los terroristas que atentaron contra la embajada de Estados Unidos en agosto alarmó a otras organizaciones no gubernamentales.
"Es desalentador y amenazante para muchos de nosotros, que honestamente tratamos de mejorar la vida de los pobres", dijo Alice Muita, de la Agencia de Ayuda del Cuerno de Africa (HARA), con sede en Nairobi.
Muita teme que HARA, que ayuda a poblaciones mayormente musulmanas de los vecinos Somalia, país musulmán, y Sudán, donde rige la ley islámica, sea la próxima víctima del gobierno.
Las cinco agencias fueron eliminadas del registro de la Junta Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales, cuerpo estatal que supervisa el trabajo de los grupos de asistencia.
El director de esa división, John Etemesi, dijo que se determinó que las agencias "trabajaban contra los intereses de los kenianos en materia de seguridad".
Las oficinas de una de las organizaciones, Mercy Relief International, fueron allanadas por agentes de policía de Kenia y de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) pocos días después del atentado con bomba a las embajadas estadounidenses en Nairobi y Tanzania el 7 de agosto.
Las otras cuatro agencias prohibidas son la Fundación Al- Haramain, Help African People, la Organización Islámica de Ayuda y la Fundación Ibrahim Bin Abdul Aziz Al Ibrahim.
Más de 250 personas murieron y otras 5.000 resultaron heridas en los atentados contra las embajadas. Estados Unidos acusó de los ataques a grupos islámicos vinculados al millonario saudita Osama Bin Laden.
"Las organizaciones eliminadas de los registros participaban en actividades que no condicen con el interés de seguridad del estado", dijo Etemesi.
El funcionario agregó que se investigará a las 984 organizaciones no gubernamentales del país y se quitará de los registros a todas las que tengan actividades no relacionadas "a la seguridad y el bienestar de los kenianos".
Etemesi dijo que "para la junta es algo grave encontrar organizaciones no gubernamentales que participan en actividades diferentes a aquellas para las cuales están registradas".
El gobierno sospecha que los materiales usados en la fabricación de las bombas detonadas en las embajadas estadounidenses ingresaron en la región disfrazados de materiales de socorro, con la colaboración de agencias islámicas de ayuda. Cada una de las bombas pesaba al menos 800 kilos.
La decisión de eliminar de los registros a las agencias se tomó un mes después que el presidente Daniel Arap Moi cuestionó a ciertas organizaciones que, según él, ingresaron en Kenia bajo la apariencia de agencias de auxilio pero representan una amenaza para la seguridad pública.
El mandatario dijo que el gobierno reduciría la cantidad de organizaciones no gubernamentales de 984 a un número más manejable, permitiendo solamente que grupos reconocidos, como la Cruz Roja y Unicef, operen en este país.
Arap Moi, aseguró que Quienes perpetraron los atentados "no pueden haber sido cristianos", dijo Arap Moi.
Esas afirmaciones fueron ampliamente difundidas y provocaron críticas de dirigentes musulmanes, que aseguraron que su religión se asocia erróneamente con la violencia.
"El Islam, al igual que cualquier otra religión, no apoya la matanza de gente inocente, cualquiera sea la razón", sostuvo el jeque Ahmad Jalif, jefe del Consejo Supremo de Musulmanes de Kenia.
Jalif acusó al gobierno de excluir deliberadamente a los musulmanes, que conforman 10 por ciento de la población del país, de los servicios fúnebres por las víctimas del atentado de bomba en Nairobi, que fueron conducidos por sacerdotes cristianos.
Moses Mureithi, de la Cámara Conjunta Keniano-Arabe de Comercio e Industria, que promueve el intercambio entre Kenia y los países árabes, alertó que la actitud gubernamental podría causar daños económicos.
"El gobierno debe repensar la forma en que se maneja con estas organizaciones errantes, porque puede desalentar a los verdaderos árabes a invertir en este país", advirtió.
Algunos creen que el gobierno está simplemente aprovechando los atentados del 7 de agosto para atacar a grupos independientes. Muita, de HARA, indicó que "las organizaciones no gubernamentales siempre denunciaron la corrupción rampante en el gobierno".
Versiones no confirmadas indicaron que el gobierno podría crear un impuesto que afectaría a las organizaciones no gubernamentales. Si eso ocurre, muchas de esas agencias cerrarán sus puertas porque no podrán pagar el tributo, predijo Muita.
Sin embargo, Badru Mapesa, de la Fundación Islámica de Kenia, cree que "el gobierno sabe lo que está haciendo, y no tiene nada de malo investigar a las organizaciones no gubernamentales".
"Algunas organizciones no gubernamentales afirman que traen muchos beneficios al país, pero si los beneficios son menos de lo que cuesta permitir a esas organizaciones estar aquí, entonces debemos deshacernos de ellas", dijo. (FIN/IPS/tra-en/ja/di- mj/mn/hd dv/98
