El no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) informó que la tortura dejó de practicarse sistemáticamente en este país en los últimos ocho años, pero advirtió que en el mimso período se cometieron 190 ejecuciones extrajudiciales.
El presidente del CODEH, Ramón Custodio, presentó el miércoles pasado un informe sobre los derechos humanos entre 1990 y junio de 1998 en el que se destaca el repunte de las ejecuciones extrajudiciales, en especial durante la presidencia de Carlos Reina (1994-enero de 1998).
El principal logro de este país en materia de derechos humanos es la desaparición de la tortura como práctica sistemática de los cuerpos de seguridad del Estado, "de modo que puede considerarse que ocurre de manera ocasional pero no expresión de una política institucional", dijo Custodio.
No obstante, persisten las ejecuciones extrajudiciales a manos de algunas autoridades policiales, agregó. Custodio sostuvo que Reina "fue tolerante con estas prácticas porque nunca hizo nada, a pesar de estar informado".
El informe presentado por el CODEH es el primer recuento que se hace en el país luego de finalizada la guerra fría y la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80, período en el que hubo, según un informe oficial, 184 desapariciones por causas políticas.
El CODEH sostuvo que las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por cuerpos policiales entonces aún en la órbita del ejército, pero intervenidos hace seis meses una junta de notables que se encargará de depurarlos y entregarlos en diciembre al poder civil, bajo el mando de un Ministerio de Seguridad.
La organización mencionó entre los principales ejecutores de esta práctica al coronel David Mendoza, prófugo de la justicia, sobre quien pesan dos órdenes de captura por su vinculación con varios crímenes y robos de autos.
Custodio aludió a otros oficiales de policía vinculados con los mandos actuales. "Pero persiste la impunidad al no querer investigarlos a fondo. Hemos sabido del abandono del país de otros policías temerosos de ser investigados por la Fiscalía del Estado", sostuvo.
La presentación del documento presentado por el CODEH fue posterior al lanzamiento este lunes de una estrategia de seguridad ciudadana por parte del presidente Carlos Flores, quien aseguró en cadena de radio y televisión que "ningún delincuente pondrá de rodillas al Estado".
Flores postuló la necesidad de dar garantías jurídicas y sociales a la población ante el repunte de la criminalidad, Su propia familia sufrió el empuje del fenómeno, pues una sobrina suya fue secuestrada y liberada luego el mes pasado. Los secuestradores fueron capturados más tarde.
Uno de los secuestradores, Luis López, se hacía pasar por médico y tiene vínculos con las Fuerzas Armadas, de las que fue asesor en materia de seguridad y enlace con dirigentes del opositor Partido Nacional.
López es un falsificador de títulos porque nunca cursó estudios de medicina en este país, según el Colegio Médico de Honduras.
El CODEH calificó los seis primeros meses del gobierno de Flores de "una de las peores crisis en materia de inseguridad al crecer los asaltos, robos y secuestros".
No obstante, Custodio manifestó su beneplácito por "la iniciativa estatal de definir un plan estrátegico contra el crimen y la violencia y de anunciar una mayor dotación de equipo y recursos para la policía", dijo Custodio.
Al analizar el estado de los derechos sociales en este país, el CODEH sostuvo que la represión política sufrida en los años 80 parece haber sido sustituida por una "represión económica" que caracteriza la década del 90, al implantarse las políticas de ajuste estructural a la economía.
En los primeros seis meses de este año, el país perdió 38 millones de dólares de ahorros nacionales, mientras la deuda externa aumentó 90 millones de dólares, hecho que el CODEH atribuye a privilegios concedidos por el gobierno a grandes exportadores.
La organización sostuvo que los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente para el actual gobierno, que debe dar respuesta a los problemas vinculados con las desapariciones y propiciar juicios contra militares y civiles responsables de esa práctica. (FIN/IPS/tm/mj/hd/98
