El voto del diputado de un partido regional fue decisivo para el rechazo en el parlamento de España de una iniciativa ampliatoria de la ley vigente que despenaliza el aborto.
A iniciativa de los opositores Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU, con mayoría del Partido Comunista) y Nueva Izquierda (NI, escisión de IU, afín al PSOE) se debatieron en el Congreso de los Diputados dos proyectos de ley que habrían ampliado la despenalización del aborto.
La propuesta socialista fue rechazada el martes pasado por 173 votos contra 172 y una abstención. El cambio de posición del diputado de Coalición Canaria (CZC), Paulino Rivero, fue decisivo. La otras propuestas fueron rechazada por 176 a 167 y por 177 a 168.
Desde 1985, el aborto está despenalizado en España cuando concurre una de tres condiciones: violación, malformación del feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre. Esa es la legislación que se mantendrá vigente, de acuerdo con la votación de este martes.
Tras conocerse el resultado de la votación, el PSOE informó que no volverá a presentar proyectos de ley sobre en la materia hasta que se renueve la legislatura, que tiene vigencia hasta el 2000.
De haberse aprobado la propuesta socialista, se habría despenalizado el aborto por conflicto personal, familiar o social grave, siempre dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
La propuesta de IU y NI se diferenció de la socialista en que ampliaba el plazo para la legalidad del aborto a hasta 16 semanas.
De esta manera, se impuso la posición del Partido Popular (PP), de centroderecha y en el gobierno, y por el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal española, que emitió el día 13 un comunicado titulado "Licencia aun más amplia para matar a los hijos".
La jerarquía eclesiástica movilizó todas sus fuerzas para impedir la aprobación de la ley y se dirigió a los parlamentarios señalando que "para un católico no existe libertad de voto en lo que respecta a una ley como ésta".
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, insistió el lunes en que los tres supuestos legales de despenalización del aborto vigentes en España "son suficientes a los efectos de proteger situaciones en las que prevalece el derecho de la madre".
La posición de la Iglesia y del PP recibió duras críticas de los partidos de izquierda, las centrales sindicales mayoritarias y las organizaciones no gubernamentales sin vínculos con grupos religiosos.
Dirigentes socialistas y de IU acusaron este martes al gobierno de haber presionado a los grupos parlamentarios nacionalistas para obligar a sus diputados a abstenerse o votar contra los proyectos de ley de la izquierda.
El PP carece de mayoría propia en el Parlamento y gobierna con el apoyo de los partidos nacionalistas moderados del País Vasco, Cataluña y Canarias.
Pero el apoyo del gobierno central también es importante para esos partidos, a la hora de recibir competencias y presupuestos para sus respectivas comunidades autónomas.
Así, según los partidos de izquierda, el PP pudo presionar con éxito y lograr que la ley que despenaliza el aborto se mantenga sin cambios. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/98
