Las expectativas de un acuerdo político en Chile para solucionar causas pendientes de derechos humanos tienden a diluirse a medida que se aproxima el 25 aniversario del cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El senador designado Edgardo Boeninger, del cogobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC), estimó el martes pasado que es inviable en este caso una negociación como la que permitió eliminar a partir de 1999 el feriado que recuerda el Golpe contra el gobierno constitucional de Salvador Allende.
La supresión del "11" fue negociada por el ex dictador y actual senador vitalicio Augusto Pinochet y el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien es además precandidato del PDC para las elecciones presidenciales de diciembre de 1999,
Ambos acordaron el 19 de agosto último una fórmula, respaldada por unanimidad por el Senado, que sustituirá desde el año entrante el feriado del Golpe por el Día de la Unidad Nacional, que se celebrará el primer lunes de septiembre.
Pinochet, quien encabezó entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 un gobierno acusado de casi 3.000 crímenes contra los derechos humanos, alcanzó con este acuerdo un protagonismo repudiado por organizaciones humanitarias y de izquierda.
Sin embargo, diversos sectores comenzaron a sugerir la posibilidad de un nuevo entendimiento entre Zaldívar y Pinochet que permita esclarecer la suerte de unos 1.300 detenidos- desaparecidos y otros casos pendientes de derechos humanos.
Hasta ahora, el principal obstáculo para encontrar los restos de los desaparecidos ha sido la negativa de las Fuerzas Armadas a suministrar información y a cooperar en las investigaciones judiciales reactivadas desde 1990.
Pinochet, quien dejó la comandancia del Ejército el 10 de marzo de este año para asumir como senador vitalicio, mantiene su fuerte ascendiente sobre las Fuerzas Armadas y es por tanto interlocutor clave en este tema.
La dictadura expidió en 1978 una ley de amnistía que cubrió las desapariciones forzadas, asesinatos políticos y otros crímenes represivos cometidos desde 1973.
La posicióm inalterable de Pinochet y los demás mandos militares ha sido que esa normativa debe aplicarse apenas se estableza la fecha del acto represivo, con el cierre de los procesos y término inmediato de las investigaciones.
Esta postura no fue compartida por numerosos jueces que tipificaron las desapariciones como secuestros, delito no amnistiable en tanto no aparezca la víctima, viva o muerta, lo cual mantiene abiertas unas 200 causas judiciales.
Desde que en 1997 accediera a la presidencia de la Corte Suprema el jurista Roberto Dávila, ha predominado el criterio de interpretar la ley de amnistía según el carácter del delito y no aplicarla automáticamente.
Además, los tribunales acogieron este año siete querellas criminales contra Pinochet, presentadas por el Partido Comunista y familiares de víctimas de la represión, que intentaron bloquear así su llegada al Senado.
Pese a que fracasaron en ese propósito, los querellantes consigueron que el juez Juan Guzmán abriera nuevas investigaciones sobre graves episodios represivos que ocurrieron en los primeros años de la dictadura.
Guzmán investiga ahora la probable responsabilidad de Pinochet en 72 ejecuciones sumarias realizadas en varios puntos de Chile por la llamada "caravana de la muerte", un equipo especial de militares cuya labor era "agilizar" consejos de guerra contra presos políticos.
En el contexto de la reactivación del tema de los derechos humanos, sectores políticos y eclesiásticos estimaron que Pinochet podría hacer nuevamente gala de sus facultades de negociador con Zaldívar para proponer una fórmula de solución.
Se sugirió, incluso, que la Iglesia Católica podría actuar como un mediador de confianza, como depositaria de informes para ubicar a los desaparecidos, garantizando reserva sobre la identidad de los informantes.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz y el presidente de la Conferencia Episcopal, Fernando Ariztía, ofrecieron los buenos oficios de la Iglesia, pero sin plantear una fórmula específica para recibir informes.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y otros grupos de víctimas de la represión, así como el cogobernante Partido Socialista, anunciaron la semana pasada su rechazo a una posible ley de "punto final" con respecto a los desaparecidos.
El ministro del Interior, Raúl Troncoso, puso virtual término a las expectativas este lunes, al precisar que el gobierno del presidente Eduardo Frei no planea presentar al parlamento una ley sobre temas pendientes de derechos humanos.
"El gobierno favorecerá todo lo que signifique la pacificación, la tranquilidad y la mayor armonía entre todos los chilenos, sin perjuicio de la justicia que tenga que aplicarse en cada caso", dijo Troncoso.
Boeninger planteó a su vez que las situaciones y actores involucrados en el tema de los derechos humanos configuran un escenario muy distinto al que posibilitó la negociación para suprimir el feriado del 11 de septiembre.
Un acuerdo político e institucional se ve más viables desde el año 2000, tras la instalación del gobierno que surja de las elecciones presidenciales de diciembre de 1999, sostuvo Boeninger, quien es partidario de dejar por ahora la situación en el ámbito de los tribunales. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/98
