El saneamiento básico se reveló como un sector de difícil privatización en Brasil, pese al interés del gobierno central en transferir el servicio, para superar el enorme déficit en esa área.
Se trata de un mercado de 10.000 millones de dólares anuales con gran potencial de expansión, según el Ministerio de Planificación.
El 20 por ciento de la población urbana aún espera abastecimiento adecuado de agua y la mitad de las viviendas no disponen de conexión de alcantarillado. En tanto, menos de 10 por ciento del agua servida recibe algún tratamiento.
La situación es similar en el resto de América Latina. Las insuficiencias exigen abultadas inversiones incluso en países en mejores condiciones.
Chile, por ejemplo, demandará inversiones de 2.000 millones de dólares en los próximos cinco años, aunque 99 por ciento de la población urbana tenga agua y 90 por ciento desagüe, según el vicepresidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, Alexander Chechilnitzky.
La meta consiste en ampliar el tratamiento a la totalidad del agua servida, ahora limitado a 15 por ciento, se divulgó en un seminario latinoamericano sobre Regulación del Servicio de Saneamiento que tuvo lugar en Sao Paulo a fines de agosto.
El establecemiento de nuevas reglas para la actividad es un desafío en toda la región, ante el proceso de privatización y los problemas institucionales, políticos y económicos que genera la transferencia al sector privado de servicios monopólicos por naturaleza.
En Brasil, algunos gobiernos estaduales tratan de privatizar sus empresas de saneamiento. Hasta sus intentos se frustraron, principalmente por complicaciones institucionales.
Las principales empresas en esa actividad son estaduales, pero el derecho constitucional de conceder los servicios de saneamiento básico lo tienen los municipios. La disputa es inevitable entre las dos instancias gubernamentales.
Por esa indefinición, la Comisión de Valores Mobiliarios, órgano que regula y fiscaliza el mercado de acciones, impidió la privatización de la Compañía Catarinense de Aguas y Saneamiento, del sureño estado de Santa Catarina.
La subasta fijada para el 20 de agosto fue cancelada, porque "las fuertes incertidumbres" afectan la capacidad de decisión de inversionistas, justificó la Comisión.
También la Compañía Estatal de Agua y Albañales (CEDAE) de Río de Janeiro enfrenta obstáculos aparentemente insuperables. Su privatización, anunciada para el día 10, se aplazó hasta el 30 de septiembre, al ampliarse el plazo de calificación de los consorcios interesados en su adquisición.
El gobierno del estado fijó en 4.070 millones de dólares el precio mínimo de la empresa y exige el pago anual de 136 millones de dólares por la concesión, que durará por 25 años.
Las alcaldías de Río de Janeiro y Niteroi, capital y segunda ciudad en importancia del estado respectivamente, alegaron en una nota pública que "el gobierno estadual no puede vender lo que no le pertenece, es decir la distribución de agua y destino del desagüe en los municipios".
Además las alcaldías condenaron la venta porque crea un "monopolio privado del agua", amenazando retirar de la CEDAE privada los servicios concedidos y "adoptar medidas penales" contra los responsables de la privatización inconstitucional.
El precio que la empresa privatizada podría cobrar por el agua suministrada también es cuestionado, porque representará un fuerte aumento que afectará a la población más pobre.
Los dos alcaldes quieren destruir la CEDAE y hacer nuevas concesiones sin transparencia, en provecho propio, dejando a la población sin servicios satisfactorios, acusó Marco Aurelio Alencar, secretario de Hacienda del estado e hijo del gobernador Marcello Alencar.
La transferencia de la decisión a las alcaldías afectaría a los municipios pobres, dejándolos sin saneamiento adecuado y favoreciendo sólo a los ricos, arguyó el secretario.
La disputa entre municipios y estados tiende a agravarse ante la presión por las privatizaciones. De los más de 5.500 municipios brasileños, sólo uno por ciento tiene el saneamiento básico en manos privadas.
Hay muchas empresas nacionales y extranjeras interesadas en esa área, que exigirá inversiones de 9.000 millones de dólares en los próximos cinco años, cuya mayor parte sólo puede venir del capital privado, estimó José Augusto Marques, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria de Base.
El gran problema es que los inversionistas privados sólo se interesan por las grandes ciudades, con población concentrada y sistemas ya implantados en buena parte. Intentos de privatizacin fracasaron en municipios poco poblados, por falta de interesados o por una fuerte alza de precios del servicio. (FIN/IPS/mo/ag/if/98
