El conflicto del gobierno de Chile con organizaciones mapuches por la construcción de una gran central hidroeléctrica puede agravarse tras la designación de un nuevo director de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Así lo advirtieron el ex director de Conadi Domingo Namuncura y el diputado Alejandro Navarro, del Partido Socialista (PS), al que también pertenece el abogado Rodrigo González, nuevo titular de la Conadi.
El presidente Eduardo Frei nombró a González el día 17, ignorando demandas del Consejo de Todas las Tierras y otras organizaciones mapuches que pidieron dejar acéfala la Conadi, por considerar que el gobierno desmanteló la legalidad indígena en vigencia desde 1992.
La dirección de Conadi estaba vacante desde que Frei destituyera el 7 de agosto pasado a Namuncura, quien a su vez en abril de 1997 había sustituido al primer director del organismo, Moisés Huenchelaf.
Namuncura y Huenchelaf fueron despedidos luego de manifestarse en contra del proyecto de la central hidroeléctrica Ralco, que se construye en el curso superior del río Bío-bio, por considerar que contraviene disposiciones de la Ley de Desarrollo Indígena.
González es el primer director no indígena de Conadi y su voto será decisivo para dirimir posibles empates en votaciones de la comisión entre consejeros del gobierno y de las etnias indígenas, cuya representación es paritaria.
El nombramiento de una persona ajena a los pueblos indígenas en la dirección de Conadi "es un agravio a las etnias del país", dijo Navarro.
"No tengo información de que la directiva del PS haya dado el apoyo a esta designación y si bien Gonzalez tiene facultad para aceptarla (a título personal), ha puesto al partido en un trance de crisis", agregó el parlamentario.
El PS y el Partido Por la Democracia, al cual pertenece Namuncura, critican desde la coalición de gobierno la actitud en el conflicto de Ralco de Frei, quien es apoyado sin embargo por la directiva su fuerza política, el Partido Demócrata Cristiano.
La represa de la central que la empresa Endesa, del consorcio hispano-chileno Enersis, construye en el alto Bío-bio, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, inundaría tierras ancestrales de 83 familias de la rama pehuenche de la etnia mapuche.
Corresponde a Conadi determinar si procede el desalojo de esas familias y su traslado a otras propiedades que ofrece Endesa, según mecanismos de permutas de tierras regulados por la Ley de Desarrollo Indígena.
Ocho familias pehuenches se niegan a ser desalojadas, mientras grupos ecologistas e indígenas sostienen que Endesa hizo firmar mediante engaños y sobornos a las otras 75 familias los papeles en que le ceden sus propiedades.
Tanto Huenchelaf como Namuncura consideraron en su momento que el traslado de las familias les implicaría pérdidas no sólo en su condición socioeconómica sino también de sus tradiciones culturales, aspectos que Conadi debe reguardar según la ley.
Grupos ecologistas y humanitarios sostienen que la construcción de Ralco será en ese sentido un etnocidio, además de un ecocidio, por la destrucción de un ecosistema fluvial cordillerano de características únicas en el mundo.
El Banco Mundial, que financió Pangue, la primera central de Endesa en el alto Bío-bío, reconoció en 1997 que la empresa no cumplió compromisos ambientales y sociales, pero el consorcio ignoró esas críticas con un pago anticipado del préstamo, para lo cual contrató un crédito de bancos alemanes.
La designación de González como director de Conadi tendería a conseguir finalmente la aprobación de las permutas de tierras, para obviar la resistencia de las ocho familias pehuenches y de las organizaciones indígenas y ambientalistas que las respaldan.
El no gubernamental Grupo de Acción por el Bío-bio (GABB) acusó en agosto a Frei de desmantelar tanto la institucionalidad ambiental como indígena para privilegiar las inversiones privadas en proyectos energéticos y forestales en el sur del país.
La situación ha sido denunciada internacionalmente por el GABB, y organizaciones mapuches presentaron la semana pasada una denuncia formal contra el gobierno de Chile en la Organización de las Naciones Unidas "por transgredir los derechos humanos de los pueblos indígenas".
Chile Sustentable, otra organización ecologista, sostuvo a principios de este mes que la política energética del gobierno es irresponsable, ya que con una adecuada planificación del consumo y del uso de fuentes alternativas sería innecesario construir Ralco.
Una aprobación final del desalojo de los pehuenches por parte de Conadi podría alentar a los grupos indígenas y ecologistas más radicalizados, que están dispuestos a ocupar las tierras del alto Bío-bio y a otras acciones de hecho para impedir la construcción de Ralco. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-en/98
