El gobierno de Brasil debe dar nueva marcha atrás en su ley ambiental, ante el rechazo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y autoridades judiciales al aplazamiento por 10 años de las penas a los contaminadores.
En respuesta a las críticas y protestas, el ministro de Medio Ambiente, Gustavo Krause, aceptó acortar a un máximo de 2,5 o tres años el plazo concedido a las empresas para adaptarse a las exigencias de la Ley de Delitos Ambientales, aprobada en enero por el Congreso Nacional.
El plazo de 90 días a cinco años, renovable por igual período, fue autorizado por una "Medida Provisional" (un decreto con fuerza de ley inmediata que no requiere de aprobación parlamentaria para hacerse permanente) firmada por el presidente Fernando Henrique Cardoso el 7 de agosto.
Las protestas contra el decreto partieron de varios sectores. El izquierdista Partido de los Trabajadores, principal fuerza opositora, cuestionó la constitucionalidad de la medida ante la Corte Suprema de Justicia.
En Sao Paulo, las ONG abandonaron el 26 de agosto una reunión del Consejo de Medio Ambiente del estado, donde tienen mitad de los 36 asientos, acusando el gobierno de "defender a las empresas que dañan el ambiente".
"Triunfaron los peores contaminadores, que hace mucho violan las leyes", protestó Antonio Herman Benjamin, coordinador de las Fiscalías de Justicia Ambiental del estado de Sao Paulo.
La medida "formaliza la impunidad", criticó Roberto Kishinami, director en Brasil de la organización ambientalista internacional Greenpeace, varios de cuyos activistas fueron detenidos en Brasilia el 19 de agosto, por protestar colocando una nariz de payaso en la estátua frente al Ministerio de Justicia.
El Fondo de Defensa Ambiental, de Estados Unidos, llamó a los ambientalistas de todo el mundo a enviar mensajes a Cardoso, presionando por una revocación de la "moratoria de 10 años" en la aplicación de la ley.
Las ONG recibieron como "un gran avance" la Ley de Delitos Ambientales, pero criticaron sus lagunas desde su aprobación en enero, tras siete años de debates parlamentarios, porque el gobierno hizo concesiones, ablandando las penas.
Las concesiones se hicieron efectivas cuando Cardoso sancionó la ley, el 30 de marzo, con vetos a disposiciones que establecían penas de hasta tres años de prisión para los responsables de incendios rurales y forestales, ruido excesivo en las ciudades e importación de residuos tóxicos.
Los incendios que devastaron el norteño estado de Roraima en febrero y marzo acentuaron las críticas al "retroceso" gubernamental, que ganaron nuevos argumentos con la actual propagación del fuego en el este y sur de la región amazónica, amenazando incluso áreas protegidas de pueblos indígenas.
El decreto de aplazamiento de las penas reincide en el retroceso, según las ONG ambientales.
Krause salió al paso de las críticas, señalando que la medida del gobierno central es sólo una autorización y a las autoridades ambientales de los estados les toca conceder o no los plazos de adaptación a las empresas.
Pero el ministro admitió que el plazo máximo de tolerancia puede reducirse a dos años y medio o tres años, a través de la reedición mensual de la "Medida Provisional" o de modificaciones aprobadas en el Congreso.
Para esto, el Ministerio del Medio Ambiente estudia la armonización de las legislaciones estaduales sobre el tema.
"No hubo retroceso", la medida sólo ofrece a las empresas una oportunidad de firmar un compromiso con las autoridades ambientales hasta diciembre, según el subsecretario de Medio Ambiente del estado de Río de Janeiro, Carlos Abreu Mendes.
Algunas empresas, por su complejidad, necesitan "al menos cinco años de inversiones para adaptarse a la ley", arguyó Abreu Mendes, quien citó el caso de la estatal Refinería Duque de Caxias, de Río de Janeiro, y viejas industrias químicas de Sao Paulo.
Citó también a la Compañía Siderúrgica Nacional, mayor productora de acero de Brasil, privatizada hace cinco años y principal contaminadora del Río Paraba do Sul, que abastece de agua a Río de Janeiro.
Un equipo para evitar la emisión de gases contaminantes tiene un costo de 30 millones de dólares y el tratamiento de residuos industriales sólidos cuesta 3.000 dólares por tonelada, añadió Abreu Mendes para justificar la imposibilidad de aplicar de inmediato la ley.
Como la ley no previó estas circunstancias, muchos gobiernos estaduales se vieron ante el dilema de cumplir la ley ambiental o mantener la producción y el empleo de miles de trabajadores, observó el funcionario, para subrayar que la negociación y la flexibilidad son indispensables. (FIN/IPS/mo/ag/en/98
