El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, es criticado por ambientalistas por autorizar un proyecto de ley bajo el cual tres estados podrán arrojar sus residuos radiactivos a 30 kilómetros de la frontera con México.
Clinton firmó y convirtió en ley durante el fin de semana pasado el Convenio Texas-Maine-Vermont para un Vertedero de Residuos Radiactivos, lo que habilita al gobierno de Texas a comenzar la construcción.
El Congreso aprobó el proyecto de ley, por el cual Texas recibirá los desechos radiactivos de los estados nordestinos de Vermont y Maine, a cambio de un total de 50 millones de dólares.
El parlamento de Texas decidirá en enero sobre la financiación del proyecto, que también almacenará residuos nucleares de Texas.
"La pistola de los residuos radiactivos estaba cargada, amartillada y la firma de Clinton tiró del gatillo federal", expresó Diane D'Arrigo, activista del Servicio de Información y Recursos Nucleares, con sede en Washington.
La controversia sobre el proyecto gira en torno al lugar elegido por los funcionarios de Texas para recibir los residuos: el pueblo de Sierra Blanca, a sólo 30 kilómetros de la frontera con México y ubicado en una de las zonas más pobres de este país.
Los partidarios del vertedero aseguran que el proyecto traerá dinero al estado y sólo recibirá residuos radiactivos de "bajo nivel". Pero los ecologistas recordaron que "bajo nivel no significa bajo riesgo" e indicaron que el plutonio y otros elementos radiactivos son considerados de "bajo nivel".
El lugar del vertedero no es seguro para almacenar residuos radiactivos porque es propenso a terremotos y está situado sobre un acuífero. El agua es un elemento escaso en el árido clima de Sierra Blanca, según las organizaciones ambientalistas.
Grupos de derechos civiles y organizaciones mexicano- estadounidenses acusaron de racismo a Clinton y el Congreso porque dos tercios de la población de Sierra Blanca es de origen mexicano.
"Ahora Clinton es cómplice del gobierno racista de Texas", acusó Richard Boren, coordinador de Ojo Tóxico del Sudoeste, una organización que controla el movimiento de residuos peligrosos junto a la frontera mexicana.
"El gobierno de Estados Unidos dio la luz verde para enviar residuos nucleares de estados de población principalmente blanca, como Maine y Vermont, a la zona fronteriza de Texas, con más de 70 por ciento de mexicano-estadounidenses", explicó.
México también se opone al vertedero propuesto. La Comisión Permanente del Congreso mexicano votó unánimemente contra el proyecto porque viola el Acuerdo de La Paz, firmado en 1983 entre los dos países.
El tratado prohíbe la construcción de este tipo de proyectos a menos de 100 kilómetros de la frontera del país vecino.
"No podemos permitir que Estados Unidos construya basureros en nuestra frontera. ¿Tiene algún sentido adherir a un acuerdo internacional si luego se lo viola? Recurriremos a todos los medios necesarios para detener este proyecto", declaró el senador mexicano Norberto Corella, de Baja California.
Funcionarios mexicanos dijeron que probablemente combatan el proyecto a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) o un foro internacional, como la Organización de Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas.
"¿Quién va a garantizar que dentro de 1.000 años no habrá una fuga radiactiva? La frontera no distingue entre el agua de los pozos de Estados Unidos y México", sostuvo el senador Héctor Murguía, de Ciudad Juárez.
A los ecologistas estadounidenses les preocupa que la aprobación del proyecto por parte de Clinton convierte a Texas en el próximo vertedero nuclear de este país.
El proyecto firmado por Clinton no incluye las modificaciones propuestas por el senador Paul Wellstone y aprobadas por el Congreso que habrían evitado que otros estados se incorporen al convenio.
Los activistas aseguran que la actitud de Clinton contradice su propia Orden Ejecutiva de 1994 para Aplicar la Justicia Ambiental en Poblaciones de Minorías Etnicas y Bajos Ingresos.
El gobierno, según la orden presidencial, debe asegurar que las comunidades habitadas por minorías étnicas o con bajos ingresos no sean expuestas a riesgos ambientales más que las demás comunidades.
Bill Addington, comerciante de Sierra Blanca, dijo que la nueva ley es una "injusticia ambiental" y que la orden presidencial de Clinton "no vale el papel sobre el que está impresa".
Addington y otros dijeron que seguirán presionando a los políticos de Texas para que abandonen el proyecto.
"La esperanza no está del todo perdida. El legislativo de Texas aún debe votarlo, así que todavía tenemos una posibilidad", opinó Erin Rogers, directora del Fondo de Defensa Legal de Sierra Blanca.
Ecologistas y senadores estadounidenses opuestos al vertedero radiactivo acusan a la industria de la energía nuclear de utilizar el dinero que aportan a las campañas electorales para influir sobre los políticos.
La industria utiliza la ley para trasladar la responsabilidad del sector privado a los contribuyentes de Texas, aseguran.
"Es claro como el cristal lo que puede comprar el dinero, y dinero es algo que los residentes de Sierra Blanca no tienen", afirmó la activista D'Arrigo.
La compañía Texas Utilities Service Inc. habría gastado hasta 420.000 dólares para persuadir a los políticos para aprobar el proyecto de ley, aseguró.
Houston Industries Inc. gastó hasta 400.000 dólares en 1997 para ejercer presión sobre asuntos de energía, ambiente y otros servicios públicos. El proyecto de vertedero radiactivo fue el único punto incluido en el ramo de la energía en el informe anual del sector industrial. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/aq/en/98
