El ministro de Trabajo de Argentina, Antonio Erman González, dijo hoy que colaborará con la justicia, que lo citó como acusado en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia cuando era ministro de Defensa (1991-1993).
González negó haber cometido delito alguno y anunció que declarará por escrito para luego ponerse a disposición del juez Jorge Urso, quien lo citó este martes. El ministro fue imputado por el delito de "falsedad ideológica de documento público" en relación con el escandaloso caso de la venta ilegal de armas.
"Aquí no hubo ningún tipo de delito. Por eso tengo la conciencia tranquila", aseguró González este miércoles, cuando la prensa le reclamó algún anticipo de lo que declarará cuando se presente ante el juez.
González es el segundo ministro en la mira de la justicia por el traslado de pertrechos que debieron ir a Venezuela y a Panamá entre 1991 y 1995, y fueron desviadas a Ecuador y Croacia, dos paises inhabilitados para recibir los cargamentos debido a sendos embargos internacionales.
El otro es Oscar Camillión, sucesor de González en la cartera de Defensa, quien renunció en 1996 para evitar el juicio político luego que el mismo juez Urso lo citara como imputado por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y ocultamiento de denuncia.
Otros funcionarios de menor rango y militares fueron procesados previa separación de sus cargos. Entre los procesados figura el ex ministro Camilión, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, y dos altos funcionarios de Fabricaciones Militares, una empresa que depende de Defensa.
Junto con la citación de este martes a González, el juez Urso convocó a otra docena de ex funcionarios y militares para que sean indagados como imputados, aunque no hay fecha para ninguna de las indagatorias.
Uno de los desplazados y luego procesados por la justicia es Luis Sarlenga, que era interventor de Fabricaciones Militares. Camilión admitió que intentó relevarlo en 1993, pero aclaró que una persona del gobierno a la que no identificó le pidió que no lo hiciera.
Camilión acusó a Sarlenga de realizar contrataciones directas sin licitación, y de reclamar el permiso de fabricación y exportación de armamentos para un destino supuesto que luego fue alterado.
El ex ministro admitió, no obstante, su responsabilidad política por no haber advertido la maniobra en su cartera.
Cuando 75 toneladas de armas livianas llegaron a Guayaquil, Ecuador, a comienzos de 1995, ese país estaba en plena guerra con Perú. Argentina es uno de los cuatro países garantes de la paz entre las dos naciones sudamericanas, que arrastran un conflicto limítrofe hace casi medio siglo.
En el caso de Croacia, el embargo fue dispuesto por las Naciones Unidas. Pero, mediante decretos que llevaron la firma de Carlos Menem y de al menos tres ministros, 6.500 toneladas de armas y municiones con supuesto destino a Panamá fueron trianguladas a Croacia en 1991.
El juez Urso le imputa a González la firma de dos decretos que autorizaron la venta de pertrechos a Croacia, simulando una operación dirigida a Panamá. El juez cree que González autorizó la venta de armas a dos firmas intermediarias, Hayton Trade y Debrol.
Debrol era manejada por el traficante Diego Palleros, un coronel retirado del Ejército argentino con pedido de caputura desde 1995 hasta que fue detenido en Sudafrica en julio de este año. Pero Palleros fue liberado por orden de la justicia sudafricana, que rechazó el pedido de extradición.
En la misma causa, otro traficante, el capitan retirado Horacio Estrada, se suicidó en julio, cuatro días después de declarar en la causa ante el mismo juez Urso. Ahora la justicia sospecha que el militar pudo haber sido asesinado o instigado a quitarse la vida. (FIN/IPS/mv/mj/ip/98
