Panamá fue el país de América Central que obtuvo el precio más alto por la privatización parcial de su compañía de electricidad, pese a la crisis financiera mundial y a la anunciada rebaja en las tarifas a partir de noviembre.
"Esto es muy positivo", indicó Arturo Tapia, director de la firma de inversionistas Wall Street Securities de Panamá, presente el jueves en el acto de licitación de las tres compañías de distribución de electricidad ofrecidas por Panamá.
El gerente general del ahora fraccionado Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), Fernando Aramburú, dijo que se siente "sorprendido" por el elevado precio obtenido, pero que eso "demuestra que Panamá representa un gran atractivo para la inversión".
Aramburú dijo que todavía falta definir algunos detalles en materia de tarifas, las cuales, según un decreto del gobierno, se reducirán en 11 por ciento a partir de noviembre de esta año.
El ministro de Planificación y Política Económica Guillermo Chapman, admitió que no se esperaba un precio tan alto por los bienes licitados debido a la "volatilidad actual de los mercados financieros" causada por la crisis en Asia y Rusia.
El consorcio Unión Fenosa, de España, pagó 211,9 millones de dólares por 51 por ciento de las acciones de las compañías distribuidoras Chiriquí, con 70.000 usuarios, y Metro Oeste, con 214.000 clientes.
Un consorcio integrado por la compañía estadounidense Castellation Power LTD y el Banco General de Panamá pagarán 89,8 millones de dólares por 51 por ciento del paquete accionario de la compañía Metro Noreste, con 167.000 usuarios.
Unión Fenosa ofreció 106,9 millones de dólares por encima del precio base fijado por Panamá, mientras Castellation Power LTD Banco General de Panamá superaron el precio base por 34,8 millones de dólares.
La operación aportará a las arcas del Estado un total de 301,7 millones de dólares, que se sumarán a alrededor de 900 millones de dólares logrados por la privatización de la compañía de telecomunicaciones, la cementera Bayano y otros activos.
Treinta y nueve por ciento de las acciones de esas tres compañías quedan en manos del Estado y el restante 10 por ciento para los empleados.
Un informe distribuido por la gerencia general del IRHE indicó que en la venta de las acciones de las tres compañías de ese instituto se obtuvo el mejor precio por usuario alcanzado en las privatizaciones de ese tipo en América Central.
En El Salvador, los operadores privados pagaron un precio promedio de 857 dólares por cliente en la compra de 75 por ciento de las acciones de sus compañía de electricidad, la cual sirve a 872.423 usuarios.
En Guatemala, el precio pagado fue de 1.272 dólares por cliente por 80 por ciento del paquete accionario de una compañía que le brindaba servicios a 520.826 abonados, según indicó el documento de la gerencia del IRHE.
El precio pagado por los consorcios Unión Fonseca y Castellation Power LTD-Banco General de Panamá fue de 1.303 dólares por cada cliente de las tres compañías distribuidoras estatales que sirven en total a 454.849 usuarios.
En América Central todavía se encuentran bajo adminisracción del Estado las compañías de electricidad de Costa Rica, el principal mercado de la región con un consumo promedio por habitante de 1.290 kilovatios-hora, Honduras, con un consumo de 348 y Nicaragua, cuyo promedio es el más bajo del área, con 256.
Panamá tiene el segundo promedio de consumo por habitante de América Central, con 1.088 kilovatios-hora.
Guatemala con un promedio de consumo por habitante de 287 kilovatios-hora y El Salvador, como un promedio de 490, completan el cuadro del uso de electricidad en la región, donde 15,5 millones de sus 32,5 millones de habitantes no cuentan aún con electricidad en sus hogares.
En el proceso de privatización del IRHE aún resta la subasta de cuatro centrales generadoras de electricidad, tres hidroeléctricas y una termoeléctrica, con un precio base de 500 millones de dólares en total.
Una ley especial fraccionó a fines de 1997 al antiguo IRHE en ocho compañías con el fin de propiciar su privatización.
La compañía de transmisión de energía eléctrica desde las plantas procesadoras al servicio a los usuarios quedará totalmente en manos del Estado.
Las ocho compañías en que se subdividió el IRHE recaudan en total unos 330 millones de dólares al año.
En la próxima licitación de las hidroeléctricas Fortuna, La Estrella-Los Valles y Bayano y y la termoeléctrica Bahía de las Minas, el Estado ofrecerá 49 por ciento de sus acciones a un operador privado.
Cuarenta y nueve por ciento del paquete accionario de esas cuatro compañías quedarán en poder del Estado y el restante dos por ciento para los trabajadores. (FIN/IPS/sh/mj/if en/98
