Costa Rica y El Salvador de América Central aprobaron recientemente nuevas leyes para atraer inversiones extranjeras, pero podrían crear dificultades a los productores locales.
La Asamblea Legislativa (parlamento) de El Salvador aprobó a principios de este mes una nueva Ley para Zonas Francas, pero sus disposiciones provocaron tanta inquietud que podrían ser reformadas pronto.
Las empresas que se instalan en zonas francas se ven favorecidas por un régimen especial que les permite importar sus insumos y maquinaria libres de impuestos.
La nueva ley saladoreña permite a estas empresas vender en el mercado nacional hasta el total de su producción, siempre y cuando el 50 por ciento provenga de materia prima o mano de obra salvadoreña o regional.
"Con esta ley están ahogando a la pequeña empresa", manifestó Leticia Rivas, presidenta de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios (AMPES), que considera que no podrán competir y tendrán que cerrar.
AMPES sostiene que no fue consultada y pidió el veto presidencial a la nueva ley. El ministro de Economía, Eduardo Zablah, reconoció en declaraciones a El Diario de Hoy no haber consultado con ningún gremio de la pequeña empresa: "Lo acepto, fue un error".
Miembros de la Asociación Azucarera lograron convencer al ministro de que esta ley podría afectar además al sector y tal vez a otros en el agro. Zablah anunció que estudiará más a fondo las repercusiones de la ley en el sector azucarero.
El ministro prometió además interceder por la pequeña empresa ante el presidente, Armando Calderón Sol, para efectuar las reformas solicitadas.
La antigua Ley de Zonas Francas se aprobó en 1990 en El Salvador y fue reformada en 1996. Actualmente, hay al menos 47 empresas instaladas en las diferentes zonas francas del país: El Pedregal, San Marcos, Exposalva, American Park y San Bartolo.
El gobierno salvadoreño considera que es un momento propicio para atraer inversión extranjera. "Debido a la crisis que azota al continente asiático varios grupos empresariales están interesados en invertir en el país", aseguró el embajador en Estados Unidos, René León.
En agosto visitaron el país centroamericanos los grupos empresariales Susanto, de Indonesia, y Top Well, formado por empresarios taiwaneses radicados en Hong Kong.
"Estas personas están trabajando en lo que podría llegar a convertirse en el parque industrial más grande de América Central", anunció León.
Las zonas francas son un sector clave de la economía centroamericana. En Costa Rica, las 195 empresas acogidas a este régimen emplean a casi 26.000 personas y una inversión acumulada hasta 1997 de 484 millones de dólares, según datos oficiales.
A mediados de septiembre se aprobaron reformas a la Ley de Zonas Francas, para mejorar los controles estatales y aumentar incentivos, como exoneraciones del pago del impuesto de la renta a las reinversiones dentro de ese sistema.
Además, se endurecieron las condiciones para otorgar el régimen a empresas fuera del parque industrial, para facilitar la labor de control. Así, se busca evitar la competencia desleal con la industria local y vigilar que los productos vendidos en el mercado interno estén dentro de las reglas establecidas.
"Lo que se pretende con las zonas francas es promover las inversiones nacionales y extranjeras que de otra menera se podrían ir a otro país con regímenes de incentivos similares", dijo el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Samuel Guzowzki.
El diputado oficialista Alvaro Trejos consideró que este tipo de regímenes son válidos siempre y cuando el país no tenga aranceles similares al de las naciones industrializadas, de cinco por ciento.
El actual promedio arancelario en Costa Rica es de 20 por ciento, pero las políticas de apertura deberán ubicarlo en un tope de 10 por ciento. (FIN/IPS/am/ag/if/98
