Tras siete años de debate y cuando la actual legislatura da su último suspiro, el parlamento de Venezuela aprobó una ley que convierte el maltrato contra la mujer en un delito y castiga también el acoso sexual.
Venezuela era el único país de América del Sur que no contaba con un instrumento contra la violencia doméstica, comentó este jueves la presidenta de la Cámara de Diputados, Ixora Rojas, para quien la ley es uno de los mayores logros legislativos del año.
La Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia fue la gran batalla de la mujer venezolana dentro y fuera del ya casi clausurado Congreso bicameral, donde 94 por ciento de sus integrantes son hombres.
Rojas destacó que la ley tiene un caracter preventivo además de punitivo, y aseguró que "contribuirá a reformzar los lazos familiares y la relación de pareja, protegiendo el valor esencial de la familia".
El último periodo de sesiones de los cinco años de la legislatura concluirá el 3 de septiembre, en espera de las elecciones legislativas y regionales de noviembre y las presidenciales de diciembre.
Lisbeth Guevara, coordinadora jurídica de la gubernamental Comisión Nacional de la Mujer, comentó que la ley contra la violencia familiar tendrá un efecto benéfico en el control de la delincuencia que atosiga a los 23 millones de venezolanos.
Guevara detalló a IPS que en muchos hospitales públicos de Caracas se ha demostrado que la mitad de los casos atendidos fueron ocasionados por violencia intrafamiliar, que traspasa los muros del hogar para expandir sus efectos a toda la sociedad.
Paula Guarisco, coordinadora jurídica de una oficina parlamentaria para la atención a la mujer, señaló que lo más importante es que el maltrato doméstico deja de ser un asunto privado y se transforma en un delito.
Además, protege a todo el grupo familiar, obliga a recibir las denuncias sobre violencia doméstica a todas las instancias jurídicas, desde las primarias, y establece una oficina exclusiva para estos delitos dentro de la Policia Técnica Judicial, con personal adiestrado para esa tarea.
Otro elemento importante de la ley, de ocho capitulos y 50 artículos, es que crea las Casas Refugio para la mujer maltratada y sus hijos, donde ésta será asistida y asesorada sobre cómo defenderse.
Las penas son consideradas leves por las organizaciones de mujeres, porque establecen ocho días de arresto para las faltas menores y penas de prisión entre seis y 18 meses para los casos más graves. Pero, pese a ello, la Coordinadora de Organizaciones de la Mujer calificó la nueva ley de logro histórico.
Los delitos como la violación y el asesinato de la pareja están contemplados en la ley, pero la pena a aplicar se remite a la prevista en el atrasado Codigo Penal, cuyo texto inicial data de 1922 y que tipifica la agresión sexual como un delito contra las buenas costumbres y no contra la persona.
Ofelia Alvarez, de la Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer, dijo a IPS que se calcula que al menos 60 por ciento de las mujeres venezolanas son maltratadas dentro del hogar, como ocurre en la mayoría de los países de la región, según la Organización Panamericana de la Salud.
Sólo tres por ciento de las mujeres agredidas física o psicológicamente por sus parejas, sus hijos o sus familiares inmediatos se atrevían hasta ahora a denunciar el caso.
Al ser tratada la violencia doméstica como un asunto privado, la mujer debía presentar heridas de más de siete centimetros para que se tipificara la falta de agresión genérica y su autor recibiera algún tipo de sanción.
La diputada Isolda Salvatierra, presidenta de la comisión bicameral que redactó en 1995 el proyecto definitivo con el apoyo de las organizaciones femeninas, destacó que que ahora no harán falta señales visibles para probar la violencia física.
En cuanto al acoso sexual, también se tipifica el delito de omisión para los patronos o jefes que conozcan un caso y no tomen medidas para evitar la situación. El castigo será una multa equivalente hasta 300 días del salario del penado.
Guarisco dijo a IPS que el delito de acoso sexual fue de los que más objeciones levantó entre los legisladores, que temían el abuso de este instrumento. "Hubo que aclararles que para que exista debe haber una relación de poder y una explicita negativa de la afectada a avances sexuales", comentó.
En la nueva ley se define el acoso sexual como aquel que ejerce quien solicita favores o respuestas sexuales para sí o un tercero, o procure cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, valiéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga.
Para que haya delito debe existir la amenaza expresa o tácita de causar a la víctima "un mal relacionado con las legítimas expectativas que puede tener en el ámbito de dicha relación"..
La pena de prisión será en ese caso entre tres y 12 meses y se incrementará un tercio si el acoso se acompaña con agresión física o psicológica.
El objetivo de la ley es prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, y busca proteger la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de las personas, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, así como a la familia y a todos sus miembros.
La ley obliga a que los delitos contra la mujer y la familia sean tratados con celeridad, inmediación, medidas cautelares, confidencialidad y procedimientos orales.
Entre las medidas preventivas, María Cristina Parra, una de las redactoras de la ley, destacó a IPS la obligación del Ministerio de Educación de incluir programas docentes a todos los niveles en favor de la igualdad de los sexos, el respeto mutuo y de compartir las responsabilidades familiares.
Además, se instruye al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a tomar medidas que obliguena a los medios radiales y televisivos a transmitir mensajes para reforzar los valores familiares y de igualdad entre los géneros. (FIN/IPS/eg/ff/hd/98
