Unos 30 capitanes (caciques) indígenas del sureste de Venezuela y una comisión ministerial sostendrán este jueves su segundo encuentro en cinco días, en busca de un acuerdo sobre el derecho de las etnias sobre sus tierras ancestrales.
El diálogo se abrió el domingo, después que los indígenas del sudoriental estado de Bolivar bloquearan desde el 27 de julio hasta el viernes 14 la única carretera que une Venezuela con Brasil, en protesta por la inconsulta construcción en la región de un tendido eléctrico de 700 kilómetros entre los dos países.
"El derecho a la titularidad de las tierras por parte de las comunidades indígenas es inobjetable", comentó a IPS el ministro para Asuntos Fronterizos, Pompeyo Márquez, que participó el domingo en el primer encuentro directo del gobierno central con las etnias en conflicto.
Unos 800 indígenas de los pueblos pemón, kariña, akawayo y arawak mantuvieron cerrada la carretera BR-174 que une el sur del estado de Bolívar con la ciudad brasileña de Boa Vista, capital del estado de Roraima, a la altura del kilómetro 14, en la población de San José.
La protesta de las comunidades agrupadas en la Federación de Indígenas de Bolívar (FIB) tuvo su detonante en el avance del tendido eléctrico que se construye entre la represa de Guri, 750 kilometros al sureste de Caracas, y Boa Vista, y que comenzó a atravesar sus poblados y sembradíos.
El encuentro del domingo se realizó en San José con la presencia de todos los capitanes del estado de Bolívar, mientras que este jueves, el lugar será Ciudad Bolívar, capital del estado.
"Si alguién se mete en tu casa, te corta los árboles del jardín, usa tu cocina, se instala en tu cama, acaba con la comida de la despensa y ni siquiera te pide permiso, ?cómo te sentirías?", preguntó en ese encuentro Juvencio Gómez al ministro del Interior, Asdrúbal Aguiar.
Gómez es cacique general de la Gran Sabana, un territorio mayor que Holanda y donde se levantan los tepuyes, las míticas montañas planas que se consideran las formaciones geológicas más antiguas del mundo y que inspiraron el libro "Un mundo perdido".
El ministro Aguiar encabezará nuevamente la comisión gubernamental este jueves y presentará un proyecto para otorgar la titularidad sobre la tierra, que será intercambiada con otra propuesta que elaboraron con respaldo legal los capitanes.
Jerrick Andrade, del pueblo pemón, comentó a IPS desde Ciudad Bolivar que el planteamiento de los indígenas es que los títulos deben recoger su derecho originario a la tierra y su expedición debe ser el punto de partida para cualquier diálogo sobre el tendido eléctrico y los eventuales beneficios para las etnias.
"Los títulos evitarían hechos como los del tendido, que es una obra decidida y ejecutada sin consulta y sin aprobación de las comunidades afectadas", comentó el pemón José Luis González, líder de la FIP.
Aguiar admitió antes de viajar al segundo encuentro que es una realidad que los indígenas han sido marginados de las decisiones vinculadas al desarrollo del país, en general, y del sur en particular.
Pero también precisó que la noción de titularidad que reivindican los indígenas no puede llegar a límites que rompan la legalidad interna e impliquen en cualquier forma una autodeterminación.
El ministro Márquez puntualizó que en Venezuela "hablar de fronteras es hablar de etnias", porque la casi totalidad de los 315.000 indígenas del país, pertenecientes a 28 pueblos distintos, están asentados en los estados limitrofes.
También admitió que 79 por ciento de los pueblos indígenas asentados en la frontera con Brasil, Colombia y Guyana carecen de título de propiedad de sus tierras.
"Hemos hecho un esfuerzo por colocar la situación indígena en la agenda nacional y acabar con el olvido, para que los pueblos originarios se conviertan en actores de su propio desarrollo, respetando su cultura", insistió Márquez, para quien la crisis en el estado de Bolivar "es una oportunidad".
El ministro dijo ser consciente de que lo que se acuerde con las etnias en conflicto sentará un precedente para los reclamos en materia de tenencia de la tierra de todos los pueblos indígenas de Venezuela.
De los 1.198 asentamientos indígenas registrados, 918 no tienen instrumentos legales de tenencia de la tierra y 124 comunidades cuentan con títulos provisionales, según un informe que fue analizado hace semana en un Gabinete Social sobre pueblos indígenas, que tuvo también lugar en Ciudad Bolivar.
Márquez dió a entender que el ofrecimiento del gobierno a las etnias del estado de Bolívar podría establecer el derecho colectivo de los pobladores originarios de la selvática región al uso y disfrute colectivo de las tierras que ocupan.
Detalló que se trataría de títulos colectivos y que en ningún caso ese derecho de las etnias podría significar la paralización de la interconexión eléctrica con Brasil. "El tendido va y no es cierto que no fuera consultado", argumentó Márquez, veterano dirigente socialista.
González explicó que el derecho originario que reclaman está reconocido en tratados internacionales suscritos por Venezuela y es diferente a las concesiones a los campesinos que otorgó la reforma agraria y que administra el Instituto Agrario Nacional.
"No aceptamos que se nos quiera dar trato de campesinos", comentó el líder de la FIP, para aclarar que la propuesta indígena incluye el reconocimiento de áreas de influencia "que abarcan donde nuestras comunidades subsisten y alcanza a los ríos, bosques y otros recursos naturales de su habitat".
Sobre el estado de Bolívar se ha despertado el apetito de los poderes políticos, económicos y ambientales, tanto venezolanos como internacionales, por sus extraordinarias riquezas mineras, madereras, hídricas y ecológicas.
Oro, diamantes, hierro, reservas forestales más extensas que varios países europeos, atraen y enfrentan todo tipo de intereses en un estado de 238.000 kilometros cuadrados, 26 por ciento del territorio venezolano, habitado por 35.000 indígenas de 18 grupos diferentes.
La frontera norte de Bolívar es el río Orinoco y en su confluencia con el tumultuoso Caroni se erige la represa del Guri, con 10.000 megavatios de capacidad, dentro de un proyecto hidroeléctrico que en total generará 13.000 megavatios.
Allí, en la ribera sur del Orinoco, también están concentradas las industrias pesadas del acero y el aluminio con que el estado intento un fracasado experimento de industrialización alternativo al petróleo.
La construcción de la carretera con Brasil permitió una transito de mercancias y turismo que genera un movimiento de ocho millones de dólares mensuales, pero ha comenzado a alterar frágiles ecosistemas, que según ecologistas recibirán una agresión irremediable con el tendido eléctrico. (FIN/IPS/eg/ff/pr en/98
