El Poder Judicial de Uruguay, distinguido de los del resto de América Latina por su fuerte tradición de independencia, ingresó esta semana en una crisis que exhibió sus endémicos harapos presupuestales.
Sin esperanzas de que los otros dos poderes del Estado escuchen su reclamo, los funcionarios del Poder Judicial paralizaron el sistema para reclamar aumento salarial en la última revisión anual del presupuesto que se votará antes del 2000.
"Si no logramos un aumento, por lo menos habremos salvado nuestra dignidad. Un funcionario judicial recibe un salario promedio equivalente a 300 dólares y hace dos años que no recibe aumento", dijo a IPS el secretario general del sindicato que los nuclea, Dagoberto Pereyra.
Cinco huelgas en los últimos 13 años no han logrado que los funcionarios judiciales hayan recuperado el poder adquisitivo, mientras los de otras áreas estatales tienen ingresos muy superiores.
El salario promedio del país aumentó su poder adquisitivo 2,2 por ciento durante el primer semestre del año, 3,3 por ciento en el sector público y 1,7 por ciento en el privado, según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Los salarios al momento del ingreso a organismos autónomos del Estado, empresas públicas y al Poder Legislativo "son mayores que los de un funcionario judicial al fin de su carrera", dijo a IPS el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Marabotto.
Un funcionario cobra al ingresar al personal del parlamento 900 dólares, mientras que en el ente estatal de telecomunicaciones otro en iguales condiciones recibe 1.000 dólares, sostuvo Marabotto.
"En cambio, despues de casi 40 años de servicio, un alguacil, el máximo cargo administrativo del Poder Judicial, cobra unos 700 dólares", señaló el ministro.
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), acuciado por la demora de casi 300.000 trámites judiciales en todo el país, lamentó esta semana "un vaciamiento institucional" que conduciría a la denegación de justicia.
El alerta del CAU derivó en una intimación a los funcionarios para reintegrarse a sus puestos, pero también en la solidaridad con los defensores de oficio y los actuarios de las oficinas judiciales.
"Desconocemos la intimación, porque nadie puede negar el derecho de huelga y menos aún el máximo organismo judicial", dijo Pereyra.
Marabotto, que el martes defendió en el parlamento un aumento de salarios para los funcionarios, consideró "injusta" la situación, en particular porque "debería tenerse en cuenta las diferencias con el resto de América Latina".
En Uruguay los jueces son designados por la propia Suprema Corte al margen del sistema político.
"A diferencia de otros países, nadie sabe con qué partido político simpatizan los jueces y sus designaciones no están condicionadas a los cambios de gobierno. Son nombrados por su capacidad y no por sus ideas políticas", dijo Marabotto.
"La jueza de un Tribunal de Apelaciones de Bolivia me confesó que debió ingresar a un sector político para seguir en funciones porque los cargos duran el mismo tiempo que el período de gobierno", agregó.
El funcionario destacó que apenas 1,7 por ciento del presupuesto general se destina al Poder Judicial y que los salarios, las jubilaciones y la infraestructura edilicia de esta área del Estado son "las peores de América Latina".
"Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia cobra 4.000 dólares por mes y se jubila con un tope de 15 salarios mínimos, que representa 1.400 dólares luego de una carrera en la que tuvo la prohibición constitucional de ejercer otra función", indicó Marabotto.
Hace siete años, al enviar un mensaje presupuestal al parlamento, la Suprema Corte de Justicia alertó sobre el riesgo potencial de corrupción que determinaban los bajos salarios.
"Para contar las irregularidades en ese terreno sobran los dedos de una mano. Estamos orgullosos de nuestros funcionarios", dijo Marabotto.
La mayoría de los edificios judiciales, descascarados, con muebles desvencijados e inadecuado sistema de computación, entre otras carencias, son muestras de por qué al Poder Judicial uruguayo se le llama "la cencienta" del Estado.
El Poder Judicial espera inaugurar este año un edificio en la plaza principal de Montevideo en el que concentrará varios de los juzgados civiles hoy dispersos en la ciudad.
Si la obra concluye, la inauguración se producirá 33 años después de haberse comenzado su construcción. (FIN/IPS/rr/mj/ip lb/98
