Las denuncias contra el gobierno del ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle estallaron como una granada de fragmentación dentro de su partido y colocaron a la corrupción como uno de los grandes asuntos del debate político.
Varios procesamientos e investigaciones judiciales contra ex funcionarios del gobierno de Lacalle (1989-1994) fueron esgrimidos esta semana dentro del Partido Nacional para disputarle al ex mandatario la primacía en las elecciones internas que se celebrarán en abril de 1999.
El Partido Nacional integra el gobierno de coalición luego de perder las elecciones de 1994 por una pequeña diferencia ante el Partido Colorado, al que pertenece el presidente Julio María Sanguinetti.
Hasta ahora, la corrupción política no ha sido uno de los puntos centrales en los debates políticos históricos en este país al que los ciudadanos consideraban libre de un fenómeno que veían crecer en el resto de América Latina.
Pero varios fallos judiciales a los que Lacalle considera una "embestida" política llevaron a dar vuelta la página. Para muchos uruguayos, hoy no existe diferencia entre este país y otros de la región en los que la corrupción aflora hace varios años.
"Uruguay construyó históricamente una sociedad que buscó la igualdad de los individuos, lo que llevó a que en este país no fuera un síntoma de prestigio hacer dinero", dijo a IPS el politólogo Oscar Bottinelli.
El experto añadió que, por sus dimensiones, en Uruguay, un país de 3,1 millones de habitantes, también "existió durante años un control social y valores éticos muy grandes que últimamente se están perdiendo".
La campaña electoral "será muy dura ya que existirán dúplicas y réplicas en todos los partidos en materia de corrupción, vinculada a delitos y a un ejercicio del poder que, sin constituir figuras penales, constituyen transgresiones éticas", vaticinó Bottinelli.
Por primera vez en la historia política uruguaya, se celebrarán elecciones internas en los partidos, impuestas por una reforma electoral que también introdujo la segunda vuelta para la elección presidencial.
Cada partido concurrirá a las elecciones nacionales de octubre de 1999 con un solo candidato y, si ninguno de los postulantes alcanza la mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta dos meses después.
Villanueva Saravia, jefe de gobierno municipal de una de los 19 departamentos en que se divide Uruguay, lanzó la primera andanada dentro del Partido Nacional, que él mismo integra.
Saravia, descendiente de Aparicio Saravia, líder historico de los nacionalistas, dijo que si Lacalle resulta elegido presidente se debería convocar a los militares para que den un golpe de estado y evitar así "que el país sea saqueado".
Uruguay fue gobernado por una dictadura militar entre 1973 y 1985.
Saravia pertenece al sector que lidera Alberto Volonté, quien le disputa a Lacalle el poder dentro del Partido Nacional en una puja en la que también interviene el ex ministro del Interior Juan Andrés Ramírez.
Saravia se declaró este martes un demócrata a ultranza y aclaró que "la reflexión fue irónica (porque) un gobierno encabezado por Lacalle sería un gobierno bajo sospecha".
Preguntó cuál sería la reacción de los ciudadanos cada vez que se efectuara una licitación porque, cuando una empresa pierda o gane, "se dudará" si las autoridades la convocaron "en beneficio del país o para enriquecerse, como sucedió en la anterior administración".
A partir de 1995 se produjo una sucesión de denuncias judiciales que involucraron a ex integrantes del gobierno de Lacalle.
Así fueron procesados el ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central del Uruguay, Enrique Braga, así como un ex asesor presidencial, dos ex presidentes de la Administración de Ferrocarriles del Estado y un ex presidente del Banco de Seguros del Estado.
Mientras tanto, la justicia continúa con la investigación de otras denuncias.
Saravia sostuvo que un gobierno de Lacalle "desestabilizaría la democracia" y se preguntó qué pensarían los ciudadanos si leyeran en la prensa que el presidente o la primera dama concurren a declarar citados por la justicia.
Maniobras irregulares por la venta de un banco estatal que condujeron al procesamiento de Braga y denuncias de Marta de Fuentes, ex secretaria privada de Lacalle, involucraron a la esposa del ex mandatario, Julia Pou.
Pou anunció la semana pasada que, junto con otras mujeres de su partido, participará activamente en la lucha política para respaldar a su esposo.
Una encuesta de la empresa Factum estableció este martes que si las elecciones fueran hoy Lacalle obtendría 24 por ciento de los votos de su partido, mientras que Volonté y Ramírez lograrían 29 por ciento.
La encuesta también indica que la coalición de izquierda Frente Amplio lidera las preferencias en todo el país con 34 por ciento de las adhesiones, seguido por los nacionalistas con 25 por ciento y el Partido Colorado con 20 por ciento.
El pequeño Nuevo Espacio, de centroizquierda, recogería cuatro por ciento, y 17 por ciento de los encuestados dijo a Factum que aún no definió su voto. (FIN/IPS/rr/mj/ip/98
