Costa Rica lanzará una nueva exploración petrolera en su región atlántica, a 12 años de haber concluido sin éxito la última búsqueda. Pero esta vez la tarea no la asumirá el Estado sino una empresa estadounidense.
La Ley General de Hidrocarburos aprobada en 1992 autoriza la participación del sector privado en la búsqueda de combustibles fósiles en el subsuelo.
Un decreto firmado por el presidente Miguel Angel Rodríguez el 21 de julio adjudicó a la empresa estadounidense MKJ Xploration la licitación para explorar más de 5.000 kilómetros cuadrados en la occidental provincia de Limón, sobre la costa atlántica.
La decisión tomó por sorpresa a los grupos ambientalistas nacionales, que aún están buscando la información necesaria para pronunciarse sobre el tema, dijo a IPS el abogado Isaac Rojas, de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO).
MKJ Xploration ganó la licitación abierta por el gobierno a principios de 1997 para dar en concesión la exploración por tres años de cuatro bloques -dos terrestres y dos marinos-, que en total conforman un territorio de 5.600 kilómetros cuadrados.
La empresa estadounidense invertirá unos 2,5 millones de dólares en los trabajos de prospección, que incluyen dos pozos de cerca de 1.500 metros de profundidad cada uno.
"Este acuerdo nos permitirá contar con una compañía con conocimientos adecuados y que esté dispuesta a poner los recursos financieros para llevar adelante una exploración un tanto riesgosa", dijo Rodríguez al firmar el decreto.
El acuerdo establece que en caso de encontrarse petróleo, el Estado costarricense recibirá entre uno y 10 por ciento de la producción, si la cantidad es inferior a mil barriles diarios, en tanto si es superior, las regalías ascenderán a 15 por ciento.
El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, dijo que el Estado recibirá ese porcentaje en petróleo o en dinero, más 30 por ciento por concepto de impuesto sobre la renta y un bono de garantía ambiental de uno por ciento.
Los gobiernos de Costa Rica han soñado siempre con encontrar petróleo, para reducir las importaciones del país centroamericano, que actualmente ascienden a casi 150 millones de dólares, para un consumo anual de 16 millones de barriles.
La última exploración la realizó sin éxito, entre 1982 y 1986, la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo, junto con la empresa Petrocanadá.
MKJ Xploration, que prevé comenzar los trabajos dentro de 18 meses, debe presentar en primer lugar estudios de impacto ambiental, para recibir luego la autorización de la Contraloría General de la República.
El 90 por ciento de la energía que utiliza Costa Rica es de orígen hidroeléctrico y sólo el 10 por ciento restante proviene de combustibles fósiles.
Rojas dijo que las organizaciones ambientalistas recaban información para dar su opinión sobre el tema y esperarán conocer el estudio de impacto ambiental que elaborará la empresa.
No obstante, el abogado de AECO adelantó que hay malestar en el sector porque la licitación se hizo sin mediar un proceso de consulta con las comunidades afectadas.
Según los compromisos adoptados en la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, las comunidades deben ser consultados cuando se adopten decisiones que puedan alterar sus condiciones ambientales, pero el gobierno costarricense no lo hizo, subrayó el activista.
"Nos preocupa esta concesión porque es usual que se den accidentes casi a diario por mal manejo u otras razones, pero también por la falta de capacidad de control y monitoreo del gobierno de Costa Rica", afirmó Rojas.
Los bloques asignados para la exploración colindan con reservas biológicas y con el Parque Nacional de Cahuita, lo que puede aumentar la presión sobre esas tierras. (FIN/IPS/mso/ag/en/98
