Economistas independientes y dirigentes políticos opositores demandan al presidente de Perú, Alberto Fujimori, flexibilidad en el cumplimiento de los compromisos de la deuda externa y que conceda prioridad a la deuda social interna.
Perú, un país de 23 millones de habitantes de los cuales la mitad se encuentran en situación de pobreza, y el 15 por ciento en extrema pobreza, pagará este año más de 1.700 millones de dólares a sus acreedores externos.
"Para ser compatibles con los objetivos del desarrollo sostenible, los programas de ajuste no deben tener consecuencias negativas para el desarrollo social y en ningún caso se debe privar a un pueblo de alcanzar siquiera los niveles de subsistencia", dice el socialdemócrata Carlos Roca.
"Fujimori es más sensible a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que a las demandas insatisfechas de la sociedad civil peruana, que se ha empobrecido más aún en los últimos años", a pesar del optimismo oficial, añade.
Los economistas Juan Alvarez, Carlos Amat y León, y Virgilio Roel coinciden en que la magnitud de los pagos de la deuda externa repercute en una masiva violación de los derechos sociales, económicos y culturales de la población de un país cuyo desempleo abierto y encubierto supera el 55 por ciento.
"Los acreedores tienen derechos que no deben obviarse, pero los gobiernos deudores tienen obligaciones que cumplir no solamente contractuales sino también aquellas derivadas del respeto de los derechos humanos, el primero de los cuales es atender a sus necesidades básicas", dice Alvarez.
Amat, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, atribuye esa deuda a "la ligereza de entidades financieras que apoyaron proyectos de mala rentabilidad, dieron créditos para comprar armas o subsidiar consumos, que no aliviaron la pobreza pero cuyos pagos se descargan sobre todos".
Los dos economistas señalan la disposición de Fujimori de cumplir el pago pactado este año, pese al impacto de la crisis financiera asiática, que agrava el déficit comercial de Perú.
Roel, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Marcos, añade por su parte que dicho pago compromete los 675 millones de dólares necesarios para distribuir alimentos al sector de extrema pobreza y los 600 millones destinados a reparar los daños ocasionados por el Fenómeno de El Niño.
De los 1.700 millones que se pagarán en 1998 a los acreedores externos, 980 millones corresponden a intereses y sólo 747 millones se destinarán a reducir el monto global de la deuda pública externa, estimada en 21.000 millones de dólares.
El monto de la deuda pública debía ser de 28.000 millones de dólares, suma que se redujo mediante una refinanciación que incluye el pago con bonos del Plan Brady, a cambio del compromiso del Estado peruano de cumplir un programa de pagos muy duro en relación con su realidad económica y social.
Roel apunta que, como consecuencia de las obligaciones contraídas por Fujimori con el FMI, el programa económico de su gobierno está bajo control del organismo multilateral, que representa a los acreedores externos.
"Es cierto que Fujimori logró refinanciar, pero personalmente hubiera preferido que Perú se concentrara más en el incremento de la producción y las exportaciones, para mejorar nuestra capacidad de pago en lugar de negociar condicionadas reducciones de la deuda", dice Guillermo Runciman, de la Universidad del Pacífico.
La deuda privada externa, en su casi totalidad de corto plazo, ascendía a fines del año pasado a 6.577 millones de dólares, cifra cuyo crecimiento es consecuencia de la política económica del gobierno de Fujimori, que al elevar el encaje legal empujó a los bancos a buscar créditos en el exterior.
Guillermo Perry, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, reveló durante una conferencia reciente en la Universidad Católica de Lima que existe preocupación por el endeudamiento a corto plazo del sistema bancario privado peruano.
La crisis financiera asiática, especialmente en Japón, que comenzó como un fenómeno derivado de problemas en el manejo del crédito local, contribuye sin duda a aumentar la sensación de vulnerabilidad del pequeño sector financiero peruano.
Por otro lado, el alto nivel del encaje legal establecido por Fujimori congela el 35 por ciento de los depósitos bancarios, lo que encarece el crédito en la banca local y frena el desarrollo económico del país y la generación de empleo. (FIN/IPS/al/ag/dv- if/98
