Para Tomasa Huallqui, los datos oficiales sobre el crecimiento económico de Perú y la mejoría experimentada entre 1991 y 1997 por el sector más pobre de la población no significan nada, pues su situación no ha variado en los últimos 10 años y su familia sufre las mismas carencias.
La familia de Huallqui, y sus vecinos de Ricran, un caserío de pastores de ovejas en la sierra central peruana situado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ignoran que el país en el que viven tuvo excelentes índices de crecimiento en los últimos años.
El crecimiento del producto interno bruto (PIB) peruano ascendió en 1994 a 13,1 por ciento (récord en América Latina), tuvo 7,3 en 1995, perdió ritmo en 1996, con 2,5, pero repuntó nuevamente en 1997, con 7,2 por ciento.
Aunque cuestionan el procedimiento oficial para calcular el PIB, economistas independientes admiten que las cifras revelan un crecimiento económico real en los últimos años.
"El crecimiento del PIB eleva el índice del consumo per capita, que es un promedio estadístico, pero no significa que toda la población ha aumentado su capacidad de consumo, pues el efecto aún no llegó al extremo inferior de la escala social", comentó el economista Francisco Urrunaga.
El estancamiento del desarrollo social en un marco de crecimiento económico revela las dificultades existentes dentro de la economía de mercado para proyectar los beneficios a toda la población.
Tomasa Huallqui vive con su marido y sus seis hijos en una casa de adobe que no tiene agua potable, desagüe ni energía eléctrica. Como otros 3,57 millones de peruanos, se encuentran en lo que los economistas denominan "extrema pobreza" y los sociólogos "situación de indigencia".
El gasto mínimo de consumo diario en Perú está calculado en 1,8 dólares. Desde ese nivel hasta 1,14 dólares se considera pobreza y, por debajo, indigencia.
La campesina tal vez debería encontrar consuelo en que el porcentaje de población en situación de pobreza en Perú disminuyó entre 1991 y 1997, de 57,4 a 50,7 por ciento. Pero no tuvo oportunidad de enterarse porque no sabe leer.
Tampoco la tuvieron su marido, quien aprendió a leer en la infancia pero ahora es analfabeto funcional, ni sus tres hijos, que van a la escuela, pero ninguno de ellos ha visto en su vida cuadros estadísticos.
Según la última encuesta oficial sobre niveles de ingreso en Perú, realizada en 1996, el 40 por ciento de la población de la sierra rural vive en extrema pobreza.
La Encuesta Nacional de Hogares efectuada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala, además, que en las áreas campesinas andinas de Perú de cada 10 personas pobres, sólo dos tienen acceso a agua potable y una a alumbrado eléctrico, en tanton ninguno tiene servicio de desagüe.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 88 por ciento de la población pobre de la sierra rural se dedica a la agricultura y la ganadería en pequeñas parcelas (el 81 por ciento tiene menos de dos hectáreas) y con una alta proporción de trabajo familiar no remunerado.
Un estudio elaborado por el instituto privado Cuanto, especializado en investigación de mercados, reveló que en Perú hay 12 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, 50,7 por ciento de la población del país, de casi 25 millones de habitantes.
El analista Angel Páez indicó que la persistencia de la pobreza, pese a los buenos resultados macroeconómicos, se explica porque el modelo puesto en práctica por el gobierno de Alberto Fujimori "origina crecimiento pero no empleo".
"Fujimori revirtió la hiperinflación, arregló con los acreedores y promulgó una legislación pro empresarial con la esperanza de atraer inversiones que reduzcan el principal problema de Perú: el desempleo, pero no lo ha logrado", afirmó Páez.
"Esto significa que Fujimori ha perdido la guerra contra la pobreza", añadió.
Funcionarios oficiales refutan estas críticas señalando que el gobierno optó por reducir los subsidios y redujo los empleos públicos, pero creó un sistema de distribución alimentaria para ayudar a los más pobres hasta que los beneficie el crecimiento económico.
Los programas de asistencia social ascienden a 675 millones de dólares al año y se calcula que en las áreas rurales, la ayuda alcanza al 80 por ciento de los hogares más pobres, que reciben un equivalente a 2,34 dólares diarios en alimentos.
Páez considera errónea la estrategia de luchar contra la pobreza entregando alimentos, "que no permiten a la población salir de la de indigencia".
Pero una alta fuente del Ministerio de Agricultura sostuvo que el presupuesto social del Estado incluye también obras de infraestructura vial, irrigación, reforestación, rehabilitación de tierras, educación y puestos sanitarios.
"No todo es donación de alimentos, además de los 675 millones de dólares para ayuda alimentaria, hay más de 800 millones en obras de infraestructura, especialmente vial, para mejorar la rentabilidad de los minifundios serranos", aseguró. (FIN/IPS/al/ag/if-dv/98
