La oposición de centroizquierda de México se lanzó contra el proyecto del gobierno de convertir en deuda pública el rescate bancario, un plan de 67.000 millones de dólares que evitó la quiebra del sistema financiero.
Empresarios y banqueros consideraron este martes que la decisión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de identificar públicamente a los beneficiarios del rescate viola el secreto bancario.
Pero el PRD dijo que continuará dando nombres. Es el momento de transparentar la información, dijeron los dirigtentes del partido, tras explicar que obtuvieron la lista "gracias algunos banqueros, funcionarios y ciudadanos honestos".
El PRD, la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, inició este semana la difusión de videos y caricaturas y la preparación de una consulta pública para fines de mes. Su intención es frenar a toda costa el proyecto de transformar el rescate en deuda.
Más de 300 nombres de personas y grupos empresariales, cuatro de ellos ubicados en la lista de los más ricos del mundo que publica la revista Forbes, están entre los beneficiarios de préstamos millonarios entregados por bancos rescatados por el gobierno.
En centros comerciales, avenidas y plaza públicas se puede encontrar en estas fechas a militantes del PRD que dan conocer la lista y entregan información sobre el Fondo de Rescate Bancario.
El gobierno de Ernesto Zedillo invirtió en los dos últimos años alrededor de 67.000 millones de dólares para evitar la quiebra de los bancos, 55.000 millones más de lo recibido por su privatización en 1991 y 1992.
Si no lo hacía, el sistema financiero habría quebrado, debido a la crisis que estalló a fines de 1994. Y millones de ahorristas y titulares de cuentas bancarias habrían perdido su dinero, explicaron las autoridades económicas.
A fines de 1997, la estrategia de salvamento fue calificada de positiva por organismos internacionales e incluso Zedillo la presentó como ejemplo a otros países. Pero en marzo de este año todo cambió, cuando el gobierno propuso a los diputados transformar el rescate en deuda pública.
Que la gente pague vía impuestos los errores de los banqueros, la práctica de los autopréstamos e incluso el apoyo a campañas electorales del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), no será permitido de ninguna forma, advirtió el PRD.
Diputados del PRI y del conservador Partido Acción Nacional (PAN), primera y tercera fuerza en la cámara baja, tomaron el tema con cautela y demandaron al gobierno información detallada de los bancos rescatados y de algunos clientes millonarios.
Los diputados atendieron en particular el caso de un banquero que a principios de esta década se autoprestó dinero, apoyó campañas electorales del PRI y dio créditos sin control.
Más tarde, huyó con varios millones, fue detenido en España y extraditado, pero finalmente quedó libre, pues su delito no fue considerado grave. Esa es la historia de un mexicano cuyo banco fue rescatado por el Estado.
El gobierno atribuyó la crisis bancaria a algunas prácticas aisladas de corrupción, pero sobre todo a los errores económicos de la administración de Carlos Salinas (1988-1994), un momento en que los bancos prestaban dinero sin respaldo en ahorros ni reservas.
Las autoridades solicitaron al parlamento la aprobación de un proyecto de ley para transformar el rescate en deuda pública y permitir que luego, esos títulos se subasten en el mercado.
Como contrapartida, el gobierno ofreció entregar información sobre la gestión de los bancos, para descubrir los casos de corrupción. Pero también advirtió que ciertos nombres y situaciones no podrían ser dados a conocer, pues están protegidos por el secreto bancario.
Por su parte, el PRD exige desnudar todos los pormenores del rescate y "hacer pagar la crisis a sus causantes", aunque no propone una alternativa fiscal al manejo del Fondo de Rescate Bancario, según dijeron algunos analistas financieros.
El gobierno, el PRI, el PAN y el PRD no han logrado acuerdo sobre el proyecto para transformar en deuda el rescate. La oposición incluso anuncia que la ruptura de las conversaciones en curso está cercana.
Sólo han convenido en permitir que un consultor externo realice una auditoria a los fondos del rescate bancario.
El gobierno, que en las elecciones parlamentarias de 1997 perdió la mayoría absoluta que conservaba en la Cámara de Diputados desde 1929, está obligado a negociar con la oposición.
Aunque las finanzas públicas, en franca recuperación tras la crisis de fines de 1994, aún no sienten el impacto de la disputa por el Fondo de Rescate Bancario, algunos observadores creen que la economía se resentirá si no se logra pronto un acuerdo. (FIN/IPS/dc/ff/ip if/98
