Militares de México, acusados por diversas organizaciones de violar los derechos humanos y de mantenerse impunes al amparo de la justicia castrense, asisten ahora a cursos sobre respeto a las garantías constitucionales.
La cancillería informó este martes que dio instrucciones a la Secretaría (ministerio) de Defensa para ampliar la cobertura de los cursos, que comenzaron hace pocos meses.
Además, pidió que todos los militares porten una cartilla con información referente a la promoción y el respeto de los derechos humanos.
Se trata de medida positivas, pues los militares están marcados por la impunidad y en muchos casos son obligados a actuar, como en el conflicto en el estado de Chiapas, con claras violaciones de derechos humanos, señalaron este miércoles funcionarios internacionales y activistas.
El relator especial contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Nigel Rodley, dijo a finales de marzo que en México "el personal militar aparenta ser inmune a la justicia civil y generalmente es protegido por la justicia militar".
Según el relator, que visitó el país en 1997, policías e integrantes del ejército siguen practicando torturas y maltratos, aunque "no se puede afirmar que es un problema generalizado".
Las Fuerzas Armadas niegan las acusaciones y sostienen que solo cumplen con su deber.
Cuando Rodley visitó el país, la Secretaría de Defensa se negó a concederle una audiencia, lo que el funcionario consideró una "omisión sustancial".
La subsecretaria (viceministra) de la Cancillería, Carmen Moreno, aseguró que el gobierno de Ernesto Zedillo, en funciones desde diciembre de 1994, está haciendo todo una "revolución" en materia de defensa de los derechos humanos.
Pero las organizaciones de derechos humanos piensan lo contrario. Nunca antes en México hubo tantas quejas en la materia como en el período de Zedillo, sostienen.
Amnistía Internacional, Human Rights Wacht, la Federación Internacional de Derechos Humanos y hasta el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos expresaron los últimos años preocupación por el deterioro de los derechos humanos en México.
Algunas organizaciones, incluso, objetaron que el gobierno haya restringido y regulado las visitas de observadores internacionales, en su mayoría interesados en acudir al estado de Chiapas, base del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Todos los supuestos guerrilleros o narcotraficantes detenidos por soldados este año denunciaron haber sido sometidos a tortura física o psicológica antes de firmar una declaración.
No existe mayor duda sobre la veracidad de esas denuncias, pues muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas están formados bajo las teorías de la Escuela de las Américas, centro de formación militar de los Estados Unidos instalado en Panamá, dicen los observadores.
Los militares mexicanos recibieron allí cursos sobre tácticas contrainsurgentes, inteligencia política y operaciones psicológicas. Cerca de 400 oficiales de las Fuerzas Armadas asitieron a esos cursos en los últimos dos años.
"Es una escuela de asesinos", donde se enseña a torturar, afirma la organización no gubernamental estadounidense School of Americas Wacht, diirigida por el sacerdote Roy Borgeois.
De acuerdo con documentos oficiales difundidos por medios de prensa, al menos 20 oficiales formados en la Escuela de las Américas están a cargo del combate a la guerrilla zapatista y al también mexicano Ejército Popular Revolucionario.
Pero la Secretaría de Defensa reitera que no existen violaciones a las garantías civiles en las tareas contrainsurgentes, sino solo la defensa de la ley y el orden.
Hace 10 años rara vez los reflectores apuntaban a los militares mexicanos. Pero ahora están en el centro de la escena por su papel en la lucha contrainsurgente y el narcotráfico.
Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres, México cuenta con el segundo mayor ejército de América Latina y es el tercer país de la región en cuanto a gasto militar, detrás de Brasil y Argentina. (FIN/IPS/dc/mj/hd/98
