El agricultor libanés Ali Shreif, de 40 años, arranca una pequeña rama de un árbol y demuestra cómo se obtiene el hachís: "primero secas el cáñamo al sol, y cuando llega el frío raspas el residuo y obtienes el polvo".
En tiempos de la guerra de Líbano, ese simple proceso hizo rico a Shreif, quien trataba así el cannabis para obtener el hachís, una droga que vendía a unos 1.500 dólares por kilo, a razón de unos 500 kilos por año.
Pero cuando se acabó la guerra, en 1990, el negocio de Shreif entró en crisis. El gobierno, que resucitaba de las cenizas de la anarquía, fue presionado por Washington y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para terminar con la producción ilegal de drogas.
El negocio había florecido durante casi 20 años en el valle de Beka'a, donde se producía marihuana, heroína y hachís de alta calidad que luego eran traficados en diversas partes del mundo.
El gobierno envió al ejército para destruir inmensos cultivos y quemar las plantas, mientras entregaba a los agricultores recursos procedentes de Estados Unidos y la ONU destinados a financiar cosechas alternativas de tabaco y hortalizas.
Cada vez que un agricultor rebelde trataba de reiniciar el cultivo ilegal de cannabis, los soldados reaparecían para destruir la siembra o los retoños de las plantas.
Siete años después, la mayoría de las promesas de Estados Unidos y la ONU no se han cumplido, y miles de agricultores pobres quedaron sin fuentes alternativas de ingresos en una de las regiones más deprimidas de Líbano.
En 1994, países donantes entregaron 5,5 millones de dólares para financiar la primera fase del proyecto de sustitución de cultivos que realiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinados a comprar equipos, fertilizantes y semillas.
Pero el año pasado, cuando se realizó la conferencia "Amigos de Líbano" en Washington con el fin de recaudar fondos para el proyecto del PNUD, no hubo ni un solo país que se ofreciera para contribuir.
Líbano y la ONU reunieron siete millones de dólares para tratar de mantener este proyecto a flote, pero esa cantidad está muy por debajo de los 53 millones que requerían los encargados de esta estrategia.
"Hemos hecho lo posible por conseguir la cooperación de la comunidad internacional, pero hasta ahora no logramos ningún compromiso serio al respecto", dijo el funcionario de programas del PNUD, Zeinah Ali Ahmed.
El gobierno ataca los nuevos cultivos de cannabis, dijo Ahmed, pero se preguntó cuánto tiempo podrá mantenerse ese control si no hay recursos para generar nuevas fuentes de ingresos.
Los agricultores de la antigua ciudad de Baalbek, ubicada en pleno valle del Beka'a, aseguraron que la escasez de recursos obligó a muchos de ellos a buscar refugio en las montañas, donde continúan cultivando el cáñamo sin ser molestados por las autoridades.
Otros acopian recursos y cultivan opio o cannabis en terrenos abandonados cercanos a la ciudad, y cosechan su producción por las noches.
Más de una vez, la policía fue atacada por agricultores enfurecidos que golpean a los efectivos, queman los vehículos y demandan a viva voz la legalización del cultivo.
Incluso, algunos ya cuentan con grupos armados para defenderse de las incursiones militares en las montañas.
"El gobierno nos quitó el negoció", protestó Shreif, quien ya intentó plantar su cáñamo en tres oportunidades, lo cual provocó numerosas intervenciones de la policía. Ahora se dedica al tabaco, pero no está contento.
"Para mí, la solución es volver al hachís. Si el gobierno nos dejara tranquilos seríamos muy felices", comentó.
El problema de los cultivos ilegales se agravó en marzo, cuando la televisión entrevistó a un cultivador de hachís armado que se ocultaba en el monte Hermel. Las protestas del público obligaron a suspender el programa, mientras la policía se lanzaba en persecución del agricultor.
"La situación fue muy tensa, los agricultores estaban convencidos de que ni el gobierno ni las agencias de desarrollo los apoyarían", dijo el periodista libanés que realizó la entrevista, quien pidió no mencionar su nombre.
Agregó que hay unos 100 agricultores dedicados al cáñamo en las montañas. "Ellos decidieron que querían seguir con el hachís, y ahora hay un montón de hachís en la zona", afirmó.
Entre tanto, el Congreso de Estados Unidos aprobó 60 millones de dólares para un programa de cinco años destinado a mejorar el ambiente, financiar iniciativas de mujeres y promover la democracia en Líbano.
Gran parte de esos recursos son destinados al medio rural con el fin de mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Pero el encargado del proyecto, Ghassam Jamous, admitió que el objetivo principal no es la erradicación de las drogas.
"No somos policías, sólo pretendemos ayudar a los agricultores a dejar los cultivos ilícitos y optar por otros que podrían ser beneficiosos para ellos", explicó Jamous.
Pero en las empobrecidas aldeas del Beka'a, nadie cree que sea un buen negocio cultivar pepinos en vez de cáñamo. Cuando producía hachís, Shreif se compraba un automóvil por año. Ahora vende papas a un dólar y medio por kilo, y debe 10.000 dólares al banco.
"Añoro la guerra", confesó Shreif. "Si Dios quiere, volveremos a tener una. La vida era mucho más fácil en esos tiempos". (FIN/IPS/tra-en/dho/rj/lc-ml/ip/98
