Los funerales de las víctimas del atentado con bomba del sábado en Irlanda del Norte procedieron hoy con el sepelio de una madre embarazada de mellizos y su hija de 18 meses.
Cientos de personas concurrieron este martes al sepelio de Avril Monaghan, una católica de 30 años que había ido de compras a la localidad de Omagh junto a su pequeña hija y su madre, de 65 años, quien será sepultada este miércoles junto a otras cuatro víctimas.
En el ataque murieron 28 personas, 220 resultaron heridas y más de 100 están hospitalizadas, ocho en condiciones críticas.
Mientras, organizaciones civiles urgieron al primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, a no permitir que el operativo de seguridad en Irlanda del Norte ponga en peligro el respeto de los derechos humanos.
"Los culpables de la atrocidad del sábado deben ser castigados, pero las medidas de seguridad en el pasado resultaron injustas en algunos casos", dijo Jane Winter, directora de British Irish Rights Watch, que supervisa la dimensión de los derchos humanos en el conflicto irlandés.
Exhortaciones a la justicia y una retribución inmediata se produjeron horas después de la explosión del sábado en un área comercial en Omagh, el peor ataque terrorista en la historia de Irlanda del Norte.
Aunque nadie se atribuyó la responsabilidad por el ataque, se sospecha del grupo llamado "IRA Real", escindido del Ejército Republicano Irlandés (IRA), que el año pasado anunció un cese del fuego y respaldó un acuerdo políticamente negociado.
Cinco hombres fueron detenidos el lunes por policías que investigan el atentado con bomba, e interrogados por la policía de Irlanda del Norte en Belfast.
El lunes la secretaria de Gran Bretaña para Irlanda del Norte Mo Mowlan y el ministro de Justicia irlandés John O'Donoghue se reunieron durante tres horas para discutir nuevas medidas de seguridad.
Estas incluyen más operativos fronterizos de la policía irlandesa y británica y medidas para facilitar la detención de personas por ser integrantes de "organizaciones terroristas". Otras medidas fueron mantenidas en secreto.
Políticos de línea dura de Irlanda del Norte pertenecientes a la mayoritaria comunidad protestante demandaron la reintroducción de la detención indefinida sin juicio de sospechosos terroristas, el despliegue de más efectivos en la provincia gobernada por Gran Bretaña y el abandono de planes para liberar a prisioneros irlandeses.
A los políticos se sumó el ex guerrillero del IRA y luego informante Sean O'Callaghan, quien promovió la detención sin juicio en un comentario editorial en el diario conservador Daily Telegraph.
"Con el internamiento de unos 100 terroristas, el gobierno irlandés podría, con un golpe quirúrgico, hacer mucho por la gente de Irlanda del Norte", aseguró O'Callaghan.
Pero Maggie Burns, del Comité de Administración de Justicia (CAJ), órgano defensor de los derechos humanos con sede en Belfast, dijo que estaría "muy preocupada" si se pierde el centro en los derechos humanos que tuvo el acuerdo de paz firmado en abril.
"Creemos que los poderes de emergencia en vigor en Irlanda del Norte, en particular la detención sin juicio, fueron ineficaces, y de hecho alimentaron el conflicto. Has sido parte del problema, y crearon un enorme contragolpe", dijo Burns.
Grupos de derechos humanos destacan que las medidas de emergencia existen en Irlanda del Norte de una y otra forma desde la partición de Irlanda en la República de Irlanda e Irlanda del Norte como provincia británica en 1921.
Sospechosos de terrorismo aún son juzgados sin un tribunal, dijo Burns, y agregó que las potestades de detención y cacheo son rutinariamente ejercitadas por fuerzas de seguridad británicas, en especial en áreas católicas y de la clase trabajadora de católicos y protestantes.
Grupos de derechos humanos están preocupados por sospechosos detenidos sin acceso a abogados defensores, una violación que ha sido criticada por la Corte Europea de Derechos Humanos, y ante disposiciones que permiten a sospechosos de terrorismo ser detenidos durante siete días sin concurrir ante una corte.
Irlanda del Norte forma parte del grueso de la sección sobre Gran Bretaña en el informe anual 1998 de Amnistía Internacional, el que denuncia "acusaciones de maltrato de parte de agentes de policía e informes sobre violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad". (FIN/IPS/tra-en/dds/rj/lp/ip hd/98
