Tania Facussé, sobrina del presidente de Honduras, Carlos Flores, fue liberada la madrugada de hoy luego de intensas negociaciones entre los secuestradores y su familia, que habría pagado un rescate de 425.000 dólares.
Facussé, raptada la noche del martes por tres desconocidos cuando conducía su automóvil hacia su casa en la zona residencial Lomas del Guijarro, fue dejada en el centro de la capital en las inmediaciones del privado Hospital Viera, donde fue atendida por los médicos.
Una enfermera dijo que Tania entró pidiendo auxilio y un teléfono para comunicar su liberación a la familia. Los alrededores del hospital fueron cercados de inmediato por la policía en un infructuoso intento por dar con los secuestradores.
El empresario Adolfo Facussé, tío de la joven, dijo que la liberación fue un "milagro", porque su familia, dijo, no pagó rescate alguno. "Estábamos negociando y dispuestos a pagar, pero parece que los secuestradores se arrepintieron y optaron por devolvernos a Tania", dijo.
"Yo creo que esto evidencia que los malos no son tan malos y que todavía hay gente buena en Honduras. Presumo que ellos se asustaron por la condena pública de la sociedad y entonces se arrepintieron", repetía con insistencia para desvirtuar las versiones sobre el pago por el rescate.
Radio América, que se convirtió en el contacto entre los plagiarios y la familia Facussé, aseguró el jueves que Tania sería liberada mediante el pago de unos 425.000 dólares, algo que la familia en principio no descartó, pero que ahora se resiste a admitir.
Tania Facussé es sobrina del presidente Carlos Flores e hija del empresario Mario Facussé, aspirante a la presidencia por el opositor Partido Nacional.
Flores condenó el secuestro y ordenó este viernes la salida de los militares a las calles, al tiempo que anunció la emisión de un decreto de emergencia para dotar de helicópteros, armas y vehículos a la policía.
La familia Facussé, representante de una de las familias más adineradas de esta nación centroamericana.
El secuestro obligó al gobierno a acelerar una serie de medidas en materia de seguridad ciudadana, luego de un fuerte reclamo de empresarios y políticos que acusaron el jueves al gobierno de no combatir "diligentemente" la violencia y la criminalidad.
A su vez, el obispo de Juticalpa, en el nororiental departamento de Olancho, Mauro Muldoon, emitió una carta pastoral donde condena el clima de inseguridad ciudadana en el país y afirma que se "carece de voluntad política para resolver los problemas".
La carta pastoral "es más que una reflexión teológica y moral, ya que la iglesia no puede estar de brazos cruzados acompañando en el dolor a sus fieles sin hacer un llamado serio sobre las causas de la violencia en este país", dijo Muldoon a IPS.
El religioso afirmó que su documento, de unas 100 páginas, procura "despertar la conciencia en Honduras, donde los valores morales y éticos parecen estar siendo sustituidos por el culto a la impunidad, la corrupción y la deslealtad".
"El gran problema en Honduras, parecen ser las estructuras políticas. Los gobiernos y los políticos no quieren hacer nada y entonces los signos de muerte cobran cada vez mayor presencia que los signos de vida en este país. Hay que frenar esto ya", dijo el influyente obispo Muldoon.
Tegucigalpa vive en los últimos dos años una creciente inseguridad ciudadana, producto de la violencia y la delincuencia que azota a toda América Central. En este contexto, se registraron unos 50 secuestros en ese período.
No obstante, fue el año pasado cuando estos delitos afectaron los círculos de poder de este país con el secuestro y asesinato del hijo del empresario Ricardo Maduro.
La policía capturó a la banda de los hermanos Bustillo, responsable del secuestro del hijo de Maduro y del de otros comerciantes y vinculados con redes policiales y militares. Sin embargo, la banda escapó hace dos semanas de la cárcel.
Las autoridades policiales investigan la posible participación de los hermanos Bustillo en el secuestro de Tania Facussé.
Los grupos humanitarios sostienen que los Bustillo son parte de un "comando operativo especial" conformado por militares, ex militares, policías y delincuentes dedicados a sembrar el clima de inseguridad mediante asaltos, robos, secuestros, chantajes y otros delitos.
El gobierno de Flores anunció la creación a fines de este año de un ministerio a cargo del diseño de una política de seguridad pública y ciudadana en el país, que a diario exigen sectores de la sociedad civil, empresarios y políticos opositores. (FIN/IPS/tm/mj/ip/98
