El gobierno de España ratificó hoy su negativa a otorgar asilo político al ex militar Billy Joya Améndola, acusado en Honduras de la desaparición forzada de 187 personas por causas políticas e ideológicas en los años 80.
El embajador de España en Honduras, Carlos Gómez Mugica, dijo que su país mantiene firme su decisión de no conceder asilo a Joya y que "mantiene abierta la posibilidad de expulsarlo o extraditarlo cuando las autoridades hondureñas lo soliciten".
"Este señor pronto entrará en una situación migratoria irregular al vencerse su estadía en mi país. En ese momento, se tomará una decisión sobre su permanencia y lo único que puedo aseverar es que no le vamos a dar asilo político", aseveró Gómez.
Joya, ex miembro del batallón de la muerte 3-16, responsable de ejecución extrajudicial de personas, se encuentra en Sevilla, donde, según distintos informes, posee un restaurante y recibe cada mes de Tegucigalpa dividendos de una empresa privada de seguridad que comparte con un familiar.
El no estatal Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) denunció hace tres semanas el paradero de Joya y exhortó a las autoridades hondureñas a tramitar su extradición, pero la falta de un convenio entre Tegucigalpa y Madrid impide esa acción.
Pero España propuso a Honduras el retorno del ex militar bajo la figura de la "extradición pasiva", contemplada en los convenios internacionales, para lo cual la Fiscalía y un tribunal de Tegucigalpa ya realizaron las gestiones correspondientes.
En la última semana, informes procedentes de Madrid indicaron que la embajada de Honduras fue objeto de un misterioso robo de donde se sustrajeron siete pasaportes, y, según el presidente del CODEH, Ramón Custodio, los mismos pudieron ser "robados para dárselos a Billy Joya".
"Tememos que esos pasaportes sirvan para Joya y otros militares prófugos de la justicia, cuyo paradero estamos ubicando para dar a conocer en su momento", dijo Custodio a IPS.
Pero el canciller Fernando Martínez negó que la pérdida de esos pasaportes sirva para prolongar la estadía del ex militar en cualquier país europeo.
"Hemos dado instrucciones a nuestros funcionarios de no revalidar ningún documento a ese señor. Quien lo haga será llevado a los tribunales", afirmó Martínez.
Además, sostuvo, se dio la alerta migratoria en España y se reportó el robo de esos documentos. "Si son presentados por cualquier persona que tenga cuentas pendientes con la justicia hondureña, inmediatamente será detenido y puesto a la orden los tribunales", agregó.
Joya es considerado una pieza clave en el esclarecimiento de las desapariciones en Honduras. De acuerdo con un informe oficial publicado en 1993, él fue el enlace de los militares hondureños con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y con oficiales argentinos.
Conocido como el "comandante Arrazola", Joya escribió hace dos años un libro que narra su versión de las violaciones de derechos humanos en Honduras, al tiempo que pidió perdón al pueblo y dijo estar dispuesto a enfrentarse a la justicia.
Sin embargo, prefirió huir cuando la Fiscalía exigió su comparecencia en los juzgados.
Las Fuerzas Armadas de Honduras volvieron a pedir el lunes, por segunda vez en 10 días, una amnistía para los militares prófugos de la justicia y dieron su respaldo "moral" a Billy Joya, a quien consideran víctima de la "venganza" de los grupos de izquierda.
En su programa radial semanal, los militares hondureños exhortaron al olvido y el perdón de los hechos ocurridos en la década pasada, llamaron a la reconciliación y aseguraron que los oficiales prófugos no se presentarán mientras "no exista una verdadera justicia".
El CODEH anunció este martes que cualquier amnistía que se les otorgue a los militares atenta contra la paz y la democracia y pone al país en peligro de una demanda internacionalmente.
En 1987, Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica por la desaparición de dos personas y fue obligada a pagar una indemnización a sus familiares.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que si el gobierno dispone una amnistía a los militares no dudarán en recurrir de nuevo a esta instancia internacional.
"Parece que a los gobiernos hondureños no les gusta tomar las cosas en serio. No es posible que olvidemos y perdonemos, como nos piden los militares, bajo un manto de impunidad y dolor sin que exista justicia", dijo Custodio.
El gobierno del Carlos Flores, que lleva seis meses de asumido, no da muestras por ahora de tener una política definida en materia de derechos humanos y el esclarecimiento de las desapariciones.
Los más cercanos colaboradores de Flores insinúan que el país debe dejar el "negativismo" y construir una "nueva agenda" de cosas "positivas".
No obstante, la situación de los derechos humanos sigue siendo un problema pendiente en este país centroamericano, donde se inició hace cuatro años un fuerte proceso de desmilitarización, reacomodo de las relaciones cívico-militares y empeños por acabar con la impunidad. (FIN/IPS/tm/mj/hd/98
