Estados Unidos suspendió una ayuda de cuatro millones de dólares al Poder Judicial de Honduras como reacción a la condena a 10 años de prisión por homicidio de un ciudadano estadounidense que alega legítima defensa.
El fallo de la justicia hondureña indignó a un grupo de senadores en Washington, informó el portavoz de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Marti Estell, al anunciar el "congelamiento" de esa ayuda, destinada a la capacitación de funcionarios judiciales.
Estell explicó el miércoles que los senadores dudan de "la forma como marcha la justicia en Honduras" y que "quieren ver mejoras sustanciales". La suspensión de la ayuda "no debe entenderse como chantaje o presión por parte de Estados Unidos", dijo.
"Nosotros no presionamos a nadie. Somos respetuosos de la independencia en los países y, si bien el Poder Ejecutivo no comparte la posición de los congresistas, ellos son libres de decidir el congelamiento de esta ayuda" porque en Washington "existe una independencia de poderes", enfatizó.
La decisión estadounidense fue interpretada en círculos políticos como un "nuevo chantaje" de Estados Unidos para que se libere a Patrick Valle, sentenciado a 10 años de cárcel por la muerte del hondureño Luis Roberto Ramírez hace cinco años.
Valle, quien se encontraba entonces en Honduras para administrar propiedades de su familia valuadas en 200 millones de dólares, tuvo altercados con terratenientes que, al parecer, pretendían quitarle tierras y que llegaron a tenderle emboscadas.
El estadounidense aseguró haber matado a Ramírez en defensa propia en uno de esos episodios, al ser amenazado por el hondureño en el valle de Talanga, en el centro del país.
"Todo prueba que mi acción fue en defensa propia, pero la justicia de este país es tan corrupta que han comprado a un par de magistrados para hundirme y quitarme mis propiedades", dijo Valle este jueves.
El caso llamó la atención de las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, entre ellas la ABC, que envió a un periodista a Tegucigalpa para investigar la situación y presentar un amplio reportaje titulado "Extraña justicia".
El informe, retransmitido la semana pasada por la televisión de Tegucigalpa, muestra al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Avila, admitiendo que las leyes en este país son aplicadas muchas veces "bajo el poder de Don Dinero".
Avila reconoció la impunidad que reina por omisiones del Poder Judicial, habló de sus esfuerzos por depurarlo y terminar con el tráfico de influencias y el retardo en las sentencias, por culpa del cual muchos reos están en prisión sin haber sido sometidos aún a juicio.
El presidente de la Corte Suprema sostuvo, luego de la emisión del reportaje, que sus declaraciones habían sido tergiversadas. Un tribunal de Tegucigalpa decidió 24 horas despúes de la emisión del programa condenar a Valle a diez años de cárcel por homicidio simple.
Avila aseguró este jueves que la sentencia "ya estaba lista y en nada influyó ese reportaje para emitir un juicio", porque Valle "es culpable de homicidio y fue condenado".
"Voy a proceder contra esa cadena de televisión por tergiversar mis declaraciones. Quiero dejar claro que no vamos a aceptar chantajes ni presiones de ningún tipo por parte de Estados Unidos para torcer la ley a favor de determinadas personas", sostuvo.
"Esta humillación que nos está haciendo nuevamente Estados Unidos no tiene nombre, pero no vamos arrodillarnos a un país que, si bien es potencia, no tiene por qué tratar así a un aliado y que debe respetar su soberanía y sus leyes", afirmó Avila.
La vicepresidenta del país, Gladys Caballero, anunció la prohibición de la entrada de periodistas extranjeros a la cárceles hondureñas para que "hablen con los reos y exhiban cómo se vive en esos centros".
"El caso de Valle es solo una manipulación y una campaña de las cadenas televisivas de Estados Unidos contra la justicia hondureña", declaró.
La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa negó que la suspensión de la ayuda obedezca a la intención de presionar, pero criticó el desempeño de la justicia hondureña y reclamó la revisión de la sentencia contra Valle.
Este es el segundo choque diplomático entre Honduras y Estados Unidos en lo que va del año. El primero, hace cuatro meses, respondió tanto a la deportación de ilegales hondureños y a las sanciones económicas impuestas por Washington por violaciones de los derechos de autor y la propiedad intelectual.
Grupos opuestos a la política internacional estadounidense llevan agua a su molino, pero el presidente Carlos Flores pidió este jueves "prudencia" para no alterar las "excelentes" relaciones bilaterales.
Honduras aduce haber sido durante décadas un aliado "incondicional" de Estados Unidos y hoy se lamenta de la reversión de la "cordialidad" por parte de Washington.
El gobierno estadounidense cuestiona hace varios años el manejo de la justicia hondureña.
El caso de Valle y las denuncias de la Fiscalía del Estado en torno a la impunidad con que actúan jueces corruptos pusieron a este poder en la picota pública. La Suprema Corte comenzó esta semana a destituir jueces por tráfico de influencias y aceptación de sobornos. (FIN/IPS/tm/mj/ip hd/98
