El gobierno de Honduras anunció hoy la firma en octubre de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye la privatización de la compañía teléfonica del país (Hondutel) y otras medidas de ajuste.
La ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, dijo que todo esta listo para firmar el documento en octubre, luego de un ajuste estructural hace tres meses que aumentó impuestos y allanó en el Congreso el camino para privatizar la Hondutel.
Núñez dijo que concretar el acuerdo con el FMI permitirá a Tegucigalpa reiniciar su diálogo para la condonación o renegociación de la deuda externa con el Club de París, que reúne a los países acreedores.
Además, "tendremos acceso a recursos frescos que servirán para apoyar los programas de Salud y Educación", agregó la ministra, que viajó este miércoles a Washington para firmar un crédito por 81 millones de dólares con el Banco Mundial destinado al sector social.
Núñez recordó que Honduras no suscribe hace tres años una carta de intención con el FMI debido al incumplimiento de las metas macroeconómicas del gobierno de Carlos Reina (1994-1998), antecesor del actual presidente, Carlos Flores.
El gobierno de Reina, dijo la ministra, no pudo cumplir las metas de ajuste estructural, lo que obligó al FMI a aplicar un programa de control de acuerdo con el cual se entregaban los recursos de a poco, con constantes evaluaciones técnicas a cargo de delegaciones del organismo multilateral.
Este programa impidió que el país fuera inelegibilidad para nuevos créditos, pero también bloqueó las negociaciones con el Club de París por una deuda externa estimada en unos 1.000 millones de dólares. La meta del gobierno es lograr una condonación de 50 por ciento.
La ministra señaló que los compromisos que se firmarán en octubre suponen una una aceleración de los programas de privatización, estancados hace ocho años.
El gabinete técnico inició hace tres semanas una fuerte ofensiva en el Congreso para acelerar la privatización de Hondutel, uno de los requisitos del FMI para la firma de la carta de intención que le permitirá al país acceder a recursos de otros organismos financieros internacionales.
La venta de Hondutel está estimada en unos 1.000 millones de dólares, pero los congresistas quieren que 51 por ciento de los activos queden en manos del Estado, destinar dos por ciento a los empleados y ofrecer el resto a los inversionistas interesados.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, dijo que en esas condiciones es difícil encontrar un socio atractivo, por lo que intenta convencer a los congresistas para que modifiquen su postura inicial y se abran a una privatización total de la firma.
La ministra de Finanzas prevé que en octubre las pláticas para la privatización de Hondutel estarán muy avanzadas.
Los funcionarios del FMI "son conscientes de los esfuerzos que estamos haciendo en esta materia. Haber abierto la discusión y generado un ambiente propicio a la inversión ya es, para ellos, un logro sustancial", dijo.
"Nosotros pensamos que con estos esfuerzos no habrá mayores complicaciones" para firmar la carta de intención, "pues necesitamos recursos frescos para invertir, generar empleo, estabilizar las finanzas y combatir fuertemente el problema de la pobreza", dijo Núñez.
Martin Barahona, del Colegio de Economistas de Honduras, manifestó que la tardanza en las negociaciones con el FMI perjudicará a Honduras porque este año "se fue sin obtener fondos frescos".
"Nos atrasamos doce meses en el cumplimiento de metas económicas y solo queda el otro año para poder avanzar algo", explicó. La duración de cuatro años de los gobiernos limita en parte el cumplimiento de compromisos porque "para el 2000 estaremos en abierta campaña electoral", dijo.
"Solo en los dos primeros años de gobierno es que una administración puede hacer algo, porque el resto es tiempo perdido por la política", según Barahona.
Sin embargo, el gobierno de Flores insiste en atribuir el atraso de las negociaciones a que no aceptarían grandes "condicionalidades", por lo que se llevó las pláticas por un camino prudente de beneficio mutuo.
Honduras lanzó en 1990 programas de ajuste económico fiscal y monetario que afectaron a la población. Se estima que ocho cada 10 hondureños viven en situación de pobreza y extrema pobreza a causa de los ajustes, según cifras oficiales.
En los últimos ocho años, estos programas se han aplicado con mayor fuerza debido a que cada gobierno, al finalizar, no logra cumplir las metas por compromisos políticos, lo cual, en cierta medida, genera malestar en los organismos multilaterales de crédito.
Pero el gobierno está comprometido, en su tercer programa de ajuste económico consecutivo, a privatizar y liberar los precios de los combustibles, algo que ya insinuó hace cuatro meses, así como a aplicar nuevos impuestos y aumentar las tarifas de electricidad, agua y teléfonos. (FIN/IPS/tm/mj/if/98
