El gobierno de Ghana comenzó a entrenar a las parteras para limitar las complicaciones causadas por los abortos ilegales, que son la principal causa de muerte de las mujeres entre 15 y 44 años en este país africano.
Todos los años mueren unas 1.200 mujeres tras someterse a abortos en condiciones inseguras, informó la ministra de Salud Pública, Eunice Brookman Amissah. Ghana tiene una población de casi 17 millones.
Omayma, de 16 años, no se dio cuenta de que estaba embarazada hasta los tres meses, cuando sus padres le arreglaron un aborto legal. La joven tuvo suerte, pues la ignorancia, la pobreza y el estigma en muchos casos llevan a las mujeres a confiar en personas no capacitadas para terminar sus embarazos.
Las adolescentes son especialmente vulnerables. "Nuestros padres, los trabajadores de la salud y las organizaciones religiosas no nos ayudaron a manejar nuestra sexualidad. Su actitud crítica hace que las adolescentes sigan teniendo embarazos no deseados", dijo Omayma.
En el mundo se practican unos 20 millones de abortos inseguros por año, que provocan 80.000 muertes. Pero la Organización Mundial de la Salud señala que, de las complicaciones durante el embarazo y el parto que provocan muerte y discapacidad, el aborto inseguro es una de las más fáciles de prevenir y tratar.
El gobierno de Ghana comenzó a descentralizar los servicios de atención reproductiva y a entrenar a las parteras en casos de emergencia provocados por abortos inseguros y ciertos tipos de abortos espontáneos, que antes sólo podían tratar los médicos.
Brookman Amissah cree que si se entrenan todas las parteras, se podría revolucionar la atención médica en Ghana y otros países africanos. Pero la ministra reconoce que fue difícil persuadir a la profesión médica, integrada en su gran mayoría por hombres.
"Muchos consideraban una blasfemia entrenar a las parteras. Obstetras y ginecólogos se opusieron. Algunos funcionarios tuvieron que ser persuadidos para dar su apoyo al proyecto", dijo la ministra a Panos.
Hasta 1996, los médicos, la mayoría residentes en centros urbanos, eran los únicos capacitados para tratar a las pacientes que se sometieron a abortos. Pero 70 por ciento de la población vive en el interior, donde residen y trabajan tres veces más parteras que médicos.
El proyecto de entrenamiento es parte del Programa de Maternidad Segura, en el que participan el Ministerio de Salud Pública, la Asociación de Parteras de Ghana y la organización no gubernamental estadounidense Ipas.
Cuarenta parteras de la Región Oriental, una de las 10 provincias de este país, fueron asesoradas y capacitadas en el uso de la aspiración manual, que elimina materia fetal del útero en caso de un aborto o malparto incompleto.
Comfort, una de las aprendices, dirige una clínica privada de maternidad en una aldea a tres horas de viaje por automóvil del centro médico más cercano en el este del país. Su primera paciente fue Akua, embarazada de tres meses que llegó una noche con una fuerte hemorragia.
Comfort "diagnosticó el malparto y con la ayuda de otra partera limpió el útero", dijo Akua. Una hora después, mientras la paciente descansaba, la partera la asesoró sobre anticonceptivos que la pueden ayudar a impedir un embarazo no deseado.
Al amanecer, Akua volvió a su casa, luego de haberse ahorrado el largo y costoso viaje al hospital más cercano.
Las parteras aseguran que el entrenamiento mejoró su posición y creó mayor confianza y respeto en su relación con los médicos, opinión compartida por éstos.
Las pacientes también se benefician con el módico costo de la aspiración manual realizada por las parteras, de cinco dólares, frente a los 275 dólares que cobran los hospitales urbanos.
Pero la falta de información hace que la mayoría, incluso muchos trabajadores de la salud, crea erróneamente que el aborto es ilegal en todas las circunstancias.
La ley de aborto permite desde 1985 que los médicos interrumpan el embarazo si es provocado por violación o incesto, si corre peligro la salud física o mental de la madre o en casos de enfermedad o anormalidad del feto.
"Los médicos y otros trabajadores de la salud lucran con el aborto debido a la confusión sobre la interpretación de la ley", aseguró Fred Sai, de la Asociación de Planificación Familiar.
"Las tarifas pueden ser muy elevadas. A las pacientes se les hace creer que están pidiendo un favor clandestino que puede poner en peligro la carrera o la posición del profesional", acusó.
Los defensores de los derechos de la mujer deben organizar campañas para ayudar a la sociedad a comprender el alcance de la ley, y la información y los servicios para los adolescentes se deben tratar con prioridad, exhortó. —— (*) IPS pone a disposición de sus suscriptores este material por un acuerdo de distribución con la institución internacional de comunicación Panos Features, de Londres. (FIN/PANOS/tra-en/ra/dds/aq-ml/he/98
