Los partidos nacionalistas del País Vasco, en España, radicalizaron sus demandas independentistas ante el aumento de la intención de voto a partidos "españolistas" para las elecciones del parlamento local del 25 de octubre.
Una encuesta encargada por el gobierno autónomo vasco indica que el centroderechista Partido Popular (PP, que gobierna España), y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) serían las únicas fuerzas que verían aumentar sus bloques parlamentarios, dos diputados cada uno.
El partido nacionalista moderado Eusko Alkartasuna (EA) perdería uno de esos escaños y pasaría a tener siete, y el regionalista Unidad Alavesa (UA) perdería tres legisladores y conservaría dos.
El PSOE dispondría así de 14 diputados y el PP de 13, si el 25 de octubre las urnas confirman la previsión de la encuesta, realizada a fines de junio.
Izquierda Unida (IU, con mayoría del Partido Comunista), mantendría sus dos diputados, la coalición Herri Batasuna (HB, próxima a la organización ilegal Eta), sus 11 y y el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna la región en coalición con EA, sus actuales 22 legisladores.
El parlamento resultante de las elecciones de octubre designará al gobierno autónomo, que tiene amplias competencias en materia de educación, salud, economía, hacienda, turismo y ambiente, así como de orden público a cargo de su propia policía.
Las previsiones de la encuesta explican la radicalización del PNV en la cuestión independentista y las posiciones favorables a mantener contactos y dialogar con HB e incluso con ETA, posición esta última en la que coincide con el PSOE.
El líder del PNV, Xabier Arzallus, dijo al periódico vienés Der Standar que los vascos se sienten como checos y eslovacos bajo el imperio de Austria encabezado por Francisco José (1848-1916) y que su máxima aspiración es tener un Estado propio, dentro de la Unión Europea.
Esta es la primera vez desde la democratización de España, tras la muerte del dictador Francisco Franco (1975), que el PNV plantea abiertamente su demanda de un Estado independiente.
Antes, su negativa a aceptar expresamente la Constitución española de 1978 fue interpretada como una reserva para alentar el separatismo cuando lo considerase oportuno.
Al mismo tiempo, el PNV y EA se manifestaron favorables al diálogo con HB e, incluso, a la posibilidad de negociar y aceptar su apoyo para constituir el gobierno autónomo después de las elecciones del 25 de octubre.
El consejero (ministro) de Justicia del País Vasco, Sabin Intxaurraga, que pertenece a EA, dijo que HB ha demostrado en su actividad parlamentaria poseer "madurez política".
Por otro lado, el candidato a presidente vasco por el PNV y actual vicepresidente, Jun José Ibarretxe, consideró importante que HB "se incorpore a la política de las instituciones vascas".
El PSOE se manifiesta partidario de que el futuro gobierno vasco conduzca el proceso de pacificación y "sondee" a ETA y su entorno, según el borrador del programa electoral al que tuvo acceso IPS.
Otra encuesta, también encargada por el gobierno autónomo, indica que 77 por ciento de los vascos son partidarios de poner fin a la violencia a través del diálogo y rechazan la acción exclusivamente policial contra ETA.
Los contrarios a esa posición coinciden, en líneas generales, con los votantes del PP.
La política de ese partido, tanto en el País Vasco como en el resto de España, consiste en fortalecer la actuación policial, respetando la legalidad, y dialogar con ETA y HB recién cuando la organización ilegal abandone las armas.
En el marco de esa actividad policial en los últimos meses se amplió la investigación y procedimientos contra ETA.
El 28 de mayo, con la detención de 10 personas y el registro de 20 domicilios, siete empresas y dos bancos, comenzó el desmantelamiento del aparato calificado por el juez Baltasar Garzón de organización financiera ilegal al servicio de ETA.
A mediados de julio, Garzón ordenó el allanamiento y cierre de la empresa editora del diario independentista Egin y la prisión de diez de sus directivos, por evidencias de que era financiado por la organización intervenida el 28 de mayo.
Ahora, según fuentes próximas al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, uno de los máximos dirigentes del PP en el País Vasco, se está gestando una tercera operación judicial, apoyada por información policial, orientada contra el entorno financiero legal de ETA.
Así, en tanto que el PNV, el PSOE, EA e IU se muestran más sensibles a las demandas nacionalistas para ganar votos, el PP se reafirma en su política, a pesar del ataque continuo a sus dirigentes y a la violencia callejera impulsada por Eta a través de movimientos juveniles sin estructura legal. (FIN/IPS/td/mj/ip/98
