El presidente de Perú, Alberto Fujimori, sopesa la conveniencia de asistir el próximo lunes al acto de investidura del nuevo mandatario de Ecuador, Jamil Mahuad, como gesto amistoso, o mantenerse en el clima de tensión creado por un incidente militar en la frontera.
Dos oficiales del ejército peruano resultaron heridos el 29 de julio, debido al estallido de una mina que, según aseguró Fujimori, fue sembrada por soldados ecuatorianos infiltrados en territorio de Perú.
Fujimori condenó "la infiltración de fuerzas armadas ecuatorianas en territorio peruano", ordenó el desplazamiento de tropas de la Sexta Región militar a bases Ciro Alegría y "PV1", ubicadas en la zona de la Cordillera del Condor, escenario de la guerra de 1995.
Pero también garantizó la continuación de las negociaciones de paz con Ecuador.
La noticia sobre aprestos militares a ambos lados de la frontera causó incertidumbre sobre las conversaciones diplomáticas que Ecuador y Perú mantienen para solucionar un antiguo diferendo limítrofe que los ha enfrentado en tres guerras en los últimos 60 años.
Los analistas han advertido que la reiteración de incidentes en la frontera podría poner la situación fuera de todo control, pero también creen que la presión de los cuatro países que lograron detener la guerra de 1995 acabará finalmente con la tensión.
Los presidentes de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, los países garantes del tratado limítrofe peruano-ecuatoriano de 1942, anunciaron que no viajarán a Quito para la asunción de Mahuad.
En Lima se interpretó ese anuncio como inequívoca presión diplomática sobre Ecuador para que sosiegue a los "halcones" de sus Fuerzas Armadas y les impida interferir em las conversaciones de paz y acate el fallo internacional sobre demarcación fronteriza.
La decisión de los cuatro países garantes fue tomada después de conocer los argumentos de Ecuador y Perú y expresa que los territorios de Tiwinza, Coangos, Cueva de los Tayos y Base Sur, ocupados por tropas ecuatorianas en 1995, quedan en territorio peruano.
En junio surgieron en Quito algunos indicios de que el saliente gobierno del presidente Fabián Alarcón estaba dispuesto a aceptar el fallo técnico de los garantes y a suscribir un acuerdo definitivo de paz en base al Tratado limítrofe de 1942.
Pero, al parecer, Alarcón prefirió dejar que su sucesor asuma esa iniciativa.
El proceso hacia la firma de un acuerdo definitivo de paz fue alterado por el estallido de la mina que a fines de julio hirió a dos oficiales del ejercito peruano.
Los expertos confirmaron que la mina había sido colocada hace poco y, por consiguiente, no era un residuo letal de la guerra de 1995, detenida gracias a la intervención de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos y cuya gestión logró sentar a los contendientes en la mesa de negociaciones.
Los cuatro países garantes crearon una misión militar para supervisar la paz en la frontera y dividieron las conversaciones en cuatro comisiones, que desarrollaron, de forma respectiva, la discusión sobre discrepancias limítrofes, el derecho ecuatoriano de navegabilidad por el río Amazonas, cooperación y seguridad.
La comisión de asuntos limítrofes concluyó con el dictamen de los expertos nombrados por los garantes, que recomendaron que se ajuste a la línea establecida por el Tratado de 1942.
En cuanto a la futura cooperación peruano-ecuatoriana, el gobierno de Estados Unidos encabeza un bloque internacional que aportaría unos 2.000 millones de dólares para diversas obras de integración en la zona fronteriza, oferta que constituye un suculento estímulo para el logro de una solución pacifica.
La discusión del derecho de Ecuador a la navegabilidad por el río Amazonas estuvo trabada por la exigencia inicial de Quito de un corredor territorial carretero hasta un punto navegable del río Marañón.
Por su parte, Lima replica que el derecho de navegar por los tramos del río Amazonas situados en territorio peruano fue concedido por el Tratado de 1942, en el que se señala que debe efectuarse por el río Napo, que nace en Ecuador y es navegable hasta el gran río.
Hasta el momento, el acuerdo de reserva adoptado por los litigantes y garantes no permite saber si Ecuador aceptó salir hasta el río Amazonas por el Napo o mantiene su pretensión de utilizar también el Marañón.
El problema de los dispositivos de seguridad militar recíproca, destinados a evitar una nueva guerra sorpresiva, fue dejado en suspenso hasta que se resuelvan los asuntos concretos de límites y navegabilidad.
Hasta antes del incidente de las minas sembradas en territorio peruano, se descontaba en Lima que Fujimori tendría oportunidad de conversar con Mahuad en ocasión de su toma de mando y que la reunión permitiría avanzar hacia la firma del anhelado acuerdo de paz.
Parlamentarios de diferentes tiendas políticas aconsejaron este miércoles a Fujimori que suspenda su viaje a Quito "hasta que se produzcan señales favorables por parte de Ecuador"
El presidente del Congreso, el oficialista Victor Joy Way, comentó que "Mahuad debe evidenciar que tiene voluntad de proseguir las conversaciones hacia una solución pacifica, basada en el Tratado de 1942".
El canciller Luis Gonzáles Posada propuso además que Perú exija, a través de los cuatro países garantes, que Ecuador se comprometa a ratificar el convenio internacional que prohíbe el uso de minas antipersonales.
Mientras tanto, la Misión de Observadores Militares para Ecuador y Perú (MOMEP), conformada por oficiales de los cuatro países garantes, asegura que existe tranquilidad en la frontera, pero anunció una reunión con los mandos de ambos países contendientes para el día 18. (FIN/IPS/al/mj/ip/98
