El presidente saliente de Ecuador, Fabián Alarcón, afirmó hoy, al concluir su mandato interino, que deja "un país en paz, con la democracia consolidada, una economía manejable" y en marcha la negociación con Perú para resolver el litigio fronterizo que povocó una guerra en 1995.
Alarcón administró Ecuador durante un año y medio, a instancias del parlamento, que lo puso al frente del Poder Ejecutivo después de destituir a Abdala Bucaram "por incapacidad para gobernar".
Su gobierno coincidió con la más grave crisis política, económica y social del último medio siglo en este país, cuyas consecuencias deberán ser enfrentadas por el nuevo presidente, el democristiano Jamil Mahuad.
La caída de los precios internacionales del petróleo redujo a la mitad el presupuesto del Estado, y a ese hecho su sumaron el destructivo impacto del fenómeno climático de El Niño en las provincias costeras y escándalos de corrupción que afectaron al Congreso legislativo y al propio gobierno.
En su último informe ante el Congreso, Alarcón defendió su gestión en el ámbito económico, asegurando que deja iniciados y avanzados más de 100 proyectos de desarrollo, sobre todo en los sectores petrolero y de energía eléctrica, además de las licitaciones para modernizar aeropuertos.
Según Alarcón, el crecimiento económico puede ser este año de dos por ciento, pese al déficit fiscal y a la paralización de actividades determinada por desastres naturales. Esta tasa es, sin embargo, menor al aumento de la población, que alcanza a 2,8 por ciento al año.
El presidente saliente reivindicó como aspecto sobresaliente de su mandato, haber impulsado el proceso de negociaciones de paz con Perú, país con el cual Ecuador mantiene un centenario litigio de límites en la Amazonia.
Alarcón hizo un recuento del desarrollo de esas negociaciones y reiteró el criterio ecuatoriano de que los "pareceres técnico- jurídicos" de la comisión que analizó la fijación de la frontera común en el Alto Cenepa "son solo pareceres, y no tienen carácter obligatorio para las partes".
Ecuador y Perú discrepan sobre la trayectoria que debe seguir la línea fronteriza en la zona selvática no delimitada. Mientras no superen esas diferencias no podrán firmar el acuerdo de paz previsto, pese a que han logrado consenso en otros temas, como el comercio y la integración de la región fronteriza.
Alarcón dijo haber "agotado todos los esfuerzos" para tratar de concluir las negociaciones. "El camino hacia la paz queda abierto. Habrá que continuarlo, en el marco del respeto mutuo, la dignidad y las legítimas aspiraciones de los pueblos", señaló.
En lo político, hizo un llamado a apoyar al nuevo gobierno elegido en las urnas, y dijo que "la mayor lección" de la crisis política ha sido la necesidad de subordinar los intereses de grupo a los del país.
En tanto, la prensa hizo este lunes un balance crítico del gobierno de Alarcón.
"El interinazgo no pudo cumplir con la promesa de modernizar al país; el nuevo gobierno tendrá que cambiar el color de todos los saldos rojos", sostuvo El Comercio, de Quito.
El matutino advirtió que la moneda nacional, el sucre, se devaluó 42,6 por ciento en un año y medio, el presupuesto fiscal pasó del equilibrio a un déficit equivalente a siete por ciento del producto interno bruto, y la inflación será este año de casi 40 por ciento, frente a 30,7 en 1997.
El Universo, de Guayaquil, presentó también en su primera plana un informe sobre "Las cifras que recibe Jamil", entre las cuales destaca la caida del crecimiento económico de 3,4 por ciento en 1997, a menos 3,1 por ciento en el primer trimestre de 1998.
Con el cambio de gobierno entra en vigencia una nueva Constitución, aprobada a principios del año por una Asamblea Nacional Constituyente y que consagra una serie de derechos civiles y colectivos antes no contemplados.
Entre esos capítulos se cuentan el reconocimiento de los derechos de las colectividades indígenas, de las minorías negras, de las mujeres y los niños, así como un nuevo sistema de relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ecuador tiene aproximadamente tres millones de indígenas, que han luchado en los últimos seis años por el reconocimiento formal del carácter pluricultural y multiétnico del país.
En un hecho sin precedentes, el Congreso eligió el pasado 1 de agosto a una indígena, Nina Pacari, como su segunda vicepresidenta. (FIN/IPS/amr/ff/ip/98
