La organización Amigos de la Tierra llamó al gobierno de Gran Bretaña a proteger la salud de los ciudadanos introduciendo una moratoria a los alimentos sometidos a procedimientos de ingeniería genética.
El pronunciamiento se produjo luego que se dieran a conocer públicamente los resultados de una investigación del Instituto Rowett que demostró que papas genéticamente modificadas habían dañado el sistema inmunológico de un grupo de ratas alimentadas con ellas.
La investigación también reveló que se produjo un retardo del crecimiento en aquellas ratas que fueron alimentadas con la dieta de papas transgénicas.
En un comunicado de prensa fechado el 10 de agosto, Amigos de la Tierra indica que algunos alimentos transgénicos están presentes en los supermercados y almacenes británicos, entre ellos la soja, la que se encuentra en 60 por ciento de los alimentos procesados, incluyendo chocolates, queques y pan.
Adrian Bebb, coordinador de la campaña alimentaria de Amigos de la Tierra, dijo que "el gobierno no ha terminado aún de investigar los efectos de este tipo de productos en la salud humana, pese a ello todos estamos obligados a comerlos".
Una reciente reunión internacional realizada en Ottawa a fines de mayo reveló las dificultades para que los consumidores estén informados sobre si los alimentos han sido o no sometidos a procedimientos de ingeniería genética.
El Comité sobre Etiquetado Alimentario de la Comisión del Codex Alimentarius -organismo que impone normas alimentarias internacionales- reunido en la capital canadiense, sólo aprobó la propuesta de etiquetar los alimentos transgénicos que contienen conocidos alergenos.
La oposición de algunos gobiernos y representantes de la industria persuadieron al comité a rechazar cualquier decisión sobre normas que establecieran el etiquetado obligatorio para todos los alimentos de ese tipo, como era el planteamiento de Consumers International, la mayor federación mundial de consumidores, cuya dirección central está en Londres.
De acuerdo al Director General de Consumers International, Julian Edwards, el comité ignoró "el derecho de los consumidores a saber si los alimentos que consumen han sido producidos mediante ingeniería genética". (FIN/Consumers International-IPS/98)
