Una severa crisis económica que ya lleva ocho años y el envejecimiento de la población parecen convertir a la seguridad social en Cuba en una bomba de tiempo para cuya desactivación las autoridades buscan vías adecuadas.
A partir de esta crisis, el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de poner en una balanza los intereses económicos y la justicia social, que entre sus grandes conquistas en la isla exhibe los sistemas de seguridad y asistencia sociales.
Una muestra de la prioridad otorgada por La Habana al régimen de seguridad social lo confirma el hecho de que sus erogaciones se multiplicaron por 2,4 entre 1980 y 1993, hasta más de 1.630 millones de pesos, en el año más duro de la crisis económica.
En Cuba el cambio oficial del peso establece la paridad uno a uno con el dólar estadounidense, pero en las casas de cambio abiertas por el gobierno el dólar se vende y compra a 21 pesos cubanos.
En 1998 se destinarán 1.910 millones de pesos para estos gastos que, de no cambiar la legislación vigente, deberán alcanzar en el 2010 los 3.500 millones de pesos, de acuerdo con Raimundo Díaz, experto en economía de la revista Bohemia.
Este aumento parece estar determinado, además, por el crecimiento previsto en este país de casi 12 millones de habitantes de la población de ancianos y la sobrevivencia elevada de jubilados y pensionistas.
Como consecuencia del descenso de la fecundidad y la mortalidad y del aumento a 75 años de la expectativa de vida al nacer, en el 2015 habrá en Cuba 2,1 millones de personas de más de 60 años.
La cantidad de pensionistas creció de 1,13 millones en 1990 a 1,35 millones en 1995. En promedio, perciben poco más de 94 pesos, o unos cuatro dólares, de acuerdo con la cotización de las casas de cambio del gobierno.
Aunque esta cifra es baja en relación con el alza del costo de la vida en la última década, sigue siendo una opción para la mayoría de las personas que solicitan su pensión a los 60 años en el caso de los hombres y a los 55, en las mujeres.
A ello se sumaron en los últimos cinco años unas 120.000 personas jubiladas por invalidez total, de las cuales cerca de 40.000 eran hombres menores de 55 años y mujeres de menos de 50.
Las autoridades emprendieron, con el fin de reducir ese incremento, una campaña para disminuir el fraude, reducir los certificados médicos e impedir las violaciones en los reglamentos de invalidez o parcial total.
Especialistas aseguran que la seguridad social es la fuente de ingresos de la población procedentes del Estado más importante después de los salarios.
Su fuente de financiamiento fundamental es el empleador (las empresas estatales), que deben contribuir con 14 por ciento del importe de salarios a la seguridad social.
Esto diferencia el sistema de seguridad social cubano del de otros países, que, en general, dependen de tres fuentes: el empleado, el empleador y el presupuesto del Estado.
Pero entre las consecuencias directas de la crisis económica figura la incapacidad de muchas empresas de cumplir con estos compromisos, salvados entonces por el presupuesto estatal para evitar atrasos en el pago de las pensiones.
Muchos cubanos imaginan que no se verán libres del impacto del proceso de reformas económicas que vive el país en los últimos cuatro años, que incluye un programa denominado "de perfeccionamiento empresarial" dirigido a las compañías públicas.
"El impuesto sobre el salario y la contribución a la seguridad social solo se aplicarán en la medida en que el perfeccionamiento empresarial se extienda a las más de 2.000 empresas previstas", dijo el presidente Fidel Castro.
Castro aseguró que este programa de perfeccionamiento empresarial incluye una mejoría de los salarios, quizás uno de los puntos neurálgicos de la economía cubana de hoy.
Otra propuestas es la sustitución de la venta subsidiada de alimentos a través de la cartilla de racionamiento por un sistema que favorezca a manera de asistencia social solo a los grupos de bajos ingresos.
Por último, el envejecimiento de la población parece convertir en imprescindible para cualquier reforma de la legislación vigente una postergación de la edad de retiro. (FIN/IPS/da/mj/pr/98
