El gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) tuvo hoy un inusual gesto de apertura informativa al publicar en su órgano oficial los detalles de un juicio celebrado el viernes contra un disidente.
Granma, único diario que circula en la isla, reprodujo una nota de la agencia cubana Prensa Latina sobre la condena de Reynaldo Alfaro García a tres años de prisión por el delito de difusión de noticias falsas contra la paz internacional.
El gesto llama la atención en un país donde hasta hace poco tiempo las autoridades evitaban reconocer la existencia de presos políticos o de una oposición interna al PCC, por muy pequeña que fuera.
Al mismo tiempo, la prensa monopolizada por el Estado mantiene silencio sobre una pequeña demostración antigubernamental ocurrida el viernes al final del juicio contra Alfaro.
Varias decenas de personas, fundamentalmente familiares del detenido y disidentes, gritaron "libertad" y "Abajo Fidel" (el presidente Fidel Castro), frente a la puerta trasera del Tribunal Provincial de la capital de Cuba.
Alfaro, que fue juzgado en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado de dicho tribunal, fue sacado por las autoridades por el fondo con el fin de evitar a periodistas extranjeros, diplomáticos y personas reunidas frente al edificio.
La manifestación se diluyó sin mayores consecuencias cuando un grupo mayor de personas apareció en el lugar coreando "Viva Fidel".
Según Granma, la fiscal Edelmira Pedriz aseguró que Alfaro no se encontraba enjuiciado por su posición política o porque tuviera pensamientos diferentes a la gran mayoría del pueblo cubano.
Pedriz modificó su pedido inicial de 12 años de prisión por los delitos de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas, pero mantuvo la segunda acusación alegando total falsedad de las informaciones transmitidas por Alfaro.
Alfaro reportaba vía telefónica para la emisora anticastrista Radio Martí, que transmite desde Estados Unidos hacia Cuba, informes que intentaron desprestigiar y difamar al Estado cubano, según la fiscalía.
Las acciones del disidente, vicepresidente de la ilegal Asociación de Lucha contra la Injusticia, habrían atentado contra la seguridad interna y perturbado la paz internacional al facilitar acciones externas contra Cuba.
Entre los testigos presentados por el ministerio fiscal figuró Mercedes Mijares, una mujer que según Alfaro estuvo en una cárcel de Guantánamo, 971 kilómetros al este de La Habana, y fue sometida a golpizas y otras torturas por las autoridades de esa dependencia.
Mijares aseguró al tribunal que jamás había estado detenida o recluida en una institución penitenciaria y que nunca había visitado esa zona del país.
Otra de las informaciones de Alfaro denunciaba la desaparición de Camilo Reina, suboficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), como represalia por su oposición al gobierno de Castro y a sus expresiones contrarevolucionarias.
La noticia fue desmentida por la madre del militar, Cándida Esther Gutiérrez, quien atribuyó el fallecimiento de su hijo a un accidente automovilístico.
Gutiérrez dijo también que elementos contrarrevolucionarios pretendieron que ella pidiera una indemnización por la muerte de Reina a las autoridades, independientemente de la asistencia de la seguridad social a su viuda.
De acuerdo con la versión oficial del juicio, al que no tuvo acceso la prensa, Alfaro alegó en sus descargos que había confiado en sus fuentes y admitió que realizaba regularmente el envío de ese tipo de noticias a Radio Martí.
Fue en la alegada ignorancia por parte del acusado de la falsedad de las noticias que enviaba telefónicamente a Estados Unidos, que basó su defensa el abogado José Angel Izquierdo.
De acuerdo con las leyes cubanas, el acusado tiene el derecho a imponer, en los primeros 10 días después de la vista oral, recurso de casación contra determinación judicial, en este caso ante el Tribunal Supremo.
Alfaro, tan desconocido en Cuba como la mayoría de los opositores que actúan desde la ilegalidad, figura en una lista de "prisioneros de conciencia" divulgada por Amnistía Internacional.
La organización de defensa de los derechos humanos estimó que en Cuba hay al menos 100 prisioneros de conciencia condenados por el intento de ejercer el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
El nombre de Alfaro estaba incluido en la lista de solicitud de clemencia entregada por el papa Juan Pablo II durante su visita a Cuba, en enero, pero no figuró entre los liberados en respuesta a ese pedido.
Una lista publicada por la ilegal pero tolerada Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional incluye los nombres de unas 380 personas presas por motivos políticos o sociales, de unos 1.000 que la oposición tenía confirmados hace dos años.
La Constitución de la República de Cuba prohíbe cualquier oposición política al Partido Comunista, considerado la guía de la sociedad cubana, y cualquer acción que vaya en contra de la estabilidad del régimen socialista. (FIN/IPS/da/ml/ip-cr/98
