COSTA RICA: Tratado con Colombia ahondaría crisis con Nicaragua

La crisis diplomática entre Costa Rica y Nicaragua puede agudizarse si el parlamento costarricense ratifica un tratado de límites marítimos con Colombia que reconoce a ese país soberanía sobre un archipiélago reclamado por los nicaragüenses.

La aprobación de ese tratado sería visto como una afrenta por Nicaragua, porque Costa Rica, su vecino más cercano y socio en el proceso de integración, estaría reconociéndole a Colombia la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, que Managua reivindica como propio.

La cancillería costarricense había decidido hace dos años que no pondría ese tratado a consideración del Congreso, a la espera de una solución al litigio por las islas San Andrés y Providencia y los cayos Quitasueño y Roncador.

"Lo que temo es que se aproveche esta coyuntura de la crisis con Nicaragua para aprobar un tratado que no favorece al país", dijo a IPS Freddy Pacheco, biólogo que ha estudiado el conflicto durante 20 años.

El tratado fue enviado a la Asamblea Legislativa por la presidencia de Costa Rica el 30 de julio. Mientras tanto, las autoridades de Defensa y Seguridad Pública de Nicaragua y Costa Rica negociaban en Managua un arreglo al conflicto por la navegación en el limítrofe río San Juan.

El acuerdo se firmó en Managua ese mismo día, pero fue anulado este miércoles 12 por el gobierno de Arnoldo Alemán, argumentando que no tenía ninguna base jurídica.

Mientras, en un intento por evitar temores de inversionistas y de la población en torno a un hipotético conflicto armado con Nicaragua, el presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, indicó que este paìs está en paz y seguirá en paz.

En un discurso transmitido por radio y televisión la noche del jueves, Rodríguez dijo que su gobierno defenderá firmemente los derechos de Costa Rica, pero lo hará por "las únicas vías que conocemos los costarricenses: el diálogo y los instrumentos legales".

El gobierno de Nicaragua pretendió en las últimas semanas limitar "nuestros derechos a la libre navegación por el río San Juan, impidiendo que nuestros policías puedan abastecer los puestos de vigilancia", dijo Rodríguez, en el poder desde el 8 de mayo.

"Respetamos los derechos de Nicaragua sobre el río San Juan, sabemos que a ellos pertenece y respetamos su soberanía, pero también exigimos que se respeten nuestros derechos, reconocidos ampliamente por el derecho internacional", agregó.

El conflicto comenzó el 17 de julio, cuando Nicaragua impidió el tránsito de policías armados por el río y exigió que fueran desarmados o con un soldado nicaragüense en su bote.

El 30 de julio ambos países llegaron a un acuerdo mediante el cual los policías costarricenses llevarían sus armas de reglamento y, a cambio, deberían pedir permiso para hacer su recorrido, con una lancha nicaragüense de custodia.

El acuerdo fue ampliamente criticado por la prensa nicaragüense y por otros sectores políticos hasta su anulación por el gobierno de Alemán.

Costa Rica está abasteciendo por tierra a sus puestos de vigilancia ubicados en el margen del San Juan y decidió evitar a toda costa un incidente fronterizo que pueda convertirse en la chispa que encienda el fuego.

El canciller Roberto Rojas indicó este jueves que la administración de Rodríguez lanzará una ofensiva por toda América Latina para informar sobre el problema y buscar apoyo internacional.

El gobierno de Rodríguez ha bajado el tono del conflicto temeroso de que perjudique la imagen de Costa Rica y aleje la inversión extranjera, que en este país ronda los 600 millones de dólares anuales.

El embajador de Costa Rica en Managua, Edgar Ugalde, dijo que esta crisis "le hace un daño terrible a la integración regional, porque las columnas principales de estos procesos son la confianza y la solidaridad", que se pierden en estas circunstancias.

Además, indicó, hay que pensar en "cómo nos ven otros países", en especial los europeos.

Rojas reiteró el interés de Costa Rica en acudir a un arbitraje internacional, que Nicaragua rechaza. En tal circunstancia, si no se produce una solución diplomática, San José acudiría a una corte internacional. (FIN/IPS/mso/mj/ip/98

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