Los sindicatos de Colombia consideraron hoy positivas las primeras medidas de ajuste tomadas por el nuevo gobierno para reducir el déficit fiscal, pero pidieron que no se les obligue a "pagar los platos rotos".
El gobierno de Andrés Pastrana, que asumió el viernes, aprobó este martes en su primera sesión del Consejo de Ministros una reducción de 1.000 millones de dólares (0,5 por ciento del producto interno bruto) en sus gastos de funcionamiento e inversión.
El secretario general de la mayoritaria Confederación General de Trabajadores de Colombia (CTC), Luis Morantes, afirmó que la austeridad en el gasto público "es importante, pero los trabajadores no la deben pagar con el deterioro de sus salarios".
Morantes dijo que el incremento salarial de 14 por ciento ofrecido por el gobierno a los trabajadores estatales, cuando se prevé una inflación superior a 16 por ciento, es "inaceptable", pues la mayoría de los 800.000 funcionarios reciben el salario mínimo, que asciende a unos 150 dólares mensuales.
"Parece que el gobierno quiere solucionar la crisis fiscal de la nación con el sacrificio de los trabajadores. Es insólito que el gobierno proponga un reajuste de 14 por ciento para 1999 cuando el índice de inflación ya se acerca a 15 por ciento", dijo Morantes a IPS.
El ministro de Hacienda, Juan Restrepo, afirmó que, "aunque no se ha establecido cuáles serán las áreas más afectadas" por el ajuste fiscal, "la intención del gobierno es no involucrar los gastos sociales ni los de defensa".
El funcionario aclaró que este recorte es el primero de tres que integran el plan de ajuste fiscal que el gobierno implementará para afrontar el déficit de cerca de cinco por ciento del producto interno bruto que dejó el gobierno de Ernesto Samper.
Restrepo explicó que la decisión se adoptó para "que el Estado pueda cumplir en el segundo semestre de este año" con el pago de salarios y contratos.
El ajuste implicará un plan de austeridad en las entidades estatales, la reducción de los viáticos a funcionarios y el conngelammiento de gastos de publicidad.
Restrepo anunció que la segunda parte del ajuste será adoptada el año entrante, cuando se presentará al Congreso legislativo una reforma tributaria que reducirá de 16 a 12 por ciento el impuesto al consumo pero ampliará la base tributaria a productos que aún no están sujetos a este gravamen.
Las medidas buscan proveer al estado de recursos por 2.500 millones de dólares, lo que se reduciría el déficit fiscal en dos puntos porcentuales en 1999.
Restrepo pidió a los trabajadores estatales que tengan "fe en el gobierno" y que también hagan un sacrificio aceptando la propuesta salarial de 14 por ciento "porque no hay más recursos para pagar un salario mayor".
Los funcionarios que tienen ya salarios altos recibirían un aumento menor del 14 por ciento y los de menos ingresos recibirían un reajuste superior.
El anuncio fue calificado de "preocupante" por Wilson Borja, presidente de la Federación de Trabajadores estatales (Fenaltrase), para quien "la propuesta es inaceptable".
Borja recordó que los salarios estatales vienen reduciéndose desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994) en base al mismo argumento de la reducción del déficit fiscal, que en lugar de bajar aumenta.
"Esto nos demuestra que el problema no está en los salarios de los trabajadores" sino en problemas estructurales, afirmó el sindicalista.
El gobierno de Samper anunció en 1997 un incremento salarial para funcionarios estatales de 13 por ciento cuando se proyectaba un incremento de la inflación cercana a 18 por ciento, lo que originó una huelga total del sector público que fue apoyada por las tres centrales obreras del país.
Borja anunció que éste miércoles se reunirá con dirigentes de la Unión Sindical Obrera y otras organizaciones en procura de un consenso y de plantear un rechazo oficial a la propuesta del gobierno.
El inconformismo sindical se manifiesta en momentos en que el nuevo ministro de Trabajo, Hernando Yepes, afirmaba que el gobierno prepara un pacto social "de precios y salarios".
El pacto tendría la finalidad de establecer mecanismos "idóneos para que el gobierno, empresarios y trabajadores definan puntos de acercamiento" para garantizar "un desarrollo económico y social más armónico". (FIN/IPS/yf/mj/if lb/98
