Muchos periodistas de Colombia recordaron el martes el informe, inédito, que Amparo Jiménez elaboró en 1996 sobre campesinos desplazados por la violencia. Ese martes, un desconocido la asesinó de un disparo en la cabeza con una pistola de nueve milímetros.
Con aquel informe "empezaron las amenazas", dicen sus compañeros en Valledupar, capital del norteño departamento del Cesar, en la zona Caribe, donde Jiménez, de 37 años, dirigía hacía dos meses la oficina regional de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz).
"Cuídate que te vamos a joder", le dijo al teléfono una voz anónima, el 6 de enero, cuando Jiménez ejercía la corresponsalía del telenoticero En Vivo, que se emite desde Bogotá para todo este país.
Era la misma lacónica frase con la que en 1996 se le advirtió el precio que tendría su informe sobre los campesinos desplazados por grupos paramiliatres de la hacienda Bellacruz, en el municipio de Pelaya.
El caso del establecimiento Bellacruz, propiedad de la familia del ex embajador ante la Comunidad Europea Carlos Arturo Marulanda, fue llevado a los estrados judiciales tras el éxodo de decenas de labriegos y sus familias hasta Bogotá.
El informe de Jiménez sobre los desterrados de Bellacruz nunca se emitió por el noticiero QAP, para el que entonces trabajaba, porque un grupo armado interceptó al equipo periodístico, confiscó la cámara y silenció los testimonios de los desplazados por la violencia de los terrateniente.
A partir de entonces vinieron las amenazas. "Por eso le pedí que se retirara de ese trabajo. No entiendo porque la mataron si buscaba la paz", dice, compungida, Isolina Payeres, la madre de Jiménez.
Ni Payeres, ni Gustavo Cuello, viudo de Jiménez y también periodista, se resignan a la muerte de esa mujer fogosa, valiente, que hacía planes para tener casa propia y estaba feliz porque su hijo Gustavo José era el mejor alumno de la clase.
La mataron temprano, a las 6.15 de la mañana, cuando regresaba de dejar al niño en el colegio. Ella es ahora la periodista número 148 asesinada en Colombia en los últimos 20 años y la séptima en lo que va de 1998.
Su jornada y su vida quedaron truncas ahora que alentaba muchos proyectos como coordinadora de Redepaz, un grupo de organizaciones no gubernamentales, por el cambio de signo en la política y los anuncios de negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y la insurgencia.
Las Autodefensas Campesinas del César, grupos armados que en ese departamento tienen un protagonismo parejo con el de las guerrillas de izquierda, desmintieron la autoría del crimen que en voz baja se les atribuye.
"Nuestro compromiso ante el pueblo vallenato (gentilicio de los de Valledupar) es contribuir con el esclarecimiento de este lamentable hecho", afirma el grupo armado en un comunicado en el que descalifica las acusaciones en su contra, emitidas, dicen, "apresuradamente y sin elementos de juicio".
"Venga de donde hubiere venido, el asesinato de Amparo Jiménez es un crimen cobarde. Hago un llamado para que todos los colombianos porten el lacito verde", declaró Ana Teresa Bernal, coordinadora nacional de Redepaz.
Bernal se refería a la cinta verde que simboliza el Mandato por la Paz, convocatoria auspiciada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que en 1997 obtuvo 10 millones de votos a favor del cese del conflicto armado y la aplicación del derecho internacional humanitario.
"Exigimos a todos los actores armados el respeto a la vida e integridad física de la población civil", señala el pronunciamiento de la Asamblea por la Paz, organismo que preside el obispo católico Alberto Giraldo y en el que confluyen diversas organizaciones.
En la trágica lista de periodistas asesinados en Colombia, este año, Jiménez fue antecedida por Oscar García, Didier Aristizábal, José Abel Salazar, Jorge Boada, Nelson Carvajal y Bernabé Cortés.
La impunidad es el signo común para los casos de periodistas asesinados en Colombia, afirmó a IPS Ignacio Gómez, directivo de la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLP).
Gómez dijo que "en los casos en los que el periodista murió en cumplimiento del deber, ejerciendo el oficio, la impunidad es total". Algunos casos de periodistas muertos violentamente por hechos diferentes al ejercicio profesional se han esclarecido, añadió.
El directivo de FLP consideró "semiimpune" el asesinato de Guillermo Cano, director del diario El Espectador, de Bogotá, ocurrido en 1986 y atribuido al narcotráfico.
Pronto hubo señales de repudio nacional e internacional al crimen de la periodista. En un comunicado emitido en París, Reporteros Sin Fronteras (RSF) reiteró que Colombia es el país del mundo en el que el ejercicio del periodismo conlleva mayores riesgos.
RSF informó en su reporte anual, difundido en abril, que seis de cada 13 periodistas asesinados en América Latina eran colombianos.
"Dadas las amenazas de muerte contra Jiménez, tememos que fue asesinada por su trabajo", afirmó en un comunicado el Comité de Protección para los Periodistas, con sede en Nueva York.
Danilo Arbilla, de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, pidió en una carta al presidente Pastrana el esclarecimiento del crimen para que no quede en la impunidad.
El despliegue y el tono de las reseñas del crimen de Amparo Jiménez en los medios escritos locales podría ser un síntoma de voluntad de sacudirse el acostumbramiento a la violencia cotidiana.
La intención de los periodistas parece ser tomar distancia del manejo de la principal "materia prima" de la información nacional, según Javier Darío Restrepo, defensor del lector del diario El Tiempo, de Bogotá.
En el caso de los telenoticeros, esa actitud denota falta de contexto y una pasividad "cercana a la complicidad", agregó Restrepo.
"El miedo, los prejuicios, resultados todos ellos de una información incompleta, la intolerancia, ese desconocimiento del otro, constriñen la libertad individual y social (…) (e impiden) la lucidez del perdón y de la reconciliación", afirmó el periodista.
Rafel Santos, subdirector de El Tiempo, el más influyente de este país, afirmó en un Congreso Latinoameriano de Bioética que los medios de Colombia deben comstruir un proyecto democratizador.
"Cada vez que haya un magnicidio debemos tomarnos las calles, protestar, anteponerles a los violentos una masa crítica de ciudadanos cuyo mensaje sea contundente, demoledor, a prueba de balas", concluyó. (FIN/IPS/mig/mj/hd/98
