Con un tono entre la súplica y el resentimiento, Arnulfo pide solidaridad argumentando su condición de desplazado en Colombia. Ilustra su reclamo con una foto de familia, publicada en un diario de provincia, que guarda entre plásticos "porque aquí en Bogotá llueve mucho".
Arnulfo, empieza a ser habitual de cafetines del centro de la capital colombiana. A veces se para a la salida de los supermercados y cuando encuentra a alguien a quien contarle su historia, logra unos pesos o algo de comer para llevar a la casa.
"Esta foto nos la tomaron el año pasado cuando nos tocó salir de Huila, que es tierra caliente. La situación era irresistible por los hostigamientos de todo lado", comenta, refiriéndose a la guerrilla, los grupos paramilitares y hasta el Ejército.
Este campesino que añora regresar a cultivar la tierra en su región, en el sudeste del país, recuerda que con su esposa y sus dos hijos lo dejaron todo, "que era casi nada".
"Primero, llegamos a Neiva (la capital del departamento del Huila)", dice. La fotografía es de esa época.
Casos como el de Arnulfo son parte de la cotidianidad social y política en Colombia, país que ocupa el quinto lugar en el mundo en este fenómeno, según datos de Francis Deng, representante del secretario general de las Naciones Unidas para el Desplazamiento Interno.
Se calcula que entre 1985 y 1997, 1,2 millones de personas huyeron de sus casas y parcelas campesinas a causa de amenazas y masacres selectivas atribuidas a todos los actores del conflicto armado, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
"En 1997, la situación fue especialmente dramática. Se estima que cada hora seis hogares fueron desplazados en cumplimiento de una estrategia político militar que en algunos casos estuvo ligada a fuerte interés económico y que se sustentó en el terror y la violencia indiscriminada contra la población civil", afirma Jorge Rojas, de CODHES.
Sólo en la última semana de julio llegaron a Bogotá cinco grupos de desplazados por la violencia. Algunos protagonizaron tomas forzadas, como la del seminario de los monjes Claretianos, en el sur de la ciudad, exigiendo relocalización y garantías.
A esta población que cada día engrosa los cordones de miseria en los centros urbanos, exacerbando la crisis social, es que el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (Echo), enfoca su Plan de Acción Global para Colombia, que en 1998 cumple su segunda fase.
En 1997, Echo destinó unos 5,5 millones de dólares y cubrió a 60.000 personas. Para este año la inversión se incrementó a unos 7,3 millones y se espera una cobertura de 160.000 desplazados, víctimas del conflicto armado.
El plan se inició en mayo y está previsto para meses meses y la gestión se realiza por medio de 14 organizaciones no gubernamentales (ONG), que a su vez enlazan con entidades afines locales, buscando coincidencias en sus perfiles y experiencia.
Entre las ONG vinculadas están el Movimiento por la Paz, la Democracia y la Libertad, las secciones española y francesa de la Cruz Roja, las británicas Save the Children Foundation y Oxfam, la danesa Diakonia, Navarra Nuevo Futuro, Médicos sin Fronteras y Paz y Tercer Mundo de España, y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, de Italia.
"Las ayudas europeas cubrirán no solamente las zonas de expulsión y de recepción de la población desplazada sino que además asistirán el regreso de las familias afectadas a sus lugares de origen", explicó Jaime Cabanillas y Junquera, jefe de la delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador.
En coincidencia con los diagnósticos recientes que desde el Estado y las ONG se han hecho, Echo da prioridad a la atención en la primera zona de recepción, inmediatramente ocurrida la movilización forzada.
El propósito es mitigar, lo más pronto posible, el impacto psicológico por el desarraigo y la situación económica, tendiendo a crear condiciones que, en un futuro, hagan más factible el regreso de las familias a sus localidades de origen.
Otra de las estrategias de Echo apunta a la atención de familias ya desarraigadas de su terruño, asentadas en grandes ciudades como Bogotá, Medellín en el noroeste, y las de la norteña región caribe de Barranquilla, Cartagena, Montería y Sincelejo.
Para este grupo de desplazados la atención se focaliza en suministro de alberges provisionales, alimentos, salud, atención psicológica y capacitación en oficios que les permitan una inserción social y económica inmediata y una base para el proyectado retorno.
Además de la región norte, sobre el Caribe, el plan de la ayuda humanitaria europea abarca los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el centro y noreste, Antioquia, en el noroeste, Tolima, en el sudeste, y Meta, en el este.
La tercera gran estrategia de Echo es la difusión de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que según el delegado Cavanillas y Junquera "puede tener un imponente efecto disuasorio en el conflicto interno".
Como un complemento del plan integral y, en particular de la difusión del DIH, está la asistencia psicológica a las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más preocupantes, cuyas secuelas afectan a varias generaciones.
Medio millón de niños colombianos están en la franja de lo que se ha dado en llamar "la generación incierta", víctimas de movilizaciones forzadas, la mayoría huérfanos
La psicóloga Berta Lucía Castaño, dice que ellos deben ser los primeros en recibir apoyo. "Si no trabajamos con estos niños vamos a tener varias generaciones de hombres y mujeres profundamente traumatizados, violentos (…) con tremendos problemas de identidad y sin sentido de pertenencia", afirmó.
De los desplazamientos forzados durante 1997, el 28 por ciento fueron éxodos en masa, indicativo del terror que los grupos armados en conflicto siembran en vastas zonas del territorio.
El cruce de información de distintas fuentes estatales y no gubernamentales indica que el año anterior las acciones de terror de los grupos paramilitares fueron las principales causantes de desplazamientos, con 9.885 víctimas.
Acciones combinadas por la disputa del predominio territorial entre paramilitares y guerrilla, obligaron al éxodo de otras 2.653 personas, seguidas por presiones de Ejército y paramiliatres (1.300), y de enfrentamientos entre Ejército y guerrilla (950).
Este dramático panorama condujo al historiador francés Pierre Gilhodes a afirmar: "tal vez la mejor paz (para Colombia) sea permitir que se haga. Tal vez simplemente sea que cuando un campesino vea hombres en armas sobre el filo próximo no empiece a temer por su mujer y por sus hijas". (FIN/IPS/mig/ag/ip-hd/98
